Caso Lydia Cacho

Versión estenográfica de la entrevista concedida por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, a W Radio.

México D.F., a 3 de junio de 2008.

CARLOS URDIALES.- Tenemos en la línea telefónica a Octavio Alberto Orellana, quien es fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas.
Y es que justamente ayer un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de torturarla, pero la periodista de alguna forma está responsabilizando a la Procuraduría General de la República.
Muy buenas tardes, ¿cómo está fiscal?

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Buenas tardes.

CARLOS URDIALES.- El caso está cerrado, es responsabilidad de la PGR, qué es lo que ocurre?

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Bueno, el caso no está cerrado porque la resolución del juez, es un juez penal del estado de Quintana Roo, con sede ahí en Cancún que fue el que negó las órdenes de aprehensión, que no solicitó directamente esta fiscalía, esta fiscalía integró la averiguación, y a esta averiguación se acumuló una que llevaba en su tiempo la FEVIM, o sea la Fiscalía para la Atención de Agresiones a Mujeres, y entonces se acumuló y las dos averiguaciones, la de FEVIM que tenía ocho tomos, más 13 que son de la fiscalía que hacen 21 tomos, que es el total y no hay más tomos, ignoro de dónde salió la noticia o de dónde salió la cantidad esa que hablan de 36 tomos, es absolutamente falsa esa versión.

Y los 21 tomos fueron puestos a disposición, primero de un juez de Distrito en Cancún, quien consideró que no era competente, nosotros consideramos por delito de tortura y hay un convenio internacional de México que habla y que tiene que ver con la tortura y este convenio internacional es de carácter federal y por eso acudimos a esa instancia del juez de distrito federal.
Y él consideró que no era él el competente, la mandó a un juez del fuero común allí en Cancún, del estado de Quintana Roo, él también manifestó que no era competente y se estableció lo que se llama un conflicto de competencias que fue resuelto por el tribunal colegiado que con residencia también en Cancún y el asunto se decidió por parte del tribunal colegiado en favor del juzgado segundo penal de Cancún.
Entonces pues ya en el terreno del fuero común, ya la fiscalía ya no lleva el asunto, sino que lo llevan las autoridades del estado de Quintana Roo.

CARLOS URDIALES.- ¿El caso sigue abierto, pues le agradecemos mucho que nos haya dado datos sobre esto que está ocurriendo con el caso de Lydia Cacho y estaremos muy pendiente de los trabajos que está haciendo la propia fiscalía.

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Así es, y creo que la elección que tuvo esta fiscalía para que fuera a Cancún, era considerando que la tortura, el delito de tortura para en contra o en perjuicio de la periodista Lydia Cacho había empezado precisamente en Quintana Roo, en Cancún y se prolongó por el estado de Yucatán, el estado de Tabasco, Veracruz y Puebla, o sea que había cinco estados en los que esta fiscalía podía haber consignado y decidimos que era Cancún, porque era donde se iniciaba el delito, las agresiones que sufrió la periodista.

CARLOS URDIALES.- Muy bien

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- ...y fue por esta razón.

CARLOS URDIALES.- Le agradecemos mucho fiscal y estaremos pendientes de este caso, gracias.

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Claro que sí, hasta luego y estoy a su servicio.

CARLOS URDIALES.- Muchas gracias, el fiscal Octavio Alberto Orellana, fiscal especial para delitos cometidos contra periodistas.
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