Informe Cepet 2009: Estado de la libertad de expresión en México

Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro de Información México

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BOLETÍN DE PRENSA

EMBARGADO HASTA LAS 9:00 HRS. DEL LUNES 22 DE FEBRERO.

13 periodistas asesinados y 183 agredidos en 2009

México, 22 de febrero, 2010 (CEPET). Como parte de su informe 2009 sobre el estado de la libertad de expresión en México, el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados.

El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.

Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.

De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.

Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.

De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.

El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.

De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:

• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).

Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.

A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.

La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.

La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.

No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).

Contacto:

Gerardo Albarrán: Francisco Vidal:

044/045 55.40.08.06.89 044/045 55.21.88.40.23

Para mayor información favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.

CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.

La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antitéticas de medios o periodistas.

Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro de Información México

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Presentación del informe sobre la situación de la libertad de expresión 2009

Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística

Gerardo Albarrán de Alba *

La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envuelta directamente en ella. El resto de la sociedad intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso le pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos. Lo peor tal vez no sean los asesinatos cotidianos, las ejecuciones masivas, lo que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que las vidas perdidas en los últimos tres años se han convertido en cifras que ya no alarman. La violencia parece un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística. Una nota más de unos muertos más en una jornada sangrienta más. Eso ya ni siquiera es noticia, y menos si los muertos no son famosos o la masacre del día no es aderezada con una insolente declaración gubernamental.

El año pasado cerró con cifras alarmantes: un ejecutado cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. El gremio periodístico también pagó su cuota: el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados. El informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión en México: “Gobierno y narco: la lucha por impone la agenda periodística”, registra una realidad a la que ningún medio ni periodista escapa.

Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.

La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.

El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.

Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.

Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.

En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.

Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.

Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.

Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.

México, DF, 22 de febrero de 2009

* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org (http://www.saladeprensa.org)

Contacto:

Gerardo Albarrán Francisco Vidal

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