Revés en Caso Lydia Cacho, culpa de la PGR

Niegan orden de aprehensión contra judiciales que detuvieron a Cacho
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/06/03/puebla/pol506.php
Josué Mota Corro
Martes, 3 de junio de 2008.

El juez Benjamín Navarrete del estado de Quintana Roo se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de los judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) que participaron en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.

El argumento del juez para tomar esa decisión, según se consignó en algunos medios de información a nivel nacional, es que de acuerdo con las leyes de este estado sólo tiene facultades para sancionar la tortura y los delitos que se deriven contra funcionarios de Quinta Roo.

Desde hace varias semanas se ha difundido la versión de que la Procuraduría General de la República (PGR) habría solicitado órdenes de aprehensión contra los judiciales poblanos que viajaron en diciembre de 2005 a Cancún para detener a la autora del libro Los Demonios del Edén, esto a raíz que Kamel Nacif Borge, denunció a la periodista por el delito de difamación.

El procurador de Justicia poblana declaró en reiteradas ocasiones que no tiene conocimiento del requerimiento hecho por la depdencia federal, pero aseguró que la dependencia que dirige se apegaría “al cumplimiento de la leyes”.

Hasta ayer, la Procuraduría General de la República no había realizado ningún pronunciamiento sobre la decisión del juez Benjamín Navarrete, ni mucho menos se informó si buscaría otro mecanismo legal para solicitar nuevamente la detención de los judiciales, por lo que se considera que el caso está cerrado.


Fd

Reporteros sin Fronteras: Lamenta la situación en México.
Boletín de Prensa
3 de junio de 2008

Caso Lydia Cacho: la justicia del Estado de Quintana Roo se niega a dictar las órdenes de detención de los principales sospechosos

Reporteros sin Fronteras está escandalizada por la decisión, anunciada el 2 de junio de 2008, de la justicia del Estado de Quintana Roo (Sudeste) de no dar curso a la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) de emitir órdenes de detención contra siete actuales y antiguos funcionarios del Estado de Puebla (Sur), sospechosos de implicación en la detención arbitraria de la periodista independiente Lydia Cacho, en diciembre de 2005. El magistrado Benjamín Navarrete ha explicado que los cargos en cuestión -entre ellos "tortura" y "falsificación de documentos" - debía notificarlos a los sospechosos la justicia de su Estado de origen, que en este caso es el de Puebla.

En el pasado mes de abril, el Ministro Federal de Justicia también solicitó que se dictara una orden de detención contra José Camel Nacif, un empresario del textil cuestionado por Lydia Cacho por su presunta pertenencia a un red de pederastia, y cuya denuncia de la periodista, por "difamación", fue la causa de que la detuvieran. La justicia de Quintana Roo no se ha pronunciado todavía sobre la suerte del empresario, que es una persona muy cercana a Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, sospechoso también de haber encargado la detención y el traslado de Lydia Cacho desde el Estado de Quintana Roo, donde reside, hasta el de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta jurisdicción del país, exoneró el 29 de noviembre de 2007 de todas las acusaciones al gobernador de Puebla.

Revés en QR, culpa de PGR: Cacho

Un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho Ribeiro, al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla acusados de torturarla, pero la periodista responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR), por debilitar la indagatoria

María de la Luz González
El Universal
Martes 03 de junio de 2008

luz.gonzalez@eluniversal.com.mx

Un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho Ribeiro, al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla acusados de torturarla, pero la periodista responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR), por debilitar la indagatoria.

“La PGR debilitó sistemáticamente el caso, rasuró y filtró expedientes a los responsables, en particular a la procuradora de Justicia de Puebla y al equipo legal de Mario Marín (el gobernador) y Kamel Nacif”, sostuvo.

Agentes judiciales de Puebla detuvieron en diciembre de 2005 a Cacho en Quintana Roo y la trasladaron en automóvil a la capital poblana —trayecto en el cual la torturaron, según su propia denuncia— para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, que interpuso el empresario Kamel Nacif, conocido como El Rey de la Mezclilla, quien fue señalado por la periodista y escritora como parte de una red de pornografía infantil.

El juez segundo de lo Penal, Benjamín Navarrete, negó las órdenes de aprehensión contra José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, los policías judiciales que detuvieron a la periodista en 2005, bajo el argumento de que los acusados son servidores públicos de Puebla, y están fuera de su jurisdicción.

Lydia Cacho aseguró que la PGR “envió el expediente rasurado de tal manera” que parece que solamente acusa a los judiciales, “como si hubiesen actuado por su cuenta”, y debido a que la tortura se cometió durante las 20 horas de traslado, y se agravó en Campeche, “el juez de Quintana Roo dice que no se cometió en esa entidad”.

Precisó que la consignación original fue elaborada por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) “por órdenes del procurador, en septiembre de 2007”, y en ella se solicitaba la aprehensión de diversos servidores públicos del estado de Puebla.

Entre ellos se encontraban la ex procuradora general de Justicia, un agente del Ministerio Público estatal, un comandante y cuatro agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación que llevó a la detención de la periodista.

Al ser liberada después de su detención en 2005, Cacho presentó una denuncia por tortura en contra de los policías y otros funcionarios de Puebla. Aportó como prueba el dictamen pericial de valoración médico-psicológica-victimal, según el cual durante su detención “experimentó desesperanza, confusión, dudas y estrés, lo cual en su conjunto llevó a provocarle un transtorno por estrés postraumático”.