Sin justificación alguna, como un simple acto de autoridad, el gobierno de Felipe Calderón emitió la orden de suspender los anuncios oficiales en las revistas de circulación nacional, como Proceso, a partir de octubre.
La decisión no ha sido comunicada oficialmente, y difícilmente lo será, debido a la discrecionalidad del Ejecutivo para disponer de los recursos federales en esta materia, pero directores de comunicación social del gobierno federal y de grupos editoriales lo dan como un hecho.
Una revisión de los números de varias revistas correspondientes a este mes muestra ya una sensible disminución de publicidad oficial respecto de septiembre, con lo que el bloqueo publicitario –del que este semanario es objeto desde el sexenio foxista– se convierte en una política de comunicación del gobierno de Calderón.
La revista Etcétera, dedicada al análisis de medios, dio a conocer esa medida el 30 de septiembre. En una nota publicada en su portal de internet, su director, Marco Levario, aseguró que la decisión fue tomada en Los Pinos:
“En octubre, el gobierno federal suspenderá el gasto en publicidad en todas las revistas del país. Y así, en esos términos y hasta nuevo aviso, fue la instrucción que recibieron los funcionarios de las dependencias desde la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República”.
Levario lo confirmó con los encargados de comunicación social de ocho secretarías de Estado. Este semanario hizo lo mismo con otros responsables de esas áreas y con directores de grupos editoriales que, a condición del anonimato, confirmaron que conocen esa decisión presidencial. También consultados, representantes del Grupo Editorial Expansión –que edita entre otras la revista Expansión, Quién y Chilango– prefirieron no hacer comentarios.
En su texto, Levario dice que los funcionarios a los que hizo preguntas al respecto le pidieron asimismo omitir su nombre. “Y nosotros –escribió– creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que al mismo tiempo es una denuncia”.
Asegura que “la Oficina de la Presidencia de la República” evitó dar sus razones o justificaciones, simplemente ordenó que no se contratara publicidad en las revistas y, en cambio, “continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.
Debido a la falta de reglas claras para asignar la publicidad oficial, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas de ley en la materia desde hace años, sólo en la Presidencia se sabe qué originó esta orden.
De mantenerse, el bloqueo amenaza la permanencia de algunos medios impresos cuya pauta publicitaria depende principalmente de los anuncios oficiales. Esta “decisión política tomada en sigilo, porque carece de bases intelectuales y éticas (...) representa el riesgo de la desaparición de proyectos editoriales de diversa índole que hay en el país. Entre éstos se encuentra, claro está, Etcétera”, admitió Levario.
Lo constató con la falta de anuncios para el número de octubre. En sus ediciones de agosto y septiembre, esa revista aún tuvo anuncios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
Medios impresos, en riesgo
La publicidad gubernamental también es una importante fuente de ingresos para Nexos y Letras Libres. En su número de septiembre, la primera facturó publicidad de Conaculta, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa (de la Secretaría de Desarrollo Social), Fondo de Cultura Económica (FCE), Secretaría de Gobernación (Segob), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En su edición de octubre, la revista dirigida por Héctor Aguilar Camín sólo tiene anuncios del Instituto Mexicano de la Radio (Imer, de la SEP) y el FCE.
Por su parte, Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, tuvo en su edición de septiembre publicidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Luz y Fuerza del Centro (LFC, de la Secretaría de Energía), Conaculta, Conacyt, FCE, Inmujeres, Pemex, Diconsa, Secretaría de Turismo (Sectur), Segob y el IPN. De aplicársele la orden de Los Pinos, en su edición de octubre –que está por circular– la revista sufrirá una significativa merma en sus ingresos.
Un caso similar es el de la revista aregional.com, de la consultoría del mismo nombre que tuvo entre sus fundadores al senador Manlio Fabio Beltrones. En su número de agosto tuvo anuncios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en septiembre, nada.
También resultará afectada Líderes, que en sus números de agosto y septiembre publicó anuncios de Sectur, IPN (SEP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEP, Segob y Conaculta.
Para revistas como Poder y Negocios, que se edita en Miami pero se publica en México mediante un convenio con Editorial Televisa, los ingresos por publicidad federal son mucho menores, aunque en su edición del 20 de septiembre ya no tiene ningún anuncio oficial.
Editorial Televisa ha sido, con todo, la mayor beneficiada por el gobierno de Calderón con publicidad. De acuerdo con información oficial obtenida por Etcétera a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la división editorial de la empresa de Emilio Azcárraga Jean recibió 31.5 millones de pesos entre el 2007 y marzo de este año por ese concepto.
Esos recursos se distribuyeron en revistas de Televisa como Cosmopolitan, Vanidades, TV y Novelas, Caras, Men´s Health, Maxim y Marie Claire.
En ese mismo periodo, quedó en segundo lugar de ingresos por publicidad oficial el Grupo Expansión, cuyas publicaciones (Chilango, Balance, Elle, Expansión, Quién y Quo, entre otras) facturaron 14.5 millones de pesos.
Le siguió Editorial Notmusa, con 13 millones de pesos para sus revistas TV Notas, Veintitantos, Mujer Nueva y H para Hombres. Después, con 10 millones, la revista Milenio Semanal.
Enseguida: Letras Libres, con 8.6 millones; Vértigo, de TV Azteca, 8.1 millones; Día Siete, 7.4 millones; Nexos, 4.8 millones; Este País, 3.8 millones; Etcétera 3.6 millones; Emeequis, 2.6 millones; Proceso, 1.2 millones; Zócalo, 938 mil pesos; Cuartoscuro, 420 mil pesos, y Revista Mexicana de Comunicación, 243 mil pesos.
Estas cantidades son mucho menores que las destinadas por el gobierno federal a los medios electrónicos. De acuerdo con los cálculos de Etcétera, las revistas sólo han recibido el 2.4% de la publicidad del gobierno en lo que va del sexenio de Calderón. La mayor tajada, 23.16% de ese gasto (que se tradujo en 2 mil 34 millones de pesos) fue para la televisión, principalmente Televisa y TV Azteca.
Un caso aparte es el de la revista bimestral Armas, dedicada a las actividades oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y, en menor medida, de la Secretaría de Marina. En su edición de septiembre y octubre tiene anuncios del Banco del Ejército (Banjercito), Conaculta y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Además, dedicó más de cien páginas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De aplicarse la disposición de Calderón, esa publicación sólo se quedaría con los anuncios de los proveedores de las Fuerzas Armadas.
En su texto del 30 de septiembre, Levario comparó también el 2.4% del gasto en revistas mexicanas con el 16.67% del monto total destinado este año por Calderón –equivalente a 3 mil 704 millones de pesos– para anunciarse en medios impresos y electrónicos internacionales.
Recomendaciones
En el caso de Proceso, el boicot publicitario comenzó en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, en represalia a la publicación de un reportaje de la periodista Olga Wornat sobre la nulidad del matrimonio religioso de Marta Sahagún, quien además emprendió una demanda civil por daño moral contra la revista y la escritora.
Los anuncios se redujeron paulatinamente (Proceso 1613), pero cuando Calderón llegó a la Presidencia, la publicidad oficial prácticamente desapareció de la revista, por lo que en abril pasado este medio interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que con el castigo publicitario, el gobierno federal viola los derechos fundamentales de los periodistas que integran este semanario.
En la queja señaló que la asignación discriminatoria de la publicidad “puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura” por la línea editorial crítica de la revista (Proceso 1697).
Como ejemplo, mencionó que durante 2008 esta revista sólo difundió 5.16 páginas de anuncios del gobierno federal, mientras que Vértigo obtuvo 166.4 páginas, Milenio Semanal 111.83 y Ememequis 75.5. Esto significa que el gobierno federal se anunció 32 veces más en la revista de TV Azteca que en Proceso, a pesar de que aquella tiene una circulación pagada de 4 mil 900 ejemplares, mientras que la de este semanario es de 74 mil 792.
De acuerdo con las cifras del padrón de medios de la Secretaría de Gobernación, Emeequis reporta una circulación de 11 mil 885 ejemplares y Milenio Semanal 36 mil 382.
Fue en mayo cuando la CNDH admitió la queja de Proceso, por lo que el gobierno de Calderón está obligado a argumentar el trato discriminatorio contra este medio. Una vez cancelada la publicidad para todas las revistas, puede señalar que se trata de una medida general y por lo tanto no va dirigida contra un medio en específico.
Pero no es el único caso de discrecionalidad por el que ha tenido que intervenir la CNDH. El pasado 4 de septiembre emitió la recomendación 57/2009 al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), Celso Rodríguez González, por actos violatorios de la libertad de expresión en agravio de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza.
La recomendación a la paraestatal se debió a la suspensión discrecional de la publicidad a la mencionada revista como consecuencia de la publicación de un reportaje sobre los contratos del fallecido Juan Camilo Mouriño con Pemex, y de una entrevista con el empresario del gas Jesús Zaragoza, quien declaró que financió la campaña presidencial de Calderón. En el caso del STJ, la CNDH pidió que se investigara a los responsables del acoso judicial contra los periodistas.
Además, el 29 de septiembre la CNDH estableció que el gobierno de Guanajuato, también panista, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos al suprimir y reducir de manera discrecional la publicidad oficial a los periódicos A.M. y Al Día de León.
En su recomendación 60/2009, dirigida al gobernador Juan Manuel Oliva, la CNDH le pidió que las dependencias a su cargo establezcan criterios claros y no discriminatorios para distribuir la publicidad oficial.
