Cofetel, cuestionada

Editorial de EL UNIVERSAL
26 de junio de 2006

La propuesta presidencial para integrar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, cierra a la perfección el círculo con la inclusión de los senadores Ernesto Gil Elorduy, del PRI, y Héctor Osuna, del PAN. Secuela y premio para ellos por haber aprobado las modificaciones a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión.

Ambos legisladores tuvieron roles decisivos en la aprobación de las reformas, con Osuna como presidente de la Comisión de Comunicaciones. Otro de los propuestos es Eduardo Ruiz Vega, fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y consultor de las televisoras. El cuarto candidato es Gerardo González Abarca. El Congreso aceptó el 31 de mayo como miembro de la Cofetel a José Luis Peralta.

Uno de los aspectos de las reformas legales más severamente criticado es la asignación de atribuciones plenas en materia de radio y televisión a la Cofetel, que es un órgano fundamentalmente técnico, en tanto que se le reducen sus facultades en el campo de las telecomunicaciones, que ha registrado una expansión extraordinaria.

Es decir, el acento de las reformas relega las responsabilidades de la radio y la televisión en materia social, educativa y cultural, y cuida más las formalidades técnicas, en tanto que da manga ancha a las empresas de telefonía, servicios de transmisión de datos, voz e imagen, donde su papel se reduce a opinar. Por contraste, tiene autonomía suficiente para asignar concesiones, pero no está impedida de ser integrada por los mismos concesionarios o sus incondicionales.

La autonomía resulta cuestionable cuando los nombramientos emanan de la Presidencia de la República, aunque se requiera la aprobación del Congreso. Como se plantea, la integración de la Cofetel apunta a la consolidación del poder de las dos televisoras predominantes, que se colocan más allá de cualquier regulación y supervisión seria de su funcionamiento.

Pero las enmiendas a las leyes han sido sometidas a una revisión de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan graves son sus consecuencias. Mientras la resolución llega, las leyes están vigentes y debe actuarse en consecuencia.

La semana pasada el vocero presidencial reveló que el presidente Vicente Fox había promulgado las leyes sin haber leído las 55 observaciones técnicas y legales encontradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las cuales fueron desestimadas por el consejero jurídico presidencial Juan de Dios Castro. De ese modo, se argumentó que el mandatario ni siquiera tuvo conocimiento de la profunda divergencia de opiniones entre un secretario de Estado y su asesor jurídico.

Debemos preguntarnos en qué medida comisionados tan ligados a grupos de interés pueden actuar con independencia, o si todo el tiempo van a estar en la disyuntiva de cumplir con sus responsabilidades oficiales o de servir a los intereses particulares que representen.

Sin duda, la institución queda deslegitimada de origen para cumplir el trascendental papel que debe a la nación. Mientras la Corte emite su fallo, el Senado tiene otra vez la oportunidad de rectificar al Ejecutivo.