Opacidad en el Acceso a la Información Pública en México, dicen desde Washington

Pese a Sólidas Leyes de Acceso a la Información, Instituciones Mexicanas Evaden Entrega de Datos

El Público No Tiene Acceso a las Declaraciones de Bienes de los Funcionarios; Significativos Obstáculos Impiden la Creación de Nuevos Medios de Comunicación

(Washington D.C.) – Pese a que México cuenta con sólidas leyes de acceso a la información, instituciones públicas de todas las ramas del gobierno mexicano continúan dificultándoles al público y a la prensa el acceso a la información pública, determinó un nuevo estudio sobre transparencia y rendición de cuentas alrededor del mundo.

El reporte, una investigación que incluyó 35 países, fue dado a conocer hoy por Global Integrity, una reconocida organización sin fines de lucro que se dedica a rastrear tendencias de gobernabilidad y corrupción globalmente.

El público no tiene acceso a las declaraciones de bienes de funcionarios de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, lo cual dificulta en extremo determinar si los funcionarios se encuentran en situaciones de conflicto de interés en el desempeño de sus labores oficiales.

Es ampliamente conocido que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, pero el presente estudio determinó que el país además impone obstáculos significativos a quienes intentan establecer un nuevo canal de televisión, entre ellos procedimientos y decisiones arbitrarias de parte de la agencia gubernamental encargada de aprobar las licencias. Los periodistas continúan enfrentando un ambiente peligroso, con numerosos casos de reporteros asesinados en el último año por carteles de narcotraficantes.

“Pese a ello, crecientemente se han dado algunas mejoras. Las organizaciones de la sociedad civil continúan jugando un activo rol fiscalizador, en algunos casos ejerciendo una influencia efectiva sobre la opinión pública y las políticas públicas”, dijo el director ejecutivo de Global Integrity, Nathaniel Heller.

En ese sentido, es resaltable una reciente enmienda a la ley de acceso a la información que exige a todas las entidades públicas estandarizar sus regulaciones y sistemas informáticos, de forma que los ciudadanos puedan tener acceso a los documentos desde cualquier parte del país.

El Reporte de Global Integrity 2009 cubre países desarrollados como Estados Unidos y Corea del Sur así como docenas de mercados emergentes y países en desarrollo, desde Azerbaiyán y China hasta Líbano y Vietnam. El estudio evalúa mecanismos de rendición de cuentas y medidas existentes o no en un país para garantizar transparencia y determinar en qué áreas es más factible que ocurra corrupción. En lugar de basarse en percepciones de corrupción, el reporte se basa en la evaluación de más de 300 indicadores de integridad o transparencia e incluye reportes periodísticos sobre el estado de la corrupción en cada país.

Otras conclusiones del estudio incluyen las siguientes:

• Estados Unidos: Administración Obama no avanza en temas anti-corrupción en su 1er año

Pese al compromiso retórico de la nueva Casa Blanca a favor de hacer reformas, poca evidencia sugiere que se hayan dado cambios concretos capaces de disminuir la corrupción en el nivel nacional en los próximos años. La reciente decisión de la Corte Suprema que favorece mayores niveles de gasto por parte de empresas y otras organizaciones posiblemente incrementará la influencia de los intereses especiales en el proceso electoral.

• China: Reformas empiezan a dares en la economía de mayor crecimiento en el mundo

China salió de la Lista de Observación de Corrupción Generalizada debido en parte a que el gobierno ahora aplica estándares internacionales de auditoría y fiscalización de las empresas estatales. “En el largo plazo, esto potencialmente le da al público una mayor oportunidad de entender la dinámica interna de las más grandes compañías estatales chinas”, dijo Heller.

• Asistencia internacional no necesariamente impulsa la aplicación de leyes anti-corrupción en países receptores

Entre todos los países cubiertos por el reporte, Uganda y Bosnia y Herzegovina muestran la mayor distancia entre lo que la ley establece por escrito y el tipo de aplicación que se da en la práctica. A la vez, ambos países son de los mayores receptores de ayuda económica internacional, lo cual da sustento a quienes argumentan que los líderes políticos de países dependientes de asistencia externa son hábiles en crear leyes e instituciones para cumplir con requisitos de los donantes internacionales, pero fallan en hacerlas funcionar de forma que beneficien a la ciudadanía.

“Los análisis de indicadores por país comprendidos en el reporte se basan en evidencia y ofrecen una de las más detalladas evaluaciones de mecanismos anti-corrupción disponibles en el mundo”, dijo Heller. “Las evaluaciones ofrecen a los encargados de políticas públicas, inversionistas y ciudadanos por igual información para entender los retos de gobernabilidad únicos para cada país y para tomar acción”, agregó.

El Reporte de Global Integrity es producto de meses de investigación de campo por parte de un equipo de más de 150 periodistas e investigadores, quienes elaboraron cerca de un millón de palabras de texto y más de 10.000 observaciones sobre sus respectivos países. El reporte de 2009 incluye:

Argelia
Armenia
Azerbaiyán
Bosnia y Herzegovina
Brasil
China
Colombia
Georgia
Alemania
Ghana
India
Indonesia
Jordania
Kenia
Kosovo
Líbano
Liberia
Macedonia
Malawi
México
Mongolia
Nepal
Nicaragua
Noruega
Ruanda
Serbia
Sierra Leona
Corea del Sur
Trinidad y Tobago
Uganda
Ucrania
Estados Unidos
Venezuela
Vietnam
Zimbabue

Para acceder a la versión completa del Reporte Global Integrity 2009, visite http://report.globalintegrity.org.

Global Integrity es una reconocida organización internacional sin fines de lucro dedicada a rastrear tendencias de gobernabilidad y corrupción en el mundo. Con una red de más de 900 investigadores y periodistas basados en decenas de países, la organización intenta dar forma e informar el debate sobre reformas de gobernabilidad y anti-corrupción, a través de profundas herramientas de diagnóstico en los niveles nacional, sub-nacional y sectorial. Dicha información es usada regularmente por donantes, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos para presionar por reformas en países desarrollados y en desarrollo. Para mayor información sobre la organización, visitehttp://www.globalintegrity.org.

Informe Cepet 2009: Estado de la libertad de expresión en México

Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro de Información México

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BOLETÍN DE PRENSA

EMBARGADO HASTA LAS 9:00 HRS. DEL LUNES 22 DE FEBRERO.

13 periodistas asesinados y 183 agredidos en 2009

México, 22 de febrero, 2010 (CEPET). Como parte de su informe 2009 sobre el estado de la libertad de expresión en México, el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados.

El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.

Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.

De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.

Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.

De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.

El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.

De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:

• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).

Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.

A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.

La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.

La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.

No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).

Contacto:

Gerardo Albarrán: Francisco Vidal:

044/045 55.40.08.06.89 044/045 55.21.88.40.23

Para mayor información favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.

CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.

La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antitéticas de medios o periodistas.

Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro de Información México

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Presentación del informe sobre la situación de la libertad de expresión 2009

Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística

Gerardo Albarrán de Alba *

La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envuelta directamente en ella. El resto de la sociedad intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso le pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos. Lo peor tal vez no sean los asesinatos cotidianos, las ejecuciones masivas, lo que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que las vidas perdidas en los últimos tres años se han convertido en cifras que ya no alarman. La violencia parece un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística. Una nota más de unos muertos más en una jornada sangrienta más. Eso ya ni siquiera es noticia, y menos si los muertos no son famosos o la masacre del día no es aderezada con una insolente declaración gubernamental.

El año pasado cerró con cifras alarmantes: un ejecutado cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. El gremio periodístico también pagó su cuota: el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados. El informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión en México: “Gobierno y narco: la lucha por impone la agenda periodística”, registra una realidad a la que ningún medio ni periodista escapa.

Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.

La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.

El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.

Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.

Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.

En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.

Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.

Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.

Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.

México, DF, 22 de febrero de 2009

* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org (http://www.saladeprensa.org)

Contacto:

Gerardo Albarrán Francisco Vidal

044/045 55.40.08.06.89 044/045 55.21.88.40.23

Para mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.

CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.

La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas.

cepet

TRES PERIODISTAS ASESINADOS EN ENERO

TRES PERIODISTAS ASESINADOS EN ENERO,

¿CUÁNTOS MÁS HABRÁ EN EL AÑO?

México, D. F., a 1 de febrero de 2010

Con la ejecución el viernes de Jorge Ochoa Martínez, director y editor de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa, en Guerrero, el gremio periodístico se enlutó por tercera ocasión en enero.

Los miembros el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión se preguntan: ¿Cuántos asesinatos de periodistas habrá en el año? Según las estadísticas, ¿si en enero sumaron tres crimenes, para diciembre es posible que la cifra supere los 36? ¿Y las autoridades dónde están?

La impunidad de los agresores es el motor que permite a los grupos de la delincuencia organizada continuar la agresión a periodistas, dado que las autoridades de los tres niveles de gobierno nada hacen por atraparlos.

Jorge Ochoa Martínez, quien también ocupó el cargo como director de comunicación social del gobierno municipal de Ayutla de los Libres, fue asesinado al salir de un restaurante ubicado a una calle del palacio municipal de aquella población de la Costa Chica de Guerrero.

En ese estado han sido asesinados en los últimos años Rafael Villafuerte Aguilar, director del periódico La Razón en 2003; Misael Tamayo, director de El Despertar de la Costa (Grande) en 2006; Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en 2007; Jean Paul Ibarra Ramírez fotógrafo de los diarios Correo y Diario 21 y Juan Daniel Martínez Gil en 2009, conductor de Radiorama.

Asimismo, se encuentra desaparecido desde 2004 Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político.

RELACIÓN DE COMUNICADORES ASESINADOS EN 2010

PERIODISTA	MEDIO	LUGAR	FECHA
Valentín Valdés Espinosa	Diario Zócalo de Saltillo	Saltillo, Coahuila	Enero 8
José Luis Romero	Línea Directa	Los Mochis, Sin.	Enero 12
Jorge Ochoa Martínez	El Oportuno y El Despertar de la Costa	Ayutla de los Libres	Enero 29

NOTA: José Luis Romero fue desaparecido el 30 de diciembre y su cuerpo apareció el 12 de enero, aunque al parecer su asesinato ocurrió el 31 de diciembre.

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CONTACTO: Renato Consuegra
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