martes, agosto 08, 2006

Exigen a entidades garantizar el secreto profesional de periodistas

La Jornada
Lunes 7 de agosto de 2006
ELIZABETH VELASCO C.


Para proteger el secreto profesional en la actividad periodística, el grupo de trabajo que da seguimiento a las agresiones contra informadores y medios de comunicación solicitó a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal integrar en los códigos penales locales las recientes reformas a la legislación federal en la materia.
En un punto de acuerdo, la diputada del PRD Beatriz Mojica Morga señaló que el derecho a la información constituye un elemento primordial para consolidar la libertad de expresión y avalar de manera efectiva un verdadero estado de derecho.
Las modificaciones recientes a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales salvaguardan el secreto profesional y la reserva de las fuentes información de los periodistas, y en caso de que las autoridades violen dicha reserva serán sujetas a sanciones penales y administrativas. "Es necesario que las legislaciones estatales incorporen las modificaciones que se aprobaron en el Congreso de la Unión, pues sólo de esta manera se podrá refrendar la protección legal de las fuentes periodísticas", señaló la legisladora.
Exhorto a la SCJN Mojica exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar de forma expedita sobre los resultados de la comisión especial sobre el caso Lydia Cacho, y exigió incorporar a la investigación la denuncia interpuesta contra la comunicadora por la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villena Martínez.
Después de ser detenida por el presunto delito de difamación en diciembre pasado, Lydia Cacho interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra varios funcionarios de Puebla por abuso de autoridad, usurpación de funciones y cohecho.
A raíz de esa acusación, "el pasado 28 de julio la procuradora Villena Martínez denunció ante la
PGR a la periodista y a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, por probable tráfico de influencias y diversos delitos contra la administración de justicia", explicó la legisladora.
La diputada perredista indicó que esa acusación busca afectar la imagen de la defensora de los derechos humanos y pone de manifiesto los "intereses" de algunos funcionarios de la entidad para entorpecer la investigación en contra del presunto pederasta Jean Succar Kuri.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, donde enfrentó una demanda por difamación y calumnias, debido a su libro Los demonios del edén, en la que hace referencia al empresario José Kamel Nacif Borge. fd

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