La CNDH investiga el castigo publicitario a Proceso

MARíA SCHERER IBARRA

Proceso presentó, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una queja contra el gobierno federal por considerar que éste viola los derechos fundamentales de la revista –entre ellos, el de la libertad de expresión– al distribuir de manera inequitativa, arbitraria y sin transparencia la publicidad que sus organismos y dependencias pagan, con recursos del erario, en medios de comunicación nacionales y locales. 

En la queja, dirigida al presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, expresa: 

“Desde 1976, cuando se fundó la revista Proceso, advertimos que el gobierno federal asigna de manera arbitraria la publicidad de sus dependencias destinada a ser difundida por los medios de comunicación. En ocasiones, la utiliza como un mecanismo para premiarlos o castigarlos de acuerdo con su línea editorial.” 

Agrega que en el caso específico de nuestro semanario “fue particularmente grave durante el gobierno de Vicente Fox, que restringió a su arbitrio la publicidad destinada a las páginas de la revista, conforme le molestaba a él y a sus colaboradores la información que difundíamos”.

Desde el inicio de la administración actual, encabezada por Felipe Calderón –sigue el documento, presentado en la CNDH el miércoles 27 de abril–, “la situación empeoró” y “prácticamente la publicidad del gobierno federal en Proceso se redujo a cero”.

No ocurre lo mismo con otras publicaciones de características similares –semanarios de contenido político. Por ejemplo, de enero a diciembre de 2008, Proceso sólo difundió 5.16 páginas de anuncios del gobierno federal, mientras que Vértigo obtuvo, en el mismo período, 166.42 planas; Milenio Semanal, 111.83 y Emeequis 75.5.

Es decir, el gobierno federal se anunció 32 veces más en Vértigo que en este semanario. Cabe subrayar que Vértigo tiene una circulación pagada de 4 mil 900 ejemplares y Proceso de 74 mil 792, según los datos del padrón de medios impresos de la Secretaría de Gobernación, que pueden consultarse en internet. (Emeequis reporta una circulación pagada de 11 mil 885 revistas y Milenio Semanal de 36 mil 382.)

Los principales anunciantes del gobierno federal en los medios impresos mencionados son el IMSS, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Trabajo, la Lotería Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo y Pemex.

“La asignación discriminatoria de publicidad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura en contra de la línea crítica que maneja la revista Proceso, circunstancia que contraviene el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información”, afirma Rodríguez Castañeda en el documento entregado a la CNDH.

Con la presentación de la queja, se anexaron un informe comparativo de publicidad, que incluye el registro de los anuncios del gobierno federal recibidos por las principales revistas políticas desde diciembre 2006, una tabla de alcances máximos elaborada a partir de la base de datos del Estudio General de Medios de la empresa Ipsos-Bimsa (octubre 2007-septiembre 2008) y una copia del resultado de la auditoría de circulación que realizó a este semanario el Instituto Verificador de Medios, y que se ocupa del período de julio a diciembre de 2007.

El director de Proceso argumenta que en dichos informes y datos puede advertirse la desigual distribución de la publicidad del gobierno federal, sobre todo porque esta revista “es la que tiene un mayor número de lectores, hecho que precisamente respaldan los documentos que anexo y que fueron realizados por empresas especializadas en auditoría y medición de audiencias”.

Rodríguez Castañeda solicita la intervención de la CNDH, pues considera “que no existen criterios claros y objetivos para distribuir y otorgar publicidad oficial, y que esto vulnera las garantías individuales de los integrantes, directivos, periodistas y reporteros de la revista, previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 19 y 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”.

En cualquier caso, lo que es fundamental para la revista, para sus lectores y seguramente para cualquier medio de comunicación que reciba o que crea estar en condiciones de recibir órdenes de publicidad del gobierno federal, es que éste haga claro, explícito y transparente el criterio con el cual determina las pautas de publicidad de sus dependencias, algo que en la actualidad no ocurre. 

La queja se radicó con el expediente número CNDH/5/2009/1845/Q. El organismo inició ya la investigación de los hechos.