Islotes de opacidad en México en cuando a laa transparencia

Islotes de opacidad

Editorial de EL UNIVERSAL

13 de junio de 2006

La plena vigencia de la Ley Federal de Acceso a la Información todavía es una meta inalcanzada después de tres años de que el ordenamiento fue promulgado. El sector financiero y Petróleos Mexicanos se distinguen por su resistencia a ventilar públicamente sus operaciones, pero no son los únicos.

Juan Pablo Guerrero Amparan, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, relató ayer de qué manera la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto para el Ahorro Bancario y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Banobras y Pemex niegan la información que les es requerida diciendo simplemente que no existe o que es confidencial, con lo que anulan la esencia de la cuestión, que es precisamente exhibir los datos. Incluso llegan a dificultar su entrega argumentando altos costos en su reproducción.

Otra forma de eludir la obligación de transparentar la función pública es modificar la reglamentación interna para ponerse fuera del alcance de la ley, como pasó recientemente en el Infonavit, donde se han dado escandalosos casos de corrupción presunta.

Y, en el colmo de esta situación esquizofrénica, Guerrero Amparan hace notar cómo el Ejecutivo envía una iniciativa de ley para dar categoría constitucional al acceso a la información oficial y en la misma se resguarda el conocimiento de los bienes inmobiliarios de los funcionarios, que obligadamente deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad, que así ya no será tan público.

Es decir, el loable esfuerzo del gobierno para transparentar su trabajo es obstruido por partes de la misma administración que no quieren que los ciudadanos conozcan de qué manera emplean los recursos públicos y otorgan las concesiones y contratos de obra o proveeduría, por citar algunas de las tareas más propicias para el tráfico de influencias y el florecimiento de los negocios al amparo del poder público.

La transparencia es exigible como derecho ciudadano, porque permite conocer en detalle el uso de los bienes públicos, de ahí podrían inhibirse actos de corrupción en la administración de nuestros recursos y, como consecuencia, encauzar las tareas oficiales en su correcto desempeño. Los islotes de opacidad, como Guerrero Amparan califica a las entidades reticentes al escrutinio ciudadano, deben ser sometidos, so pena de convertirse en continentes.

La bienvenida práctica de la transparencia, lograda parcialmente, es lastrada por su inexistencia nada menos que en los sectores financiero y energético, que son los que concentran y generan la totalidad y la mayor parte del ingreso público, respectivamente, porque uno de sus objetivos es cuidar que el erario se maneje con honestidad y rectitud.

Ocultar esta operación sólo puede significar que su conocimiento sería muy riesgoso para los funcionarios que se encargan de ella. No es posible hablar con rodeos en un caso de tanta importancia y gravedad como el que nos ocupa.

O la transparencia es pareja, o carece de sentido. Una función pública sin supervisión general, ayuna de controles legítimos, es una ficción que no tiene lugar en un país urgido de perfeccionar sus modos democráticos.

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