Organismos nacionales se solidarizan con corresponsales de Proceso y La Jornada

Denuncian periodistas campaña de calumnias; el gobierno estatal, involucrado

Alertas by CEPET

Julio 23, 2010

El corresponsal del semanario Proceso

México, 23 de julio, 2010 (CEPET). Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en Chiapas de la revista Proceso y del diario La Jornada, respectivamente, denunciaron una campaña de calumnias iniciada en su contra para descalificar su trabajo, en la cual participan activamente medios dependientes del gobierno de ese estado del sureste de México.

En conversación con el CEPET, los periodistas atribuyeron los ataques a la molestia existente entre funcionarios del gobierno de Juan Sabines Guerrero, por la cobertura periodística que ambos han dado a actividades de organizaciones, grupos inconformes y críticos de las decisiones de la autoridad estatal.

A través de notas sin firma, publicadas en algunos medios, tanto Mandujano como Mariscal son acusados de participar en una estrategia de desestabilización para generar una imagen de represión por parte del gobierno estatal contra movimientos sociales, al tiempo que se exhiben sus rostros y se les acusa de manipular la información.

Asimismo, se han hecho circular correos enviados desde una supuesta dirección electrónica de la reportera de La Jornada, en el cual promete “apoyos” a cambio de apoyo a las movilizaciones de protesta, y cuya autoría fue negada por la propia Mariscal.

Las acusaciones contra ambos reporteros también han sido difundidas a través del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, particularmente a través del programa Palabra Libre, conducido por Miguel González Alonso, en el cual —asegura Mandujano— se ha dedicado hasta una hora entera para denostarlos en lo personal.

El corresponsal de Proceso destacó que ya solicitaron una reunión con el gobernador Juan Sabines para intentar detener los ataques desde su administración, además de que con la asesoría del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en temas de derecho de acceso a la información, Ernesto Villanueva, interpondrán una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas por el uso de una emisora del Estado para agredir a comunicadores.

Ambos periodistas tienen previsto, también, presentar una denuncia por las calumnias en su contra y por el uso del nombre de Ángeles Mariscal en correos que intentan desacreditar su trabajo como informadora. Asimismo, buscarán el apoyo del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de que se dicten medidas cautelares para prevenir cualquier agresión motivada por los señalamientos en su contra.

Además del apoyo de varias organizaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifestó su repudio por la campaña de difamación contra lo informadores, cuya solvencia moral avaló, y consideró que “hechos como estos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información, además de que incrementan el riesgo para las personas que ejercen el periodismo en el estado de Chiapas y en todo el país”.

CDHDF REPUDIA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN EN CONTRA DE PERIODISTAS EN CHIAPAS

Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos México, D.F., a 23 de julio de 2010. Boletín de prensa 202/2010 CDHDF REPUDIA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN EN CONTRA DE PERIODISTAS EN CHIAPAS

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, se une a las voces ciudadanas que repudian la campaña de difamación que se ha desatado contra los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revistaProceso y del diario La Jornada en el estado de Chiapas. Los agraviados han dado voz a diversos actores políticos y sociales de dicha entidad, lo cual ha generado conflictos y actos de discriminación por parte del Gobierno estatal y otros grupos de poder locales. En este sentido, la CDHDF comparte y promueve la postura de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) en el sentido de que "La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público". Cabe destacar que los periodistas relataron a la CDHDF que, en últimas fechas, distintas organizaciones sociales de Chiapas que tienen diferencias de percepción y de criterio con las autoridades locales, han expresado críticas, juicios de valor y consideraciones que pueden molestar o incomodar a algunos servidores públicos del Gobierno del estado. La cobertura que han dado Mandujano y Mariscal a esas informaciones provocó una campaña de difamación en su contra e incluso que se exhiban sus fotografías en sitios web y redes sociales, donde se pretende relacionarlos con intereses y grupos políticos. De igual forma dijeron a la CDHDF que existen elementos que permiten suponer que los agresores han incurrido en delitos cibernéticos pues se ha circulado por Internet un correo electrónico supuestamente enviado desde la dirección electrónica personal de Ángeles Mariscal, hecho que la periodista niega rotundamente. A esto se suma que los reporteros han sido objeto de expresiones difamatorias y calumniosas a través de distintos medios, entre ellos, los pertenecientes al Gobierno del estado, como el Sistema Chiapaneco de Radio. Ante este panorama de intimidación y hostigamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que es obligación de las autoridades abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados y el derecho a la libertad de expresión de las personas en general, y de los periodistas en particular. Hechos como estos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información, además de que incrementan el riesgo para las personas que ejercen el periodismo en el estado de Chiapas y en todo el país. Por ello urge a las autoridades federales a acelerar los procesos de elaboración diseño e implementación de mecanismos de protección para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas en todo el territorio nacional y, con ello, cumplir el compromiso que el Estado mexicano tiene con la libertad de expresión de todas las personas.

COMUNICADO DE PRENSA ALTO A AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS EN CHIAPAS México, D. F., a 23 de julio de 2010 A la opinión pública Al C. Lic. Juan Sabines Guerrero Gobernador del Estado de Chiapas La Fundación para la Libertad de Expresión manifiesta su inquietud por el eventual ataque a la libertad de expresión en perjuicio de los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales de la revista Proceso y del diario La Jornada en Chiapas. Con motivo de su ejercicio profesional, Mandujano y Mariscal han dado cobertura a distintas voces en Chiapas. La Fundalex recuerda que su principio III de los Compromisos con la Libertad de Expresión dice que: “La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en: 1. Promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público.” En últimas fechas, distintas organizaciones sociales de Chiapas que tienen diferencias de percepción y de criterio con las autoridades locales, han expresado críticas, juicios de valor y consideraciones que pueden molestar o incomodar a algunos servidores públicos del gobierno del Estado. Mandujano y Mariscal han dado cobertura a esas informaciones para que la sociedad tenga mayores elementos de juicio sobre el debate público. La Fundalex considera que es obligación de las autoridades abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados. Los reporteros Mandujano y Mariscal han sido objeto de expresiones difamatorias y calumniosas a través de distintos medios, entre ellos los pertenecientes al Gobierno del Estado, como el Sistema Chiapaneco de Radio. Estos hechos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información. La Fundalex recuerda que, como lo establece su principio XIII del Compromiso con la Libertad de Expresión “es condenable con severidad cualquier ataque a la libertad de expresión de quienes la ejercen en los medios, y a los medios mismos, como: las amenazas, las lesiones, el secuestro o el asesinato, así como la destrucción material de instalaciones, el diezmar al periodismo independiente, a la libertad de expresión y al libre flujo de información para el público. La sociedad y sus Estados se encuentran bajo la obligación de adoptar medidas efectivas, para evitar cualquier tipo de ataques y, si ocurriesen, investigarlos, castigar a los perpetradores y asegurarse de que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y reparación del daño.” Solicitamos la intervención del gobernador Sabines para que gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de evitar el uso de recursos públicos que puedan limitar la libertad de expresión. Hacemos votos por una inmediata intervención del C. Gobernador para que estos hechos sean investigados y sancionados conforme a derecho. Consejo Directivo Fundación para la Libertad de Expresión