2005, AÑO CON MAYOR ÍNDICE PORCENTUAL DE ATAQUES A PERIODISTAS EN MÉXICO, EN EL ÚLTIMO LUSTRO

México, D.F., a 30 de mayo de 2006
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Al presentar el informe Recuento de Daños a las libertades informativas en 2005, realizado por la Fundación “Manuel Buendía”, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), maestro Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que el 2005 registró un saldo grave en la historia de las libertades democráticas en nuestro país.

Señaló que este análisis hemerográfico y documental muestra que 2005 es un año con saldo rojo por la pérdida de profesionales de la comunicación. Mencionó que ese año desapareció, Alfredo Jiménez Mota del periódico El Imparcial de Hermosillo; además de que perdieron la vida Raúl Gibb, Guadalupe García, Julio Pérez, Hugo Barragán y José Reyes Brambila.

Expuso que en 2005 se incrementaron las agresiones de parte del poder público, lo que implica un desafío de cómo contener el uso de la fuerza para agredir a periodistas. Los profesionales de la comunicación no sólo tienen que desafiar a fuerzas del Estado, sino las agresiones de parte del crimen organizado, en particular el narcotráfico.

Consideró que la sociedad y el Estado mexicano no han tomado la justa dimensión del problema del narcotráfico, lo que se refleja en el hecho de que se agrede a periodistas que denuncian las relaciones de corrupción, de colusión entre los poderes fácticos y los poderes públicos, y lo más grave es que no hay culpables de estos delitos, lo que deja un mensaje dramático.

Álvarez Icaza llamó la atención sobre el riesgo que significa el aumento de procesos legales contra de comunicadores; tal es el caso de la revista Proceso y la periodista Olga Wornat, así como el de Lydia Cacho, “caso paradigmático de lo que significa el ejercicio periodístico para enfrentar a los poderes económicos y políticos”.

Mencionó que 2005 fue un año en el que se dieron modificaciones legales para que los ataques a los periodistas se resuelvan en el ámbito civil; esto, señaló, representa ganar terreno al abuso de autoridad y contribuir a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en beneficio de la sociedad toda.

Advirtió a los actores públicos y políticos sobre la necesidad de garantizar el ejercicio profesional de la comunicación durante el proceso electoral, proteger la libre acción de la comunicación y de las libertades de prensa; porque cuando están en juego los intereses primarios de los actores políticos se genera mayor intolerancia hacia la actuación de los periodistas.

A su vez, el presidente de la Fundación “Manuel Buendía”, Omar Raúl Martínez, indicó que de acuerdo con el informe anual, 2005 es el año con mayor índice porcentual de ataques a periodistas en el último lustro, al registrarse cinco asesinatos y una desaparición, tres de ellos aparentemente perpetrados por la mafia del narcotráfico.

Refirió que las agresiones físicas ya no están en primer lugar, sin embargo, las amenazas y actos de intimidación ocupan el 35% de incidencias (10% más que en 2004), como los hechos más recurrentes por los poderes formales e informales para inhibir el libre ejercicio periodístico. Dijo que hubo 93 incidentes contra las libertades informativas en todo el país: 76% fueron ataques públicos o embozados a periodistas; 18% fueron casos de inhibiciones o presiones a informadores, y el resto, ataques y eventos inhibitorios a medios.

Detalló que 35% de los casos consignados fueron amenazas e intimidaciones; 24% agresiones físicas; 8% detenciones; 7% atentados; 7% demandas; 5% asesinatos; 3% bloqueos informativos, entre otros. Los reporteros que trabajan paras las fuentes política (52%) y policiaca (35%) son los más afectados. Respecto a los motivos para cometer estos actos están: 34% por ejercer el quehacer reporteril; 29% por contenidos publicados, y 13% por difundir denuncias, entre otros.

De los presuntos responsables señaló que 60% engloban a las fuerzas del orden, funcionarios de gobierno, de dependencias policiacas, así como representantes de partidos políticos e instituciones de gobierno. Esta tendencia del poder público representa un aumento de 12% respecto a 2004. Las entidades con mayores afectaciones a la labor periodística fueron el Distrito Federal, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Indicó casos como el conflicto político-laboral del periódico Noticias de Oaxaca; el bloqueo informativo y publicitario a La Jornada San Luis, las demandas contra Olga Wornat y el semanario Proceso, y la demanda y secuestro de Lydia Cacho.

En tanto que, hasta la primera quincena de mayo de este 2006 se consignaron 35 incidentes contra comunicadores; entre los que destacan cuatro asesinatos. Aseveró que de enero de 2004 a abril de 2006 se consignaron el mayor número de asesinatos de periodistas del sexenio actual, y el clima de intimidación se ha recrudecido especialmente en el norte del país, debido a las acciones del narcotráfico.

Omar Raúl Martínez destacó los avances legislativos como la despenalización de los delitos de injuria, difamación y calumnia, así como la salvaguarda del secreto profesional a nivel federal y capitalino. También la creación del Grupo de Seguimiento a las agresiones a periodistas de la Cámara de Diputados, la instalación de una Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y el proyecto Fénix, de varios medios de comunicación.

Por su parte, la diputada Beatriz Mojica, coordinadora del Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, sostuvo que no se ha dado la atención requerida por parte del Estado a esta problemática por lo que no se han logrado detener las agresiones a periodistas, y año con año el conflicto crece.

Dijo que es necesario llegar a fondo en las investigaciones de los ataques a comunicadores y poner diques a la impunidad que tanto daño le hace a la sociedad mexicana; es ahí donde se debe incidir, desde la Comisiones de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de las propias organizaciones de periodistas. Estas agresiones, añadió, son amenazas al sistema democrático.

El informe anual se realiza como parte de las tareas de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, con el apoyo de la CDHDF y del Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados.

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