Golpean a articulista de Cuarto Poder

ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 01 de mayo (apro).- Crítico de los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y ahora del actual mandatario Juan Sabines Guerrero, el columnista de Cuarto Poder, Roberto Domínguez Cortés fue agredido de “un garrotazo” este jueves mientras corría en un parque deportivo de esta capital.
Como todas las mañanas, Domínguez Cortés acudió a hacer ejercicio en el parque deportivo Caña Hueca, pero a diferencia de otros días, hoy al menos dos personas que simulaban hacer trotar en sentido contrario se le fueron encima con un garrote en mano.
Con el madero pretendieron darle en el rostro, sin embargo, al esquivarlo solo pudieron asestarle el golpe a la altura de la frente. El periodista cayó y rodó para evitar fuera pateado como suponía.
Al ver el incidente, un grupo de personas que conocen al articulista intervino inmediatamente, por lo que sus agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.
El médico Juan de Dios Domínguez, que justo hacía ejercicio en ese parque deportivo, socorrió en Domínguez Cortes, para trasladarlo a una clínica privada.
Según su médico, Hernán León Velasco del Sanatorio Paredes, sufrió traumatismo craneoencefálico, presentó mucho sangrado y se le ha diagnosticado un coágulo de sangre que deben drenarle.
Amigos , familiares y compañeros del gremio periodístico acudieron al hospital privado para solidarizarse con el agraviado.
En tanto que el Ministro de Justicia del Estado, Amador Rodríguez Lozano, dijo en un comunicado que “se está investigando la agresión de la que fue víctima el columnista… quien ya rindió su declaración ministerial de los hechos y ha sido atendido por el Fiscal de Delitos Cometido contra Periodistas para dar con los responsables de tan lamentable acto que atenta contra la libertad de expresión”.
Domínguez Cortes fue asesor jurídico del diario local que se distinguió por su animadversión al gobierno de Salazar, luego de que sus editores, Conrado de la Cruz y María Morales, fueran víctimas de actos de persecución, hostigamiento, encierro y despojo de sus propiedades en el sexenio del 2000 al 2006.
El articulista chiapaneco fue también perseguido en el sexenio pasado en un caso judicial, mediante el cual se le pretendía despojar de la patria potestad de sus nietos a su hijo Roberto Domínguez. Derivado de ello, sufrió cateos a su domicilio, vigilancia policiaca y otros actos de hostigamiento judicial.
En mayo del año pasado, en ese mismo parque donde fue agredido hoy, Domínguez Cortés se topó con el gobernador Pablo Salazar y tras ofenderse verbalmente ambos, el exmandatario salió huyendo custodiado por sus guardaespaldas.
Desde hace unas semanas, el articulista de Cuarto Poder dejó de publicar en el diario, luego de que lanzara fuertes críticas al gobernador Juan Sabines Guerrero así como a algunos de sus colaboradores y amigos como el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano y el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello.
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Programa de radio Palabra Libre donde se abordó esa agresión.

http://miguelgonzalezalonso.com/palabralibre/wp-content/uploads/palabra/pl01mayo08.mp3

Estas son algunas de sus más recientes columnas críticas a algunos personajes de la política local. Pero ha sido un duro crítico del sexenio pasado y del actual gobernador Juan Sabines Guerrero, del alcalde de Tuxtla, Jaime Valls Esponda; del titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano; del senador del PVEM, Manuel Velasco Coello y otros

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS CUARTO PODER
25 de enero del 2008
Hojas Libres

Ministerio de Justicia por la represión

Amador Rodríguez quiere aprehensión

El 8 de agosto de 2006, 42 elementos de la policía judicial y de seguridad pública catearon mi domicilio. Fue una de las tantas barbaries alentadas y ejecutadas desde la represión y la venganza de Pablo Salazar. Bastó una sentencia de carácter civil, para que un mercenario de la procuración de justicia, Orlando Fonseca Tapia, integrara en tan sólo 3 días una averiguación previa por privación ilegal de la libertad y obtuviera del juez de consigna Walter Constantino Vleeschower la orden de cateo. Fue el pretexto ideal para secuestrar a los menores Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya.

Desde el proceso judicial familiar todo fue absolutamente irregular. La señora Rocío del Carmen Zozaya Bassoul demandó a Roberto Domínguez Moscoso por controversias del orden familiar. La ignorancia y la complicidad de la Juez primero de lo familiar, Norma Acuña Velásquez, fue determinante. A Roberto Domínguez Moscoso jamás se le notificó que había una demanda en su contra y fue sentenciado a la entrega de sus menores hijos sin que fuera requerido oficialmente. La juez Norma Acuña actuó con dolo y mala fe. Bajo la aberrante argucia de que Roberto Domínguez Moscoso no había concurrido a juicio, doña Norma (que sólo por nombre debería ser respetuosa de la ley) ordenó proceder a notificarle por edictos en el Periódico Oficial del Estado.

Sólo que la juez evadió las disposiciones legales. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, ordena que la primera notificación deberá ser ineludiblemente en forma personal. Las notificaciones por edictos en el Periódico Oficial sólo son procedentes cuando se trata de personas inciertas o se desconozca su domicilio de manera absoluta. Roberto Domínguez Moscoso siempre ha vivido en Tuxtla, su domicilio es ampliamente conocido, su centro de trabajo bien ubicado y sus hijos acudían con toda regularidad al Colegio Bilingüe Americano Emilio Rosenblueth.

La sentencia del Juez Primero de Distrito Jorge Carenzo Rivas dejó en evidencia la incompetencia de la juez Acuña: "La falta de notificación personal constituye una de las violaciones procesales más graves de las Garantías del gobernado." Esto quiere decir que a Roberto Domínguez Moscoso se le negó su Garantía de Audiencia. De manera irregular fue sentenciado sin haber sido oído ni vencido en juicio. Pero las pifias de Norma Acuña continuaron. En el colmo decretó arraigo a los 2 menores de edad (era la segunda vez) y la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia revocó una resolución expedida tan a la ligera. Sin ninguna justificación ordenó la comparecencia y otra vez la sala civil le enmendó su pésimo proceder. Norma Acuña fue recusada y también la sala civil dispuso que ya no podía seguir en conocimiento de un juicio tan pésimamente llevado. Con 4 enmiendas en una sola controversia, seria suficiente para destituir a Norma Acuña y sujetarla a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por falta de observancia a la ley, el Juez Primero de Distrito ordenó a Norma Acuña reponer el procedimiento a partir del ilegal (sic) emplazamiento. Con ello quedaba sin efecto la ilegal sentencia de fecha 3 de abril de 2006. Se exoneraba así a Roberto Domínguez Moscoso de cualquier responsabilidad civil o penal que pudiera tener, además de que nunca existió el delito de privación de la libertad.

Por esa circunstancia, la juez Norma Acuña comunicó a Orlando Fonseca Tapia de la existencia del Amparo, la anulación de la sentencia y que el juicio de controversias del orden familiar quedaba bajo la jurisdicción del juzgado primero de lo familiar. Ni más ni menos. Que penalmente nada hay que perseguir y todo queda en el ámbito civil. Así de claro. Y aún sin delito de por medio, Orlando Fonseca Tapia consignó la averiguación previa al juzgado primero penal y solicitó orden de aprehensión en contra de mi esposa Gloria, de mi hijo Roberto y del suscrito por el delito de sustracción de menores. Así lo informó Fonseca Tapia al juez segundo de distrito apenas el 3 de enero de 2008.

Lo grave de esta nueva aberración de la procuración de justicia en Chiapas es que el informe al juez segundo de distrito se dio ya con la anuencia de Amador Rodríguez Lozano como Ministro de "Justicia." O sea, la amenaza y la represión como forma de disuasión de la Libertad de Expresión. Sabe Rodríguez Lozano que no hay y nunca ha habido delito, y ordena a uno de sus esbirros informar a la autoridad federal que en cualquier momento puede ejecutarse una arbitraria orden de aprehensión. Sumado a la represión tampoco hay capacidad. Amador Rodríguez ni siquiera ha sido ministerio público como para justificar su estancia en lo que debería ser una auténtica representación social de los chiapanecos, además de que como bajacaliforniano desconoce en absoluto nuestro Estado.

Sólo en Chiapas ocurren esas cosas. Exactamente por el mismo asunto se juzga a la misma persona en dos jurisdicciones diferentes. A Roberto Domínguez Moscoso se le imputa una causa penal con delitos inventados, mientras un juez familiar, con base en la ley, tiene bajo su competencia dirimir un conflicto de orden familiar.

Mantener abierta una averiguación previa y en el exceso solicitar y solapar una orden de aprehensión sin ningún fundamento, hace a la autoridad acreedora a que se le inicie una averiguación previa. Así lo estipula el Código Penal, al tipificar que son delitos cometidos en la administración de justicia, cuando se conozca de negocios para los cuales se tenga impedimento legal para ello. Amador Rodríguez y Fonseca Tapia, en éste juicio en particular, no son autoridades competentes como lo manda el artículo 16 de la Carta Magna. Se han excedido en sus facultades, no son jueces de lo familiar y sin embargo en uso y abuso del poder se han inmiscuido en una controversia que corresponde exclusivamente a la autoridad civil.

Esa es la nueva justicia que esperan los chiapanecos.

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ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
CUARTO PODER
4 de febrero del 2008
Hojas Libres
Amador Rodríguez, otra vez el engaño
Ordenes de aprehensión sin sustento

En entrega anterior hice referencia a la solicitud que Orlando Fonseca Tapia dirigió al juez penal con sede en Cintalapa para pedir se librara la correspondiente orden de aprehensión en contra de mi esposa, mi hijo y del propio suscrito. Carente de toda ética profesional y calidad moral y sin ningún sustento jurídico, Fonseca Tapia consignó una averiguación previa en la que jamás existió delito, pero si acaso hubiera existido, el juez primero de distrito concedió "el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Roberto Domínguez Moscoso y en representación de sus menores hijos Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya."
Lo grave es que el propio Ministro de "Justicia" Amador Rodríguez Lozano participa del engaño y la farsa con que su subordinado Orlando Fonseca se ha conducido ante los tribunales federales. El pasado 24 de enero, Rodríguez Lozano hizo una visita de cortesía a las instalaciones del Cuarto Poder. Con debida anticipación, comedidamente la profesora María Morales Ruiz me comentó que en la primera oportunidad preguntaría a Amador por el curso de la averiguación previa. Pedí no hacerlo puesto que la justicia federal se encargaría de poner las cosas en orden.
Más adelante la profesora me dijo: "De todos modos ya pregunté a Amador por tu situación jurídica y la de tu familia, y me dice que no hay nada. Que no hay ninguna averiguación previa. Y que en todo caso el juicio puede seguirse por la vía civil." Evidentemente Rodríguez Lozano mintió y engañó a la directora del Cuarto Poder. Apenas con fecha 3 de enero de 2008, el MP Orlando Fonseca Tapia rindió informe al Juez Segundo de Distrito J. Martín Rangel Cervantes por el cual hace de su conocimiento que la averiguación previa ha sido consignada "ejercitándose la acción penal, instruida por el delito de Privación de la Libertad en su modalidad de Sustracción de Menores en contra de Roberto Domínguez Moscoso, Roberto Guadalupe Domínguez Cortés y Gloria Moscoso Pohlenz en agravio de los menores Roberto y María Fernanda Domínguez Zozaya, para efectos de que previo análisis se sirva librar la correspondiente orden de aprehensión en contra de los citados inculpados."
La confusión premeditada llegó también a la Asociación Mexicana de Editores (AME) por las informaciones contradictorias entre lo manifestado por Amador Rodríguez Lozano y lo publicado en Hojas Libres el 25 de enero anterior en las que se denunciaba una triple orden de aprehensión. En el homenaje a Conrado de la Cruz Jiménez, Gabriel Ibarra Bourjac, secretario técnico de la AME, expresó la preocupación de la organización por la existencia de la averiguación previa y las ordenes de aprehensión denunciadas. Por supuesto que Ibarra Bourjac fue muy claro cuando dijo que no se trataba de avalar impunidades y que de haber incurrido en desacato a la ley, había que responder por los hechos imputados. Pero también advirtió que si no había materia para sostener una investigación penal, la AME pugnaría por el respeto irrestricto a la ley.
Lo cierto es que durante meses, el ministerio público con la venia de sus superiores, ha engañado al Juez de Distrito. Al existir un Amparo absolutorio automáticamente queda sin efecto la sentencia civil que dio origen a la inventada averiguación previa, pero además hay un comunicado de la Juez Norma Acuña por el cual hace saber a la autoridad ministerial que la sentencia ha sido declarad a nula, y por tanto el juicio se reinicia bajo la potestad y jurisdicción exclusiva del Juzgado Primero de lo Familiar.
Primero Orlando Fonseca informa al Juez Segundo de Distrito que no es posible determinar el No Ejercicio de la Acción Penal, y después, ya urgido por la autoridad federal se le exige que diga sí hay delito o no hay delito, después de meses de poner toda clase de trabas para esconder información. Y finalmente manifiesta el 3 de enero que la averiguación previa ha sido consignada.
Aberración de aberraciones y todo un caso para la procuración de justicia en Chiapas. Con la misma sentencia del 3 de abril del 2006, al margen de la ley y sin tener competencia el MP Fonseca Tapia, se juzga simultáneamente en la vía penal por sustracción de menores y al mismo tiempo se ventila un juicio de Guarda y Custodia en un juzgado familiar.
De ahí que quienes han obrado con dolo y mala fe, para mantener en la incertidumbre jurídica a los perversamente señalados como indiciados, han incurrido en delitos perfectamente tipificados en el Código Penal y en delitos previstos en la Ley de Amparo por rendir informes incompletos y manipulados ante el Juez de Distrito.
Ahora Orlando Fonseca trata de justificar su penosa actuación ante el Juez Federal, con el cuento de que rindió un informe incompleto "para guardar la debida secrecía y sigilo" en virtud de que el suscrito como inculpado no tuviera [yo] conocimiento del asunto. Ya se habrá dado cuenta que mi familia y yo jamás nos hemos escondido. Que seguimos la rutina y las actividades normales de todos los días. Que infinidad de veces he estado en las oficinas de Fonseca Tapia para solicitarle información muchas veces negada. Y que la última vez que estuve en el ministerio pregunté a una de las auxiliares -en frente del mismo Fonseca- que sí ahí despachaba un tal Fonseca Tapia, un delincuente que se dice ministerio público. Ampliaremos...

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ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS CUARTO PODER
11 de febrero del 2008
Hojas Libres
El pueblo murmura y no lo ve bien
Nepotismo y prostitución institucional
A mediados de 1978 el presidente José López Portillo llamó a Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, para preguntarle su opinión sobre un movimiento que pensaba hacer en el gabinete presidencial. Pensaba incluir a Rosa Luz Alegría Escamilla como la primera mujer en la historia de México en ocupar una secretaría de Estado. Sin sorpresa Reyes Heroles fue lacónico y directo: "Señor Presidente: el pueblo murmura, y usted sabe a lo que me refiero. El pueblo murmura señor Presidente."
La referencia era directa. Reyes Heroles tenía como subsecretario de Gobernación a don Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre leyenda con el privilegio de la información de los entresijos del sistema político mexicano y de las virtudes y debilidades de sus principales actores, desde 1952 en que se incorporó como jefe de Control de Información de la entonces Dirección Federal de Seguridad. Un ex gobernador de Chiapas refiere que cuando López Portillo, ya Presidente electo, Gutiérrez Barrios se presentó ante el presidente Luis Echeverría para informarle que Rosa Luz Alegría era más que una simple colaboradora de campaña de López Portillo.
La noticia era dolorosa para el Presidente al que sólo quedaban cinco meses en la casa presidencial de Los Pinos. José López Portillo había sido su amigo de infancia, de juventud, de estudios y de un viaje a Chile. Y Rosa Luz fue su nuera, esposa de Luis Vicente su hijo mayor.
La actitud de López Portillo formaba parte del ritual sexenal a que los presidente se sometían a un febril amor, paralelo al de de la consorte. Durante el sexenio del presidente Fox, el pueblo que no se equivoca acuñó la frase que resumía la vida amorosa de 177 años de vida republicana sobre las prácticas sexuales de los gobernantes: "Antes los presidentes entraban con esposa y salían con amante. Ahora -en referencia a Vicente Fox- entran con amante y salen con esposa."
Por tradición, la usanza viene desde el imperio de Iturbide en el primer momento de la independencia, acaso el más siniestro de los cónyuges en la historia de México. Alucinado por María Ignacia "la Guera" Rodríguez, cometió el acto de mayor perfidia que se registra. El libertador -lo fue por conveniencia- falsificó una carta en la que su esposa Ana María Josefa Ramona -a la que siguen 5 apellidos- se dirigía supuestamente a uno de sus amantes. La traición fue suficiente para que don Agustín obtuviera el divorcio y procediera al encierro de su esposa en un convento. En abono -si cabe- a la mala conciencia de Iturbide, hay que rescatar la parte institucional. Con toda la carga pasional del fugaz emperador ni siquiera pensó ungir emperatriz a "la Guera" Rodríguez ni menos conferirle responsabilidad pública alguna.
Fue precisamente la frivolidad de José López Portillo que lo llevó a los extremos de nombrar Secretaria de Estado a su protegida predilecta. Después de la plática con don Jesús Reyes Heroles -el pueblo murmura- éste abdicó a la Secretaría de Gobernación en mayo de 1979, y en agosto de 1980, López Portillo entregaba en señal de amor la titularidad de la Secretaría de Turismo. Don José cometía el incalificable atentado en contra del pueblo mexicano al cederle a su inspiradora funcionaria la cogobernación de la República. El status cuasi conyugal de la pionera Secretaria le permitía inmiscuirse en otras áreas del gabinete presidencial. Se inauguraba así en la República la prostitución institucional.
En el exceso, el entonces Presidente utilizó el nepotismo y las relaciones de alcoba para operar su propia sucesión presidencial y mandar el ominoso mensaje a la Nación. Nombró al orgullo de su nepotismo José Ramón López Portillo, su hijo, subsecretario con Miguel de la Madrid, igual que subsecretaria a Rosa Luz Alegría para acercarlos convenientemente con el que sería el próximo Presidente de México. Sólo que Rosa Luz no era cualquier subsecretaria. Era la encargada de organizar las inútiles y fastuosas reuniones de la República en las que los tres poderes, el gabinete en pleno y todos los gobernadores rendían culto a las veleidades presidenciales. El intento no prosperó. Rosa Luz y José Ramón se quedaron en el desempleo después de 1982.
Los casos de confusión entre el ejercicio del poder y el uso de las sábanas a gran escala los inició López Portillo. Más de un obnubilado gobernante se niega a aceptar que el cargo tiene fecha de caducidad y actúan como si fuera vitalicio. Cuando vuelven a la realidad se encuentran en desgracia social, vilipendiados, humillados y sobre todo señalados a perpetuidad. Sólo es cosa de esperar pacientemente (don Pepe López es el mejor ejemplo). Varios casos ilustran la herencia lopezportillista. Un gobernador de Tamaulipas de los años noventa cometió el desacato de imponer como alcaldesa de Nuevo Laredo a quien en ese momento se le relacionaba sentimentalmente.
Muy cerca aquí en Chiapas, Pablo Salazar abusó de sus escarceos amorosos. Patricia Flores Gutiérrez usufructuó durante seis años cargo público generosamente retribuido. El abuso y el beneficio alcanzaron a su familia con concesiones al trasporte público, cambio de la humilde residencia y el aseguramiento económico por el resto de la vida.
El modelito patentado por López Portillo ha sido adoptado en más de una ocasión. Se hacen reformas administrativas que no obedecen a las necesidades de la administración sino al deliberado propósito de beneficiar con quien se comparte más que una relación laboral. De nuevo se recurre al expediente de elevar una oficina de tercer nivel al rango de Secretaría y la pretensión de nombrar Secretaria a quien no cubre el mínimo perfil: sin trayectoria, un nivel intelectual ínfimo y no se sujeta a los requisitos de edad que exige la Constitución.
La vida privada es respetable y allá cada quien su vida. Pero la cosa cambia cuando a partir del abuso de poder, las relaciones extra maritales pasan por la nómina, y sobre todo sin merecimiento a la favorita se le acomoda en la alta burocracia. El asunto privado se convierte en una cuestión de Estado que interesa y pasa a ser del dominio de los ciudadanos y los electores. Crear burocracia innecesaria es una forma de gastar los dineros del pueblo para beneficio de un circulito y en detrimento de obras públicas y sociales.
Todos los estados de la República tienen un sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Se entiende que uno de sus postulados fundamentales es la integración familiar y destruir el abominable hábito de la violencia familiar. Por el contrario, conductas opuestas llevan implícito el germen de la desintegración familiar y una forma encubierta de violencia familiar. Los acalorados reclamos se vuelven cosa de todos los días. Y curioso, durante la presidencia de López Portillo se cambió la denominación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) por el de DIF, como concepto más amplio de familia y más allá de la atención exclusiva a la niñez. Son pues los propios promotores de la integración familiar, los primeros encargados en destruirla.

Cobra pues vigencia la sentencia del ideólogo, historiador y político Jesús Reyes Heroles: "Otra vez el pueblo murmura y todos saben a lo que me refiero." Ampliaremos...

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ROBERTO DOMíNGUEZ CORTéS
Cuarto Poder
20 de febrero del 2008

Hojas Libres

Ministerio de Justicia y de traiciones

Amador Rodríguez el gran ausente

Cuando se integró el equipo de Amador Rodríguez Lozano para seguirlo como Ministro de Justicia, dos nombramientos llamaron la atención: el de Gilberto Monzón Velasco como Fiscal General Adjunto, segundo en el mando de la procuración de justicia, y el de Guillermo Penagos Villar, Fiscal de Distrito Metropolitano y sucesor de Marcelo Vega. Hasta ese 1 de noviembre de 2007 no se le conocía a Monzón Velasco relación alguna con el sabisimo a través de Rodríguez Lozano, y menos experiencia alguna que acreditara y justificara su presencia en encomienda tan delicada en funciones de representante social.

La razón es simple. A Gilberto Monzón y a Penagos Villar siempre se les identificó con la causa de José Antonio Aguilar Bodegas, como candidato del PRI a la gubernatura del Estado. Socios en el despacho que ambos mantienen en el Mirador a unos cuantos pasos de la casa de gobierno, pusieron su experiencia jurídica-electoral al servicio de José Antonio para desvirtuar el reconocimiento a Juan Sabines como gobernador electo. Parte de la trama ocurrió en el hotel Palapa Palace del fraccionamiento la Herradura el 25 de agosto de 2006.

Reunidos en esa ocasión Gilberto Monzón, Guillermo Penagos, Mario Carlos Culebro, y el suscrito en funciones de representante de la coalición PRI-PVEM ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) los actuales altos funcionarios del Ministerio de Justicia emitían variadas opiniones sobre como evitar que el Consejo General del IEE entregara a Juan Sabines la constancia de mayoría que lo acreditaba como Gobernador electo. Los argumentos urgían. El domingo 27 de agosto había sesión de Consejo General para reconocer el triunfo de Sabines. En opinión de Monzón y de Penagos no procedía la entrega de la constancia de mayoría a partir de la interpretación del párrafo 28 del artículo 19 de la Constitución de Chiapas y de los artículos 251, 252 y 253 del Código Electoral. El razonamiento de Monzón Velasco y Penagos Villar se reducía a que mientras existiera una sola impugnación, el IEE quedaba imposibilitado para extenderle reconocimiento alguno a Sabines. Y el candidato del PRD estaba impugnado en los 24 distritos. Y si alguien sabía de lo que hablaba era precisamente Gilberto Monzón. Había sido presidente del Instituto Estatal Electoral.

Más adelante volvieron a simpatizar con la causa priísta. El diputado federal Mario Carlos Culebro Velasco, se inconformó ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) por la arbitraria decisión de Arely Madrid de incluirlo hasta el octavo sitio de la lista de candidatos a diputados plurinominales locales. Su defensa al igual que la de Aguilar Bodegas la llevaron Gilberto Monzón y Guillermo Penagos. Sólo que en ésta ocasión ya se percibió un cambio significativo. Mario Carlos fue abandonado a su suerte. Guillermo Penagos jamás le volvió a contestar el teléfono para cuando menos informarle como iba su causa en el TRIFE. Se infiere entonces que de pronto hubo buenas perspectivas en el Ministerio de Justicia. La elección de diputados locales fue el 7 de octubre, y apenas 24 días después, el uno de noviembre, Monzón y Penagos se trepaban al Ministerio santanista de Amador Rodríguez Lozano.

La inclusión de Mauricio Mendoza Castañeda como director Jurídico Normativo del Ministerio de Justicia, es otra de las pifias en la nominación de los colaboradores más cercanos de Amador Rodríguez Lozano. El popular "Mau" -ahora miau- fue el autor de la fallida Controversia Constitucional para evitar que la "Chacha" Pariente asumiera como presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez. Medianamente informado de las sutilezas del Derecho Constitucional se le olvidó agotar el principio de definitividad ante la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia.

Comprometido hasta el tuétano con la causa Joseanista, Mauricio Mendoza fue el encargado de "armar" toda la defensa ante el TRIFE para revertir el resultado electoral del 20 de agosto de 2006. Y después de que el TRIFE validó la elección de gobernador, Mendoza Castañeda distribuyó un cuadro comparativo en el que resaltaba las casillas anuladas a Andrés Manuel López Obrador -sobre todo en rincón Chamula- y que sin embargo en la elección del 20 de agosto, por las mismas causas, el TRIFE determinó la improcedencia de anular las mismas casillas para la elección de Gobernador.

Pero Mauricio Mendoza fue todavía más allá. En el fragor de la contienda electoral utilizó la propaganda negra en contra de Juan Sabines, con un video que en su leyenda final sentenciaba: "¿Esto es lo que quieres para los próximos seis años?" Después traicionó al PRI desde su condición de representante ante el Instituto Estatal Electoral. Pero esa es otra historia.

Y lo grave es que Amador no sabe, no tiene tiempo y no puede controlar la actuación de sus subordinados. Mientras el gato sale los ratones hacen fiesta. Más preocupado por sus intereses en Baja California se desentiende de sus deberes fundamentales como el Ministerio Público de los chiapanecos. Desde el jueves en la tarde, o a más tardar el viernes, atraviesa la República de extremo a extremo para estar entre los suyos los fines de semana. Y todo con cargo al bolsillo de los chiapanecos.

Para viajar utiliza -igual que Pablo Salazar- indiscriminadamente el equipo aéreo del gobierno del Estado. Queda a su disposición por todo el fin de semana el Lear Jet, XE, extra coca, HHJ hotel, hotel, Julieta, como usufructuario dispendioso en el ejercicio del poder. Para Mexicali en viaje redondo desde Tuxtla son ocho horas de vuelo. El costo por hora es de dos mil dólares, lo que quiere decir que cada viaje del señor Ministro le cuesta al Estado algo así como 180 mil pesos. Y mientras aquí el Ministerio -para decirlo en lenguaje aeronáutico- camina por instrumentos.

¿Estará enterado Amador Rodríguez lo que hacen sus fiscales durante sus ausencias y aún en su presencia? Si no lo sabe aquí se lo diremos en próxima entrega. Sería lamentable que se enterara por este medio y no por estar pendiente de su delicada encomienda. Ampliaremos...

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ROBERTO DOMíNGUEZ CORTéS Cuarto Poder
14 de marzo del 2008

Hojas Libres

Libertad de Expresión y Derechos Humanos

Obligada reserva de fuentes de información

Creo que la expresión sí puede ser un error, jamás un delito. Debemos detener las persecuciones y atropellos contra los periodistas. Es preferible el exceso en el ejercicio de un derecho, que limitar la cabal expresión de las libertades.

Francisco Zarco

Hace dos semanas se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un encuentro entre diversos comunicadores y la Comisión de Seguimiento por las Agresiones a Periodistas, presidida por el diputado Gerardo Priego. "Crimen Organizado y Abuso de Poder: Retos y Futuro de la Libertad de Expresión en México" fue el título del evento al que concurrieron conferencistas expertos en el tema, además de la presentación de ponencias en la que se denunciaron los usos autoritarios del poder.

Llamó la atención que durante una de las intervenciones se pidiera la creación de una Fiscalía especializada para atender los asuntos relacionados con agresiones a periodistas y medios de comunicación. Se olvidó que desde el 2005, la Fiscalía propuesta se creó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Editores (AME) y la Procuraduría General de la República (PGR). El antecedente se dio a raíz del asesinato de Raúl Gibb Guerrero propietario de Opinión de Poza Rica y Guadalupe García Escamilla periodista en radio de Tamaulipas, la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Sonora y la persecución en contra de Cuarto Poder de Chiapas.

Reunida en pleno la estructura de la PGR con todos los sub procuradores y el Comité Ejecutivo Nacional de la AME, el procurador general Rafael Macedo de la Concha, instruyó a los sub procuradores Gilberto Higuera Bernal de Control Regional y Amparo, y Mario Álvarez Ledesma de Derechos Humanos, para presentar a la brevedad una propuesta encaminada a salvaguardar los derechos de los periodistas. Fue así como surgió la Fiscalía especializada en el país desde tres años antes de la que ahora se ha propuesto su creación. Durante semanas, cada martes, en la sede de la sub procuraduría de Derechos Humanos se reunía una comisión de la AME con los dos sub procuradores para afinar los detalles de la futura Fiscalía.

Paralelo a ésta Fiscalía se creó además un Centro de Atención Ciudadana para los casos vinculados con periodistas, bajo la responsabilidad de la propia sub procuraduría de Derechos Humanos. El paso era trascendental y se trataba de una innovación, a partir de que el propósito fundamental era otorgar protección y seguridad contra ataques, intimidaciones, amenazas y el respeto a las fuentes de información. Esto último, incluso aún antes de que se dieran los primeros encuentros entre la Procuraduría General de la República y la Asociación Mexicana de Editores.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2002, el general Rafael Macedo de la Concha emitió el Acuerdo A/118/2003 por el cual se establecen los lineamientos a observar tanto por parte del Ministerio Público Federal, como de la Agencia Federal de Investigación para proteger las fuentes de información de los periodistas cuando se les requiera como testigos. Hasta antes de éste Acuerdo, no se conocía en toda la República disposición similar alguna. Por el contrario, se amenazaba con averiguaciones previas y cárcel a quien tuviera información privilegiada que no pudiera documentar su origen. Por eso ahora que algún despistado funcionario se ha presentado como pionero del respeto a la confidencialidad de las fuentes de información ha llegado con un lustro de retraso.

Para quien no entiende de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, la sola invocación a respetar las fuentes de información va mucho más allá de cualquier pose retórica-demagógica. Para quienes tanto la manosean y no la entienden, la Libertad de Expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales que protegen los derechos y deberes del hombre. Es un derecho Constitucional de libertad para buscar, recibir y difundir toda clase de informaciones que interesan a la sociedad, sin que pueda reconvenirse a sus autores por el hecho de denunciar gobiernos represores y arbitrarios.

De ahí que las declaraciones de principios sobre Libertad de Expresión, son un llamado universal a que a todo comunicador social se le tiene que respetar su decisión de mantener en secreto sus fuentes de información. El acuerdo en mención es categórico en éste sentido: "El periodista o comunicador en cuestión, no podrá ser obligado a declarar respecto de sus fuentes de información." E incluso, la simple citación a comparecer como testigos los periodistas que posean información obtenida en el desempeño de su actividad, queda sujeta a determinados requisitos que el Ministerio Público Federal está obligado a observar: "Que de las constancias de la averiguación previa se desprende que el testimonio del periodista o comunicador pueda ser de importancia esencial para el perfeccionamiento de la averiguación previa." Con ello se evita que el representante social proceda a inútiles citatorios con evidente propósito intimidatorio como muy a menudo ocurre.

Pero además hay otra prevención para que el Ministerio Público pueda justificar la comparecencia: "Que la citación no ponga en peligro la integridad psicofísica del periodista o comunicador, de su familia o de sus fuentes de información... y además no se ponga en riesgo la seguridad de otros periodistas."

Así, mientras el país avanza hacia otros estadios de desarrollo social y político, aquí se juega al libre ejercicio periodístico, se perfeccionan los métodos de censura y se advierte que hay periodistas non gratos que no caben en ningún medio. Ampliaremos...

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