QUE MÉXICO CUMPLA COMPROMISO:RSF

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Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
24 de julio de 2007

MÉXICO

AUDIENCIA SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS : "EL GOBIERNO TENDRÁ QUE MANTENER SUS PROMESAS"

El 18 de julio de 2007, en Washington y a petición suya, Reporteros sin Fronteras y ocho organizaciones más de defensa de los derechos humanos participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicada a la situación de la libertad de prensa en México. Las organizaciones presentaron los resultados de sus investigaciones y formularon algunas demandas precisas al gobierno mexicano, representado en la audiencia. El 24 de julio han hecho públicas las conclusiones de su gestión, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

"En primer lugar, Reporteros sin Fronteras se felicita por la importante movilización de la sociedad civil mexicana y de las ONG's, provocada por esta iniciativa con la CIDH. La gestión tuvo un impacto mayor porque se llevó a cabo de forma conjunta. Nos resultaba indispensable la colaboración de las demás organizaciones y será también de manera conjunta como deberemos garantizar la traducción de nuestras demandas en actos. Porque ese es el reto. Los compromisos adoptados por el gobierno mexicano, como resultado de la audiencia, responden en parte a nuestras esperanzas. Su puesta en práctica implica, entre otras cosas, que mantenga la promesa de asociarse lo más posible con las organizaciones solicitantes, y con la CIDH. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras quiere subrayar que el futuro de la libertad de prensa en México depende también de los propios medios periodísticos, y de su capacidad para unirse frente a los ataques que sufren los profesionales. Finalmente, no ignoramos que el combate por la libertad de prensa pasa, en gran parte, además, por la lucha contra la primera plaga que la pone en peligro: el crimen organizado", ha declarado la organización.

El 18 de julio en Washington, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo 19, Libertad de Información México, A.C., la Fundación Manuel Buendía, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, la Red Mexicana de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación, el Colectivo por la Transparencia y Reporteros sin Fronteras presentaron, a petición propia, un balance de situación en la 128 sesión de la CIDH en Washington. Frente a los representantes del gobierno mexicano las organizaciones abogaron, entre otras cosas, por un refuerzo de los medios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada el 15 de febrero de 2006, y por un auténtico seguimiento en las investigaciones de once casos recientes de asesinatos y desapariciones. También insistieron en la necesaria adaptación de la legislación nacional a las normas internacionales, en lo que se refiere a los medios de comunicación electrónicos y comunitarios.

Al final de la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a los siguientes puntos :
-adoptar todas las medidas necesarias para aclarar los asesinatos, desapariciones y agresiones de periodistas, entre otras cosas estudiando la posibilidad de reforzar las prerrogativas de la FEADP y el tratamiento de ese tipo de asuntos a nivel federal ;
-presentar a la CIDH el resultado de los progresos llevado a cabo, en los próximos meses, en dichas investigaciones ;
-garantizar una amplia participación de las organizaciones especializadas en el seguimiento de las investigaciones ;
-aceptar el apoyo de la CIDH en el proceso de elaboración de la nueva ley de medios de comunicación electrónicos ;
-dedicarse a promocionar el reconocimiento de los medios comunitarios en la ley, apoyándose en la normativa internacionales.

Por su parte, la CIDH solicitó un informe completo sobre los casos más graves al gobierno mexicano, que ya ha dado su consentimiento de principio para una próxima visita oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la jurisdicción interamericana.

Con un balance de treinta y dos periodistas asesinados y siete desaparecidos durante el período comprendido entre 2000 y 2007, México se ha convertido en el país del continente americano más mortífero para la prensa. En 2006 ocupó incluso el segundo puesto mundial, después de Irak, con nueve asesinatos. Desde el comienzo del año 2007 en el país han matado a dos profesionales de los medios de comunicación - Amado Ramírez, corresponsal del canal Televisa en Acapulco, asesinado el 6 de abril, y Saúl Martínez Ortega, del Diario de Agua Prieta, que apareció muerto diez días más tarde en el Estado de Sonora - y hay tres desaparecidos : Rodolfo Rincón Taracena, director del diario regional Tabasco Hoy, al que no se encuentra desde el 20 de enero; Gamaliel López y Gerardo Paredes, del canal TV Azteca Noroeste, volatilizados el 10 de mayo en Monterrey.

Aparte de la impunidad que rodea estos crímenes, y los numerosos casos de amenazas o agresiones, la libertad de prensa se encuentra en muy mala situación, sobre todo a nivel local, a causa de una fortísima autocensura, determinadas prácticas de chantaje con la publicidad oficial y los obstáculos a la difusión de radios o soportes comunitarios.

SE COMPROMETE MÉXICO ANTE LA CIDH

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
AMARC y 8 organizaciones
IMPORTANTE

México, 24 de julio de 2007
Estado mexicano se compromete a esclarecer delitos contra periodistas y a una legislación de medios electrónicos apegado a estándares internacionales de libertad de expresión

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el pasado 18 de julio en la ciudad de Washington, a petición de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de radios comunitarias en la que comparecieron representantes del gobierno mexicano sobre la situación de libertad de expresión en México, tuvo como resultado el reconocimiento por parte de las autoridades federales, la grave situación en la que se encuentran los periodistas y medios de comunicación para ejercer su trabajo, así como la necesidad de que exista un marco normativo de medios electrónicos que se apegue al cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, incluyendo el reconocimiento de los medios comunitarios.

En el marco del 128º periodo de audiencias de la CIDH las organizaciones (peticionarias) firmantes presentaron ante el pleno de los comisionados un informe general sobre la situación de libertad de expresión y derecho a la información en México donde se destaca el incremento de asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación que continúan hasta el momento en la impunidad, y en algunos casos aunque se cuenta con medidas cautelares como es el caso de las emisoras comunitarias agredidas recientemente tampoco existen avances suficientes, en las investigaciones, ni en las medidas de protección.

A pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, siguen sin existir en México las condiciones normativas que permitan la permanencia digna de medios que tienen fines sociales tales como las radios comunitarias. Por ello, las organizaciones pidieron que el Estado mexicano se comprometa a modificar su legislación de acuerdo a los estándares internacionales en la materia que México se ha comprometido a cumplir.

Así mismo las organizaciones peticionarias denunciaron la utilización de la publicidad oficial como mecanismo para premiar o castigar medios de comunicación, es el caso más reciente de grupo Monitor, debido a la falta de criterios públicos y transparentes en la materia, lo cual deja a discrecionalidad la asignación de dichos recursos públicos por parte de las autoridades.

Ante el pleno de la CIDH el gobierno se comprometió a:

- Realizar todas aquellas medidas necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas. Estudiaran las medidas para fortalecer a la Fiscalía Especial de delitos contra Periodistas y la atracción federal de los delitos en contra de periodistas.

- Presentar a la CIDH en los próximos mese avances sobre las investigaciones de delitos en contra de periodistas.

- Garantizar la amplia participación de las organizaciones que trabajan en la materia para que puedan dar seguimiento a los avances que hay en la materia.

- Aceptar el acompañamiento puntual de la CIDH para el proceso legislativo de la nueva Ley de medios electrónicos.

- Manifestó su interés de garantizar el reconocimiento de los medios comunitarios en el nuevo marco normativo, así como de los estándares internacionales en la materia.

En el marco de la audiencia también se aceptó la visita oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de dar un seguimiento puntual al informe presentado por las organizaciones, las cuales establecerán los mecanismos para monitorear los compromisos asumidos por el Estado mexicano ante la CIDH.

Ante esta situación la CIDH, hizo un llamado al gobierno mexicano para que de una mayor apertura y un diálogo más fluido con los periodistas y medios de comunicación y con las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de expresión.

La CIDH también solicitó al gobierno mexicano un informe concreto sobre los avances logrados con la nueva Fiscalía, creada en 2005 para el esclarecimiento de por lo menos 11 asesinatos de periodistas hasta 2007 y siete desapariciones.

Organizaciones peticionarias y redactoras del comunicado de prensa conjunto:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Articulo 19 Sección México
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Libertad de Información México, A.C. (LIMAC)
Fundación Manuel Buendía
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
Reporteros sin Fronteras
Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación
Colectivo por la Transparencia

Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC

En Michoacán

Se doblega la prensa ante el crimen organizado

De la redacción

Morelia, Mich., 16 de julio (apro).- Igual que en otras entidades del país, el ejercicio periodístico en Michoacán se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Sólo en lo que va del año, por ejemplo, al menos 20 periodistas han sido “levantados” por supuestos policías o por presuntos narcotraficantes –algunos, incluso, en más de una ocasión--; dos han muerto en cumplimiento de su deber, y uno más se encuentra desaparecido desde hace varios meses.

Por si fuera poco, las empresas periodísticas se han visto obligados a adoptar una especie de “ley mordaza”. Tal es el caso de los periódicos El Centro, de Zamora; Hoy Día, de Uruapan; La Extra, de Morelia; El Tiempo, de Apatzingán; Por qué, de La Piedad, entre otros.

Varios de esos diarios suprimieron de plano sus páginas policíacas o se abstienen de publicar información relacionada con la inseguridad, como secuestros, “levantones”, robos de vehículos en carretera y asaltos. Ni qué decir de las notas sobre las narcoejecuciones, corrupción en las corporaciones policiacas o decomisos de drogas: simplemente no tienen cabida en sus páginas.

Quien lo hace se expone a ser “levantado” o, bien, a recibir amenazas directas, según denuncias de periodistas que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Cuentan, por ejemplo, que en lo que va del año en Apatzingán, han sido “levantados” cinco reporteros; en Zamora, dos; en Zitácuaro, tres, y en La Piedad, uno.

Dos periodistas de la agencia informativa Cuadratín y tres del diario La Opinión, entre otros, también han sido “levantados” o amenazados por sicarios al servicio de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas o por presuntos policías.

Por temor a formar parte de las estadísticas, dicen, ningún periodista ha levantado una denuncia por tales hechos.

La impunidad

Pero no todos los comunicadores han tenido la suerte de salir vivos. El pasado 9 de marzo, por ejemplo, el periodista Jaime Olvera Bravo, de 39 años de edad, fue asesinado en La Piedad. Meses antes, en noviembre de 2006, había sido reportada la desaparición del director del diario Ecos de Tepalcatepec, Antonio García Apac, conocido en el medio periodístico como El Chino.

Olvera Bravo, corresponsal en La Piedad del diario La Voz de Michoacán, fue asesinado a balazos a las 9:00 de la mañana. Había denunciado en varias ocasiones las “corruptelas” de varios comandantes de la Policía Municipal.

A tres meses de los hechos, las autoridades encargadas de la investigación siguen sin dar razón de los autores material e intelectual del crimen.

El Chino García Apac fue “levantado” el 20 de noviembre del año pasado en el crucero conocido como “La Ruana”, en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, a la altura de Felipe Carrillo Puerto. Desde entonces, sigue en calidad de desaparecido.

“Pese a que se ha hablado en varias ocasiones con el gobernador Lázaro Cárdenas, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Periodistas Sin Fronteras, no hay noticias de mi padre.

“Lo que la familia quiere es que aparezca vivo o muerto, pero que nos lo entreguen; como él no es un periodista de Televisa, TV. Azteca, Reforma, Jornada o de un diario importante, no le dan difusión ni se hace justicia como el caso de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco, pero mi papá también es periodista y denunció muchas veces al crimen organizado que opera en Michoacán”, afirma Aldo García, hijo de El Chino.

El 4 de mayo del 2007, los reporteros gráficos Russel Jurel Pérez Díaz y Héctor Alonso Hernández Martínez, fueron golpeados por militares de la XXI Zona Militar, quienes les destruyeron su equipo fotográfico en las afueras del estadio “Venustiano Carranza”, en Morelia.

Los comunicadores, que laboran para empresas como Telemundo, Excélsior y Reuters denunciaron los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante el secretario ejecutivo de la CEDH, Luis Alberto Montaño García, dijeron que se estaban fotografiando y grabando la llegada de un helicóptero a las afueras de la XXI Zona Militar, cuando varios soldados los persiguieron.

Russel intentó huir, pero una camioneta Hummer lo alcanzó: “Me golpearon en los pies para derribarme, después me patearon y yo comencé a gritar por ayuda. Un soldado, riéndose, me decía ¿quién te va a ayudar? Me agarraron y me aventaron a la camioneta, ahí me sujetaron por el cuello y yo les decía que no podía respirar. Sólo me contestaron que me aguantara que ya íbamos a llegar”. Sus agresores nunca fueron castigados, mucho menos requeridos por una autoridad.

Todos los periodistas la revista quincenal Suma, encabezados por Julio César Silva Alemán y José Luis Caraza, enfrentan denuncias penales por denunciar la corrupción que impera en la Procuraduría General de Justicia del estado, sobre todo por la parcialidad de varios agentes del Ministerio Público.

“Ya no nos la acabamos”, dice carraza, subdirector del tabloide que aparece cada 15 días.

Tampoco se conocen los avances de las investigaciones en contra de la empresa privada Valladolid y de policías auxiliares, quienes esposaron al periodista Francisco Castellanos y le dañaron su cámara fotográfica en la central camionera de Morelia, el 2 de octubre del 2006. El periodista logró comunicarse con agentes de la Policía Estatal, quienes lo rescataron cuando intentaban subirlo a una camioneta. El caso fue expuesto en la Tribuna del Congreso, el pasado 7 de junio. Los diputados locales exigieron castigo a los responsables de las agresiones contra periodistas. Ninguna autoridad los escuchó.

El 28 de julio de este año, en pleno centro de Morelia, cientos de profesores “democráticos” agredieron a puntapiés, con palos y piedras, a los reporteros gráficos Christian Adame Campos, Rosario Salas e Iván Sánchez, quiénes cubrían una manifestación más de los maestros que tienen cerradas centenares de escuelas como medida de presión para que se derogue la Ley del ISSSTE.

Demandan a policías

Demanda periodista a policías por lesiones y abuso de autoridad

EXPRESO CHIAPAS
miércoles, 18 de julio de 2007
Ángeles Mariscal

Concepción Avendaño Villafuerte demandó penalmente al grupo de policías que la golpearon durante el operativo de detención de tres directivos de la Universidad Maya, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
En su versión de los hechos, la hija del periodista Amado Avendaño denunció también que el director de comunicación social del gobernador Juan Sabines Guerrero, Jacobo Elnecabé, la llamó para decirle “que no se sepa que Sabines es un represor”.
“Eso me lo hizo saber cuando yo estaba denunciando una agresión física contra mi persona, en la Fiscalía especial para delitos contra periodistas, mientras ellos publicaban un boletín difamándome”.
Dijo la agraviada, con relación al comunicado de prensa donde se señala que “una persona del sexo femenino identificada como Concepción Avendaño Villafuerte acompañada de cuatro mujeres arremetieron contra uno de los agentes apropiándose de un sobre con documentos de la investigación de este caso, lo que constituye un delito”.
En el comunicado oficial al que Avendaño Villafuerte hace referencia se señala que contra ella “la Fiscalía General del Estado inició una Averiguación Previa por los delitos de obstrucción de la procuración de justicia, resistencia de particulares, robo de documentación oficial y los que resulten”.
La también alumna de la Universidad Maya explica que este centro educativo “ha sido una opción de profesionalización para quienes trabajamos, gracias a su modalidad de semiescolarizada”.
“Al señor encargado de prensa del gobierno del estado de Chiapas, no le interesa saber, que Chiapas ocupa el primer lugar de pobreza a nivel nacional, jamás se mostró interesado en saber qué dirán en otros lados al saber que en Chiapas, se encarcela al rector de una universidad, en vez de otorgarle sus reconocimientos de validez oficial porque han cumplido cabalmente con todos los requisitos”.
Sostiene lo anterior en relación con el juicio de amparo Nº.111.533/2002 cuya resolución fue concedida el 27 de mayo de 2002 y ante cuyo desacato se interpuso el juicio de nulidad administrativa número 72-C2002 y desde el 11 de abril de 2003, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien otorgó resolución favorable determinando nula la resistencia del Secretario de Educación a entregar los documentos de validez oficial.
“A Jacobo Elnecabé no le importa que se evidencie el abuso de autoridad del gobierno del estado al aplicar toda el poder judicial y político contra tres académicos y una mujer periodista. Si esto no es represión, ¿entonces cómo se llama?”, acusa.
Refiere también que como parte de esta represión, según los documentos en poder de los policías –mismos que se pueden consultar en fojamedios.sancristobaldelascasas.com.mx, a la Universidad Maya se le confiscarían todas sus cuentas bancarias y se les cerraría el edificio.
“En Chiapas, uno de los estados con mayor rezago educativo, en vez de facilitar que una Asociación Civil ayude a abatir ese rezago, se amenaza a sus maestros, se encarcela a sus directivos y se golpea a sus alumnas”.
Por ello Concepción Avendaño presentó la demanda penal y exigió al gobierno estatal “que si no quiere quedar como represor, que simplemente resuelva los problemas pequeños de su estado, porque en los años que aún le faltan no podrá con los grandes y será lamentable que Chiapas le represente al país otro dolor de cabeza provocado por la ineptitud de su gobernante incapaz y represor”.

AGRAVIAN A DOS MUJERES PERIODISTAS EN CHIAPAS

Compañeros:

Estos son dos casos de agravios diferentes contra dos compañeras periodistas.

El primero contra Concepción Avendaño, hija de don Amado Avendaño Figueroa, y por ende miembro de una familia de extirpe periodística.

Independientemente de la defensa que ella hace de su universidad me indigno ante el trato que recibió por parte de los agentes estatales de investigación de la fiscalía general del estado: quienes le tiraron tres dientes y le abrieron una averiguación previa por obstrucción de la procuración de justicia, resistencia de particulares y robo de documentos oficiales (que no eran hojas membretadas, ni firmas ni sellos).

Concepción evidencia la política de comunicación social por querer parar todo acto de denuncia por la agresión en su contra.

Y el otro agravio es contra la compañera reportera Mirena Mollinedo, a la que posiblemente mucho de los nuevos reporteros no les diga mucho su nombre, ella es egresada de la primera generación de ciencias de la comunicación de la UNACH y por muchos años estuvo en reporteros en acción.

Además de la censura y autocensura que impera en Chiapas, acá tenemos dos ejemplos de agravios contra mujeres periodistas, ¿Quién se suma a la protesta y quiénes nos quedamos callados?

Salud.

PRIMER CASO

CENSURA Y DIFAMACIÓN DESDE EL GOBIERNO DE SABINES
Esta es mi versión si les interesa úsenla: Concepción Avendaño
GRACIAS POR LA SOLIDARIDAD

“Que no se sepa que Sabines es un represor”

Es lo único que le interesa al director de comunicación social del estado Jacobo Elnecabé. Eso me lo hizo saber cuando yo estaba denunciando una agresión física contra mi persona, en la fiscalía especial para delitos contra periodistas, junto a él llevó a José Domingo Pérez, director de comunicacion social de la fiscalía y como judas me dijeron que " tuviera la seguridad de que no me iban a agredir". Mientras ellos publicaban un boletín difamándome - todo esta grabado-

Los hechos ocurrieron a las puertas de la secretaría de Educación del estado, ante cientos de testigos: Dos carros, supuestamente de la Fiscalía general del estado, según su propio boletín de prensa, porque los agresores no llevaban uniforme, no se identificaron y los dos vehículos que utilizaron tampoco portaban identificación; no presentaron orden de aprehensión en contra de los directivos de la Universidad Maya, de la cual soy alumna.

Con lujo de violencia y abuso de autoridad secuestraron al Rector, al Director Académico y al jefe de Servicios Escolares, de esa pequeña universidad de San Cristóbal de Las Casas, que ha sido una opción de profesionalización para quienes trabajamos, gracias a su modalidad de semiescolarizada.

Al señor encargado de Prensa del gobierno del estado de Chiapas, no le interesa saber, que Chiapas ocupa el primer lugar de pobreza a nivel nacional, jamás se mostró interesado en saber que dirán en otros lados al saber que en Chiapas, se encarcela al rector de una universidad, en vez de otorgarle sus Reconocimientos de Validez Oficial porque han cumplido cabalmente con todos los requisitos e inclusive ganar el amparo Nº.111.533/2002 cuya resolución fue concedida el 27 de mayo de 2002 y ante cuyo desacato se interpuso el juicio de nulidad administrativa número 72-C2002 y desde el 11 de abril de 2003, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, otorgó resolución favorable determinando nula la resistencia del Secretario de Educación a entregar los documentos de validez oficial, quedando firme y resuelto el caso a favor de la Universidad Maya.

A Jacobo Elnecabé no le importa que se evidencie el abuso de autoridad del gobierno del estado al aplicar toda el poder judicial y político contra tres académicos y una mujer periodista. ¿Si esto no es represión entonces cómo se llama?

Cual es el motivo real de la absurda saña en contra de una escuela que funciona con todos sus permisos desde 1998 en su modalidad de escolarizada, y que, según el papel que cayó en mis manos durante la agresión que yo sufrí, y que podrán consultarse en el sitio fojamedios.sancristobaldelascasas.com.mx y en miradasur.com.mx, se le confiscarían todas sus cuentas bancarias y se les cerraría el edificio.

En Chiapas, uno de los estados con mayor rezago educativo, en vez de facilitar que una Asociación Civil ayude a abatir ese rezago, se amenaza a sus maestros, se encarcela a sus directivos y se golpea a sus alumnas. El señor comunicador del estado, dice ante esto que son un “gobierno joven, les falta aprender” y se nota.

Ante la incapacidad de sus funcionarios pido al señor Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado que, si no quiere quedar como represor, que simplemente resuelva los problemas pequeños de su estado, porque en los años que aún le faltan no podrá con los grandes y será lamentable que Chiapas le represente al país otro dolor de cabeza provocado por la ineptitud de su gobernante incapaz y represor.

Atentamente

María Concepción Avendaño Villafuerte.

lafoja@hotmail.com

SEGUNDO CASO

San Cristóbal de las Casas, Chis, a 17 de Julio del 2007


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CEDH)

PRESENTE


ANTE EL HOSTIGAMIENTO POLICÍACO DEL QUE FUI OBJETO, SIN RAZÓN ALGUNA, EXPONGO LA DENUNCIA ANTE ESTE ORGANISMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

El pasado 28 de julio, cuando retornaba de un recorrido por las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (SSyPC) asignados a la ciudad de Palenque se encontraban apostados a las afueras de la terminal de transporte colectivo que comunica a esta ciudad con la región de Marqués de Comillas.

Tras descender de la unidad, los policías, de manera prepotente me abordaron para exigirme una identificación, por lo que les mostré mi credencial de elector.

Después de esto, molesta por la actitud de estos servidores públicos, caminé hacia la terminal de la combi que me trasladaría a la cabecera municipal de Ocosingo.
Sin embargo, mi sorpresa fue mayor cuando noté que me seguían.

A bordo de una patrulla -de la que no anoté el número por el nerviosismo que me provocó observar a varios policías escoltándome, aunque recuerdo los rostros de quienes violentaron mis derechos- me gritaban que les presentara otra identificación.

Desde la banqueta por la que caminaba les pregunté por qué me seguían y respondieron que porque yo traía un radio. También preguntaron a qué actividad me dedico, a lo cual respondí que soy reportera y que no les iba a mostrar otra identificación porque no traía y que con la credencial de elector era suficiente.

No conformes con esto, continuaron siguiéndome por toda la avenida principal escoltándome como una delincuente ante la mirada atónita de la gente.

Indignada por esta conducta, detuve mi caminata unos minutos y saqué de mi mochila la grabadora reportera por la que, según ellos, me seguían. De inmediato oprimí el botón para grabar y la acerqué a los rostros del que conducía la patrulla y su acompañante. De nueva cuenta pregunté, que por qué me seguían e insistieron que porque yo portaba un radio. Les aclaré que no era tal radio sino una grabadora que utilizo para mi trabajo. Cuestioné también si era delito portarla y dedicarse a trabajar.
Ante esta situación, uno de ellos se enojó y enseguida empezó hablar por radio, mientras que el policía con el que se comunicaba a la base de operaciones le ordenó que me obligara a identificarme y a sacarme "la sopa" de por qué traía esa grabadora.
Enseguida el mismo policía preguntó “¿usted es reportera verdad? por eso está haciendo tanto ruido”. El que estaba en la base también sentenció “aquí somos la ley y si no le gusta tráela aquí”.

Es necesario mencionar que desde el principio que me abordaron presenté la credencial de elector, no obstante siguieron intimidándome.

La sociedad en su conjunto demanda de las corporaciones policíacas acciones efectivas contra la inseguridad, pero estas deben aplicarse en un marco de legalidad y no afectando a los ciudadanos, como el caso en mención.


ANTE ESTOS HECHOS QUE VIOLENTARON MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

(VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, AL LIBRE TRÁNSITO Y AL TRATO DIGNO, ADEMÁS DEL ABUSO DE AUTORIDAD) VENGO ANTE ESTA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A PRESENTAR UNA QUEJA CONTRA ESTOS MALOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUIENES ME HOSTIGARON MEDIANTE UNA PERSECUCIÓN POLICÍACA POR LA PRINCIPAL AVENIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Y ME EXHIBIERON COMO UNA DELINCUENTE ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA, MIENTRAS QUE LOS DELINCUENTES A LOS QUE DEBERÍAN ESTAR ATACANDO, OPERAN CON TODA IMPUNIDAD.


CONFÍO EN QUE ESTA COMISIÓN DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ACTUARÁ CON IMPARCIALIDAD Y JUSTICIA. NO DUDANDO DE SU HONORABILIDAD ME DESPIDO ESPERANDO UNA RESPUESTA CON APEGO A MIS DERECHOS.

Atentamente:

C. Milena Mollinedo Pérez

mille1012@hotmail.com

(Reportera del noticiero RADIO NOTICIAS, que se trasmite por 7 estaciones AM Y FM en el estado de Chiapas.