DOS AÑOS DE IMPUNIDAD EN MÉXICO: RSF

ASESINATO DEL EDITORIALISTA FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
21 de junio de 2006

Dos años después del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, editorialista y cofundador del semanario Zeta, ocurrido el 22 de junio de 2004 en Tijuana (Noroeste), Reporteros sin Fronteras constata con indignación que no se ha hecho justicia, a pesar de la detención de varios secuaces.

"Desgraciadamente, el asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco y los errores de la investigación subsiguiente, son representativos de la impunidad que rodea los ataques a la prensa en México, convertido en 2005 en el país más peligroso del continente americano para los periodistas. En dos años, ningún procedimiento ha llegado realmente a conclusiones, ni se ha celebrado ningún juicio.

¿Hay que resignarse a que este caso quede clasificado para siempre? De nuevo pedimos a la fiscalía especial, creada el 15 de febrero de 2006, que retome la investigación desde el principio y que para ello disponga de todos los medios necesarios, entre otros de una modificación de sus prerrogativas que amplíe el campo de sus investigaciones a los terrenos del narcotráfico y el crimen organizado", ha declarado Reporteros sin Fronteras.

Francisco Javier Ortiz Franco, miembro fundador del semanario Zeta en 1980, fue asesinado de cuatro disparos en pleno día, por dos individuos enmascarados y ante los ojos de sus hijos, que entonces tenían 8 y 10 años, el 22 de junio de 2004, en la capital del Estado de Baja California, villa fronteriza y plataforma del tráfico de droga hacia Estados Unidos. Tenía 48 años. Había dedicado varias investigaciones a algunos asuntos de narcotráfico y corrupción local.

Ese atentado fue el tercero dirigido contra Zeta, después del que costó la vida al periodista Héctor Félix Miranda, el 20 de abril de 1988, y el que fracasó contra el director del semanario, Jesús Blancornelas, el 27 de noviembre de 1997.

Después de investigar la muerte de su cofundador durante un mes, el semanario publicó en julio de 2004 una lista de personas sospechosas de implicación en el asesinato. Zeta señaló como autores intelectuales del asesinato a Jorge Hank Rhon, futuro alcalde de Tijuana, Arturo Villareal, apodado "El Nalgón", y Eduardo Ronquillo, apodado "El Niño", los dos últimos miembros del cartel de la droga de los hermanos Arellano Félix (también conocido como "cartel de Tijuana").

Como autores materiales del crimen, se había citado a Heriberto Lazcano, apodado "El Lazca", miembro del grupo paramilitar "Los Zetas", al secuaz Armando Gálvez Flores y de nuevo a Eduardo Ronquillo. En sus conclusiones, la investigación de Zeta recuperaba la que había llevado a cabo la fiscalía general de Baja California. Sin embargo, no se inculpó a ningún sospechoso.El 18 de agosto de 2004 la justicia local envió la investigación a la justicia federal, encargada de luchar contra el crimen organizado.

Esta última imputó rápidamente el asesinato al clan de los Arellano Félix, aunque descartando la implicación directa de Jorge Hank Rhon, quien se había convertido en alcalde el 1 de agosto de 2004.Un año después, el 4 de agosto de 2005, Ray de Billar, alias "El Rey", que había sido secuaz de una célula del cartel de Tijuana, dirigido por Arturo Villareal, fue detenido con otros siete traficantes. El joven confesó enseguida su participación en el asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco. La redacción de Zeta puso en duda esa hipótesis, decantándose por la del paramilitar "El Lazca", como autor directo del crimen.

El 3 de mayo de 2006, el Ministerio de Justicia hizo saber, sin más precisiones, que se había detenidas a tres personas en el marco del caso; una por haber proporcionado el vehículo que utilizó el asesino, y las otras dos como sospechosas de haber dispuesto de información sobre la planificación del asesinato. El ministerio adelantó también que probablemente el asesino había sido ejecutado por algunos miembros del clan de Tijuana, directamente implicado.

Desde 2000, en México han matado a dieciséis periodistas en el marco de sus funciones. La mayoría de ellos investigaban casos de tráfico o narcotráfico. Nunca se ha detenido, ni juzgado, a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes. Curiosamente, la fiscalía especializada en ataques a la prensa, creada el 15 de febrero de 2006, no puede intervenir si los casos se refieren al crimen organizado.

Benoît Hervieu
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