domingo, agosto 26, 2007

Asaltan el domicilio de columnista de La Jornada


Acción con tintes de intimidación: Gloria Muñoz
Asaltan el domicilio de columnista de La Jornada

DE LA REDACCION


La Jornada, 26 de agosto del 2007.





Peritos de la procuraduría capitalina acudieron a tomar fotografías y huellas digitales al domicilio de la colaboradora de este medio informativo Foto: Francisco Olvera


La casa de la columnista Gloria Muñoz Ramírez fue asaltada en el transcurso de la presente semana. Los autores del ilícito se llevaron documentos, libros, periódicos y todo su equipo de trabajo, en un hecho que ha sido interpretado como intento de intimidación por la labor periodística que desarrolla en Chiapas, donde ha cubierto el conflicto zapatista desde 1994.



No es ésta la primera ocasión que la periodista, autora de la columna Los de abajo se ha visto sometida a este tipo de agresiones. Ha sufrido amenazas y espionaje telefónico, así como la intercepción de su correo electrónico y la vigilancia de todas sus actividades.



El pasado jueves, luego de cubrir en Chiapas el segundo Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, Muñoz informó que regresó a la ciudad de México y que al llegar a su departamento se encontró con todo revuelto.



“Había un revoltijo muy aparatoso e intimidatorio”, puntualizó, luego de señalar que los ladrones se llevaron documentos de su archivo sobre el movimiento zapatista, una caja con fotografías personales, una maleta de libros, periódicos, revistas y todo su equipo de trabajo que consiste en computadora, grabadora, videograbadora y un reproductor de videodiscos.



Los asaltantes no tomaron ningún objeto de mediano valor –de la computadora sólo cargaron con la unidad central de proceso–; únicamente artículos que pudieran contener información.
Según el reporte de uno de sus vecinos, el miércoles dos hombres con corte militar salieron del edificio con dos maletas que corresponden a las señas de las que tenía en su hogar. Tenían llave del inmueble y probablemente también del departamento de la periodista, pues la puerta no fue forzada.



Gloria Muñoz llamó la atención sobre el hecho de que esta agresión se produce en el contexto de la represión actual contra los movimientos indígenas y campesinos que ha documentado. Entre ellos se encuentra el reciente desalojo en Montes Azules, Chiapas.



La periodista informó que de lo sucedido ya levantó denuncia ante las autoridades judiciales, quienes ayer efectuaron un primer peritaje.

martes, agosto 14, 2007

CASO COAHUILA

Periodista mexicano detalla abusos del ejército durante detención


Nueva York, 14 de agosto del 2007—El reportero mexicano Sinhué Samaniego Osoria habló con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hoy y detalló los abusos sufridos por él y otros tres reporteros mexicanos durante su detención por soldados mexicanos la semana pasada en el estado norteño de Coahuila. El CPJ instó a las autoridades mexicanas a investigar la conducta de los soldados involucrados en el arresto.

Durante una entrevista con el CPJ esta mañana, Samaniego, reportero de la fuente policíaca para el diario Zócalo de Monclova, indicó que fue detenido, golpeado e interrogado agresivamente en la noche del 7 de agosto junto con sus colegas Manolo Acosta de Zócalo, Jesús Meza Gonzáles del diario La Voz de Coahuila y Alberto Rodríguez Reyes de la estación local de televisión Canal 4.

Samaniego y Acosta cubrían un accidente de tránsito a las 10:20 p.m. cuando supieron que un convoy militar operaba en Monclova, el periodista señaló al CPJ. Los reporteros decidieron buscar el convoy que presuntamente llevaba a cabo una operación antinarcóticos. Según Samaniego, por el camino encontraron a Meza y Rodríguez, quienes también buscaban la operación militar. Los cuatro viajaban en tres vehículos separados, cada uno identificado con los logotipos de sus respectivos medios, indicó el periodista.

Cuando vieron que el convoy entraba al cuartel local, los reporteros decidieron suspender su búsqueda, explicó Samaniego. Sin embargo, a unas cuadras del cuartel, una camioneta pick-up blanca los alcanzó y les cerró el paso. El periodista describió cómo individuos armados los obligaron a bajar uno por uno de sus vehículos para exigirles que subieran a la parte trasera de la camioneta. Según Samaniego, los individuos, quienes no llevaban uniformes completos del ejército, no se identificaron en ningún momento.

Se les ordenó acostarse boca abajo mientras fueron conducidos a diferentes partes de la ciudad. En distintos momentos, individuos no identificados les vendaron los ojos y les ataron las manos antes de dejarlos bajar de la camioneta. Samaniego contó cómo los golpearon repetidamente en la cara, el torso y el estómago. Ninguno resultó herido de gravedad.

Los soldados interrogaron a los periodistas varias veces, preguntándoles qué hacían, dónde trabajaban y dónde vivían. Samaniego comentó al CPJ que los cuatro llevaban chalecos marcados “Prensa de Coahuila” aunque no llevaban credenciales de prensa.

Después de un par de horas, los soldados indicaron a los reporteros que serían liberados. Sin embargo, momentos más tarde, Acosta y Rodríguez fueron interrogados acerca de su supuesta posesión de un arma de fuego y de drogas. Ambos negaron las acusaciones, según su colega. Samaniego explicó al CPJ que ninguno de los reporteros vio las drogas ni el arma durante la interrogación.

El 8 de agosto a las 2 p.m., el ejército mexicano entregó los reporteros formalmente a la delegación en Coahuila de la Procuraduría General de la República (PGR), informó la prensa local. El ejército presentó cargos contra a los periodistas por posesión de un arma de fuego y delitos de salud, ambos crímenes federales, especificó Samaniego.

Samaniego señaló al CPJ que ni él ni sus colegas llevaban armas ni drogas la noche en que fueron arrestados. “Sería completamente ilógico ir a un operativo militar cargando con ese tipo de cosas”, añadió. Según el reportero, no hay evidencia forense que pruebe que las drogas o el arma estuvieron en su posesión.

“Estamos enfurecidos por los detalles que Sinhué Samaniego Osoria nos entregó sobre los abusos a los cuales él y los otros tres reporteros fueron sometidos mientras estaban detenidos por el ejército mexicano”, declaró el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Las autoridades mexicanas deben llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente”.

Los cuatro reporteros fueron liberados bajo fianza en la tarde del 10 de agosto, su abogado, Luis Humberto Rdoríguez Sáenz, narró al CPJ. Según la oficina del Fiscal Especial para Crímenes Contra Periodistas radicada en Ciudad de México, los cargos contra los periodistas siguen pendientes.

Las autoridades mexicanas explicaron al CPJ que los soldados creyeron que los periodistas hacían parte del grupo paramilitar Los Zetas, quien aparentemente emplea a personas para monitorear los movimientos militares.

El tráfico de drogas y el crimen organizado han convertido a México en uno de los lugares más peligrosos para periodistas en América Latina, indican las investigaciones del CPJ. Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se intensificó hace dos años, decenas de reporteros mexicanos han sido silenciados porque las autoridades no han sido capaces de proporcionarles la más mínima protección.

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

viernes, agosto 10, 2007

CASO COAHUILA

Denuncian reporteros detenidos en Monclova que fueron torturados
arturo rodríguez garcía


Monclova, Coah., 9 de agosto (apro).- Los cuatro reporteros detenidos el martes pasado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y del Ejército mexicano, denunciaron que fueron torturados por su captores.

El abogado Luis Humberto Rodríguez Sáenz, representante de los reporteros del periódico El Zócalo, dijo que la denuncia sobre la tortura se incluirá en las declaraciones ante el Ministerio Público.

“La referencia, siendo objetivos, es de los cuatro reporteros. Me refieren que el día de los hechos fueron apresados por un convoy de militares y trasladados en una camioneta color blanco; que andaban dos unidades del ejército tipo Hummer. Los mantuvieron sin visibilidad y los golpearon, mientras les preguntaban si eran Halcones. Luego los llevaron a un lugar que no conocieron, vendados. Uno de ellos dice que estuvo sentado en un escusado, sin saber en dónde estaban hasta el miércoles al mediodía, cuando fueron consignados”, señaló.

El martes pasado, durante la cobertura a un operativo contra narcomenudistas, fueron detenidos los reporteros Sinhué Adolfo Samaniego Osoria y Manolo Acosta, del grupo de periódicos y radiodifusoras El Zócalo; Adalberto Rodríguez Reyes, del Canal 4 local, y Jesús González Meza, del periódico La Voz de Monclava. Un día antes, en Saltillo, 5 reporteros fueron agredidos y despojados de sus equipos por el mismo comando federal, según la denuncia.

Homero Estrada, conductor de noticiarios en XEPU, expresó que pedirán se cite a declarar a vecinos de la colonia Las Flores, quienes aseguran que escucharon gritos de dolor provenientes de la base militar La Partida, donde los periodistas estuvieron recluidos e incomunicados, sin consignación, durante más de 12 horas.

Tanto Rodríguez Sáenz, como Estrada, coincidieron, en entrevista por separado, en las inconsistencias de la acusación.

Homero Estrada señaló que están fincando delito de fomento a la droga. Además, dijo, no se ha notificado formalmente la cantidad, presuntamente asegurada como sucedería en cualquier otro caso.

“Es ilógico que ellos, que estaban persiguiendo el convoy para hacer su trabajo, los hayan detenido armados y con droga. También dijeron que la droga la traían en el carro de El Zócalo, pero no se aseguró el vehículo, que quedó abandonado junto a los de La Voz y Canal 4”, añadió.

Además, refirió que los tuvieron detenidos en la base militar, aunque los federales lo niegan, pero “los vecinos dicen que media hora ó 40 minutos antes de que llegáramos los reporteros a solicitar información, los sacaron en una pick up blanca, sin placas; una Durango, blanca, y dos jeeps del Ejército”.

Estrada insistió en la fabricación del caso, al señalar que les imputan la portación de arma, posesión de droga y una botella de alcohol con mariguana, “pero no dicen quién la traía”.

En tanto, afuera del edificio de la PGR en esta ciudad, habitantes de la región llevaron agua y comida a reporteros de medios de comunicación y familiares de los detenidos que montaron un campamento en espera de noticias. Los periodistas detenidos empezaron a declarar hasta esta tarde y se presume que podrían ser puestos en libertad antes de mañana al mediodía o ser trasladados a la Ciudad de México.

Por la mañana, militares encapuchados rindieron su declaración ante el agente del Ministerio Público federal, Genaro Maciel. Según los abogados de los periodistas, ahora les imputan también el delito de posesión de cocaína.

Maciel dio a conocer ayer que los reporteros fueron detenidos en posesión de una botella de alcohol en la que se fermentaba mariguana, así como una pistola tipo escuadra calibre .38.

Tras las declaraciones de militares, el primero en declarar fue el periodista Manolo Acosta, aunque no se conocen los detalles de la diligencia.

Integrantes del Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, que preside el obispo Raúl Vera López, acudieron a la sede de la PGR para brindar asesoría legal y “apoyo moral” a los reporteros y sus familias. Ana María Villarreal exigió que el gobernador Humberto Moreira se pronunciara sobre los hechos y cuestionó su ausencia de varios días en la entidad.

Y es que el gobierno del estado, a diferencia de otros casos de abusos de federales o violaciones a derechos humanos, ha sido cauto respecto de este asunto. Sólo el secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria, dijo que darían seguimiento a la detención, pero evitó un pronunciamiento.

Los operativos federales llevan semanas en la entidad pero no arrojan resultados, salvo por un cateo violento a un domicilio particular en el municipio de San Buenaventura, connurbado a Monclova, donde no hubo detenciones.

El Ministerio Público federal tiene 48 horas para mantener detenidos a los reporteros, que se cumplirán mañana al mediodía, por lo que se espera sean declarados en el transcurso de la noche.

Estos hechos ocurren a menos de una semana de que el juez estatal, Hiradier Huerta, dicte sentencia a los militares acusados de violar a 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, y que, estaban destacamentados en La Partida, donde presuntamente fueron torturados los reporteros la madrugada del pasado miércoles.

lunes, agosto 06, 2007

MEXICO

Periodista herido a balazos tras informes sobre corrupción


Nueva York, 6 de agosto del 2007—Un individuo no identificado disparó e hirió al periodista mexicano Alberto Fernández Portilla mientras llegaba a su casa en Salina Cruz, ciudad portuaria en el estado sureño de Oaxaca, en la mañana del domingo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades mexicanas a investigar el ataque.

Según Fernández, el ataque ocurrió cerca de la 1:50 a.m. al regresar sólo de una cena con colegas en un restaurante local. Al llegar a su casa, un individuo no identificado se acercó al periodista y le dijo, “no te metas con nuestro líder”. El sujeto disparó cinco veces contra Fernández con una pistola de 9mm, hiriéndolo en el muslo, el brazo y el torso. Fernández seguía hoy en el hospital.

“Instamos a las autoridades estatales y federales a realizar una investigación exhaustiva y oportuna del ataque contra Fernández”, declaró el Director Ejecutivo del CPJ Joel Simon. “Todos los responsables deben ser encontrados y procesados”.

Fernández es el director de noticias de la estación de radio XEKZ de Tehuantepec, un pueblo cercano a Salina Cruz. El periodista es también director del diario El Semanario de Salina Cruz y columnista político para los diarios El Sol del Istmo de Salina Cruz y El Sur de Juchitán. Salina Cruz está situada a 186 millas (299 kilómetros) de la ciudad de Oaxaca, capital del estado.

En meses recientes, Fernández ha informado extensamente sobre temas de corrupción que involucran al monopolio público de gas y petróleo Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a su sindicato local en Oaxaca. A finales de julio, un reportero de El Semanario recibió una llamada amenazante de un individuo no identificado quien le advirtió que “habrán pérdidas” si continúan informando sobre temas de corrupción ligados a PEMEX, Fernández indicó al CPJ.

María del Carmen Chiñas, subprocuradora regional de justicia en Oaxaca, señaló a reporteros locales que las autoridades tenían varias líneas de investigación que estaban siguiendo.

El domingo se llevaron a cabo elecciones de diputados locales en el estado de Oaxaca. Son las primeras elecciones desde el conflicto que ocurrió el año pasado donde manifestantes de izquierda se oponían al gobernador local Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusaban de manipular las elecciones del 2004. Durante varios meses en el 2006, manifestantes que en su mayoría formaban parte del grupo izquierdista Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) tomaron las calles de la capital y reclamaron la renuncia de Ruiz. Se registraron entonces enfrentamientos frecuentes entre manifestantes y hombres armados, en su mayoría identificados como policías municipales vestidos de civil. Varios periodistas que cubrían los disturbios fueron acosados por manifestantes y sujetos armados, según investigaciones del CPJ.

El 27 de octubre, Bradley Roland Will, cineasta independiente de Illinois y reportero para el sitio Web de noticias radicado en Nueva York Indymedia, fue asesinado durante un conflicto callejero entre manifestantes antigubernamentales y hombres vestidos de civil, identificados por testigos como supuestos funcionarios del gobierno de Ruiz. El asesinato de Will sigue sin resolverse.

Las protestas callejeras en contra del gobierno han disminuido este año aunque la tensión se mantiene alta. Al acercarse las elecciones del 5 de agosto, manifestantes instaron a los votantes a no apoyar a candidatos del Partido Institucional Revolucionario (PRI), al cual pertenece Ruiz. El PRI se ha mantenido en el poder en Oaxaca durante más de 70 años. El período de Ruiz se termina en el 2010.


El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

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sábado, agosto 04, 2007

PERIODISTA DENUNCIA VETO OFICIAL PARA LABORAR

Al presidente de la República, Felipe Calderón.
Al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.
A las comisiones de los derechos Humanos.
Organizaciones independientes de periodistas del país.
Medios de comunicación locales y nacionales.
Compañeros, colegas.


Por medio del presente hago constar que he sido objeto de acoso y veto laboral por parte del titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chiapas, Jaime Culebro; del director de Información de la misma, Jacobo Elnecavé Luttman y del director de Publicidad de Medios Electrónicos, Jean Paul Marmolejo Campos.

Es penoso que en Chiapas, medios de comunicación “particulares”, tengan que pedir permiso y autorización al gobierno para contratar a determinado personal, es mi caso que en cinco medios de comunicación electrónicos (radio y televisión), los funcionarios arriba citados, me hayan vetado violentando mis derechos laborales y humanos, por la terca idea de que soy “joseanista” y no me incliné a favor de su candidato, hoy gobernador, en las campañas próximas pasadas.

Iba a guardar silencio como muchos, pero al verme imposibilitado de obtener otros ingresos y correr el riesgo que por segunda ocasión, me puedan “hackear” mi página web (www.informativochiapas.net) hago esta denuncia pública, haciendo responsables además, a los funcionarios del gabinete sabinista citados, por lo que pueda pasarle a mi página, a mi persona y a mi familia.

Ellos saben perfectamente bien que mi actitud en las campañas proselitistas de agosto pasado, fue de defensa, al verme acorralado, suspendido 6 días (del 16 al 21 de agosto) del noticiario que conducía y grabada una conversación telefónica –por Jean Paul Marmolejo Campos- con el propósito de provocar mi despido de la empresa radiofónica en donde prestaba mis servicios.

Entiendo que no soy del agrado de estas personas y del gobernador, pero tampoco es para que me impidan trabajar; y no soy el único, en los próximos días iniciarán en medios impresos.

No pido más, pero tampoco pido menos, nada más quiero trabajar.

Atentamente

Francisco Javier Andrade Madrigal
Director general de Informativo Chiapas

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