PREOCUPA A ONG´S LA RENUNCIA DEL FISCAL Y EL ESCENARIO NACIONAL

México D.F., a 2 de febrero de 2007

Al Gobierno Federal

A la Procuraduría General de la República

Al Congreso de la Unión

A los medios de comunicación

A la opinión Pública





Organismos defensores de la libertad de expresión, alarmados por el incremento de la violencia y agresiones a periodistas y comunicadores que se han registrado desde el año 2006 y en las primeras semanas del 2007, sorprendidos por el silencio del gobierno federal ante estos hechos, manifestamos lo siguiente



Nos preocupan las señales negativas que se vislumbran con la renuncia del Doctor David Vega Vera al frente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas, sin que ello haya merecido ninguna explicación por parte del Procurador General de la República, así como el hecho de que hasta el momento se desconozca quien estará al frente de ésta.



Más aún nos alarma la falta de una política clara en materia de libertad de expresión que debiera tener cualquier país que se ostente de ser democrático, con ello no queda más que confirmar la omisión que desde antes de llegar el gobierno mostró por las demandas de las organizaciones civiles y el desdén ante los señalamientos de organismos internacionales que han reiterado su preocupación porque México ocupe hoy junto a Irak el primer lugar en violencia contra periodistas. Recordamos que el Estado mexicano está obligado a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, la falta de protección, investigación y sanción debida de quienes resulten responsables de agredir a periodistas genera la responsabilidad internacional de México por incumplimiento de dichas obligaciones.



Nos preocupa el mutismo que han guardado las legislaturas sobre la renuncia del fiscal y ante las recientes agresiones a periodistas y radios comunitarias; en particular del papel de la Comisión para la atención de periodistas de la Cámara de Diputados y del estancamiento de la creación de su similar en el Senado.



Consideramos que la Fiscalía debe continuar, con un papel más decidido a la investigación de los asesinatos de periodistas y que para ello debe tener mayores atribuciones jurídicas y debe gozar de autonomía y recursos suficientes que le permitan investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos homicidios.



Quien esté al frente de la fiscalía deberá ser una persona reconocida, independiente, conocedora del tema y capaz de comprometerse con la justicia que reclaman periodistas, familiares, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y ante todo con la sociedad.



Muchos son los pendientes que ha dejado esta fiscalía 66 averiguaciones previas en proceso, 20 asesinatos por investigar, 4 periodistas desaparecidos, las investigaciones de la periodista Lydia Cacho, los atentados a los diarios El Mañana de Nuevo Laredo, Por Esto, Quequi, de Yucatán y Cancún, y las agresiones a radios comunitarias como Radio Calenda y Nandía de Oaxaca y la Voladora Radio de Amecameca, entre otros.



¿Cuántos periodista asesinados y desaparecidos más debe haber para que el estado asuma su papel de proteger y garantizar la libertad de expresión en México?

Firman:



Article 19

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet)

Colectivo 1060

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad

Fundación Manuel Buendía

Libertad de Expresión México A.C.

Salud Integral para la Mujer, A.C

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa