Periodistas en la mira; un oficio de alto riesgo en México

Tomado de la Revista Gente Sur
Viernes 15 de diciembre de 2006. Núm. 125

Marcos Romero

Aunque Vicente Fox haya dicho que su sexenio fue el de mayor libertad de expresión para los periodistas, la realidad lo volvió a desmentir, pues durante ese lapso fueron asesinados o desparecidos 27 periodistas, por lo que un gran número de especialistas exigen reformas legales y proponen movilizaciones con la finalidad de frenar esta escalada ominosa



El 21 de noviembre pasado, en la carretera que une al puerto de Veracruz con la ciudad de Alvarado, el subdirector del semanario Testimonio, Roberto Marcos García, que se encargaba de cubrir temas relacionados con el tráfico de drogas y el robo de autos, así como la corrupción de funcionarios locales, fue ejecutado al estilo de la Cosa Nostra.
Un coche rebasó su motocicleta, lo atropelló y cuando se encontraba gravemente herido en el piso, varios sujetos le dispararon 4 veces para asegurarse de su muerte. No existe una completa certeza sobre los móviles del crimen, aunque la mayoría de sus colegas creen que se relaciona con los temas que cubría.

El también corresponsal de la revista Alarma fue asesinado cuando regresaba de una entrevista en el Grupo Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Secretaría de Seguridad Pública, en Mandinga, Veracruz.

Un vehículo tipo PT Cruiser con matrícula del Distrito Federal atropelló al motociclista y luego le pasó por encima antes de dispararle a quemarropa.

Según informes oficiales, el vehículo de los asesinos, abandonado a pocos kilómetros del lugar de los hechos, había sido robado en la capital mexicana el pasado 31 de mayo.

Divina García, la hija del periodista, reveló que su padre recibió una llamada anónima la misma mañana del homicidio y que había recibido amenazas previas, pero no solicitó protección oficial.

El crimen de Roberto Marcos García fue comparado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, al de su colega Raúl Gibb Guerrero, director del diario regional La Opinión, ejecutado el 8 de abril de 2005, también en una carretera de Veracruz. La muerte de García fue objeto de condena de parte de informadores de todo el globo.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) repudió el asesinato del reportero, cuarto periodista mexicano ultimado en menos de un mes.

“Esta ola de violencia contra los periodistas mexicanos tiene el poder de destruir la libertad de prensa en el país”, declaró Adan White, secretario general de la FIP.

Parecía que a la llegada de Felipe Calderón al poder habría al menos una tregua en esta espiral de miedo, pero no fue así. El mismo día en que tomó posesión, fue hallado el cuerpo de Adolfo Sánchez Guzmán, reportero de la empresa televisiva Telever, también de Veracruz.

Dos personas fueron arrestadas con relación al homicidio el lunes 4 de diciembre, pero la rapidez con que las autoridades dijeron haberlo resuelto y el móvil oficial que adujo la Procuraduría estatal –la del robo de un tráiler– movió a sospechas.

Los hermanos Juan Carlos y Julián Rosas fueron detenidos por esta muerte, junto con una persona identificada como César Martínez, El Pollo, quien sería el verdadero blanco de la ejecución.

Sánchez Guzmán y El Pollo fueron encontrados muertos en el municipio de Nogales, con señales de tortura y con el tiro de gracia, luego de no tener noticias sus familiares de su paradero 3 días atrás.

El subprocurador de Justicia de Veracruz, Miguel Mina, dijo que Sánchez Guzmán no estaba implicado con el robo del tráiler y su muerte tampoco tuvo que ver con sus actividades periodísticas. El asunto quedó aparentemente resuelto.

Sin embargo, la corresponsal de RSF en México, Balbina Flores Martínez, en entrevista con Gentesur, tomó con reservas este informe y dijo que “es sorprendente el apresuramiento con que las autoridades integraron la investigación y detuvieran a los responsables, porque generalmente no sucede en otros casos.

“Un ejemplo muy claro es el caso del periodista estadounidense, Brandon R. Will, asesinado en Oaxaca. Fueron detenidas 2 personas y 3 días después quedaron libres. Es un patrón muy común de detenciones muy rápidas a las que sigue la veloz liberación de los detenidos”, dice.

Se añade a estas muertes la existencia de un desaparecido, José Antonio García Apac, director del diario Ecos de la Cuenca, de Michoacán, “levantado” aparentemente el 20 de noviembre pasado.

Escalada peligrosa
Sánchez Guzmán es el periodista número 36 asesinado en Latinoamérica en este año. Ocho periodistas han sido victimados en México desde el comienzo del 2006, 4 de ellos sólo en noviembre y uno en diciembre.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su consternación por el asesinato del periodista e hizo un llamado de alerta ante la violencia contra los informadores mexicanos, a cuyo gremio pidió “fortalecer los mecanismos de solidaridad”.

Apenas unos días antes, el 16 de noviembre, el ex director del periódico Excélsior, José Manuel Nava Sánchez, fue encontrado apuñalado en su departamento de la Zona Rosa en la ciudad de México, cuando acababa de publicar un libro donde denunciaba irregularidades en la venta de este diario al magnate preferido del foxismo, Olegario Vázquez Raña.

El 10 de noviembre, Misael Tamayo Hernández, director del diario El Despertar de la Costa, de Guerrero, fue ejecutado en la habitación de un motel de Ixtapa-Zihuatanejo.

En esa oportunidad, el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Koichiro Matsuura, condenó el asesinato y se declaró “profundamente preocupado por los crecientes actos de violencia contra los periodistas en México”.

Reporteros Sin Fronteras subrayó la posibilidad de que este asesinato esté vinculado con las investigaciones que el diario efectuaba acerca del tráfico de drogas.

El 28 de octubre, Brandon Will, un periodista freelance de Nueva York, documentalista y camarógrafo que trabajaba para la red de medios alternativos a través de Internet, llamada Indymedia, murió de 2 balazos en el pecho y el abdomen, en una barricada en el barrio de Santa Lucía del Camino, a las afueras de la ciudad de Oaxaca.

Defensores de derechos humanos, especialistas y miembros del gremio periodístico reclaman reformas legales y exigen al gobierno medidas de protección para frenar la ola de muertes de periodistas que han hecho de México el país más peligroso para este sector.

El pasado 22 de noviembre, RSF emitió un informe en el cual señaló que México se ha convertido en el país más peligroso del mundo, después de Irak, para ejercer las tareas informativas.

Curiosamente, ahora que se registra una tendencia al crecimiento de medios informativos on line, también han aumentado el número de periodistas en prisión que trabajan para ese tipo de órganos, según informó el pasado 12 de diciembre el Comité para la Protección de los Periodistas (CPP).

De acuerdo con este reporte de la organización internacional, actualmente 49 periodistas de la Web se encuentran en prisión, la mitad de ellos (24) en Cuba, bajo cargos de divulgación de secretos de Estado y actos contra los intereses de la nación, es decir, uno de cada 3 informadores encarcelados de 1997 a 2006 se dedica a difundir sus noticias a través de la red de redes.

“Estamos en una coyuntura crucial en la lucha por la libertad de prensa, porque Estados autoritarios han convertido a Internet en un importante frente en su esfuerzo por controlar la información”, dijo Joel Simon, director ejecutivo del CPP.

Por otro lado, RSF recordó que en la gestión de Vicente Fox fueron asesinados 20 periodistas, “sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes”.

El propio vocero presidencial, Rubén Aguilar, dijo 3 días antes de finalizar el sexenio de Fox que éste dejaba el poder con un Estado que garantiza la total libertad de expresión, aunque admitió que “México es un país en donde el ejercicio periodístico corre algunos riesgos frente al crimen organizado”.

La representante de RSF en México desmiente esa afirmación y señala que las corporaciones policiacas son las principales agresoras de periodistas, seguidas del crimen organizado y de actores diversos que van desde líderes políticos, caciques corporativos y dirigentes de organizaciones sociales.

Se cree también que es más peligroso ejercer el periodismo en las poblaciones pequeñas, donde ciertamente suele haber mayor vulerabilidad, pero hoy en día desde las grandes ciudades hasta las más pequeñas rancherías se registran asesinatos de informadores.

“El foco rojo de agresiones se ubicaba, al iniciar el sexenio, en el norte, pero poco a poco se desplazó y expandió al centro y sur del país, es decir, a todo el territorio mexicano”, expone Balbina Flores.

Responsabilidad oficial
El director general del Programa de Atención a los Agravios contra Periodistas y Defensores Civiles de la oficina del ombudsman mexicano, Raúl González Pérez, considera que algunas agresiones contra informadores “hacen ver que detrás de ellas está el crimen organizado, pero no debemos confundirnos en cuanto a la responsabilidad de las autoridades.

“Éstas deben ser muy activas en esclarecer, responsabilizar y sancionar a los victimarios de los periodistas. Vemos como un nuevo factor real de amenaza al crimen organizado, pero la autoridad no está eximida de prevenirlas ni de castigar a los responsables. La impunidad se está convirtiendo en una de las fuentes de agresión”, denunció.

Además, sostuvo que otras agresiones contra informadores suelen venir “del poder público, federal, estatal y municipal. Vemos con tristeza una relación entre organizaciones criminales y cuerpos policiacos. Esta es otra arista que notamos en este fenómeno”, dijo el funcionario.

“Ya no sólo es la amenaza o la intimidación, sino que hemos alcanzado niveles totalmente condenables, donde se dan asesinatos de personas por un trabajo profesional, en el ejercicio de una de las libertades fundamentales”, dijo el funcionario de la gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El funcionario, ex fiscal especial para el caso del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, discrepó del balance de RSF y dijo que su oficina contabiliza 27 homicidios en la gestión de Fox y ha habido 260 agresiones contra informadores.

“Vemos con preocupación que 2004 y 2005 han sido años negros para el periodismo por las muertes de 11 reporteros y la desaparición de otros 3”, reveló.

Entre los problemas que enfrentan cotidianamente los periodistas, el ex fiscal González Pérez menciona las “amenazas anónimas, por teléfono o correo electrónico, la presencia de personas extrañas en sus casas o en sus revistas y diarios”, aunque también han surgido nuevas modalidades, como los “daños patrimoniales en los domicilios de los reporteros, quemándoles sus vehículos, arrojando granadas en diarios” y otras.

“Aquí está la raíz que propicia este incremento, la impunidad, el clima de inseguridad que vivimos los mexicanos y dentro del cual no están exentos los comunicadores”, afirma.

Para el ex fiscal del caso Colosio, el Estado tiene 2 responsabilidades básicas para frenar la ola de asesinatos de periodistas: la primera consiste en “prevenir y generar las condiciones para un derecho a la información, cuando aparecen este tipo de amenazas y acciones”, y la segunda es “esclarecer los casos de agresiones”, porque de otro modo, la inacción del gobierno ante estos casos “se convierte en una patente de impunidad, en una invitación” para que se sigan cometiendo este tipo de abusos”.

El poder también agrede
El primero de septiembre pasado, desconocidos arrojaron 2 granadas –una de las cuales no alcanzó a estallar– en el vestíbulo del diario Por Esto, de la ciudad de Mérida, Yucatán, causando fuertes daños materiales, pero no víctimas.

Por su parte, Ernesto Villanueva, experto en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también en entrevista con Gentesur, atribuye esta anómala ola de asesinatos –en un país sin guerra civil ni un conflicto interno especial–, a la paradoja de que el actual gobierno de Fox dejó de ejercer la censura, pero “renunció a cumplir con la ley” para tutelar la libertad de expresión.

Esto ha alentado a los grupos organizados de poder “a establecer los límites sobre lo que sí puede publicar o no un reportero”, dijo Villanueva, quien señaló que “no basta sólo el derecho a expresar ideas y opiniones, sino que existan las condiciones materiales y jurídicas adecuadas para ejercer esa libertad”.

El 15 de febrero pasado fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra Periodistas, en un intento de frenar las agresiones a este gremio, pero los especialistas consultados consideraron que no ha servido para frenar la ola de asesinatos contra este sector, porque “tiene una estructura mínima y carece de atribuciones legales frente a una situación tan grave como la que vivimos.


Son loables estos esfuerzos para erradicar la impunidad, pero mientras no haya resultados concretos y veamos tras las rejas a los responsables, todo esfuerzo se queda sin resultados”, dijo González Pérez.

Hasta ahora no se ha resuelto ni uno solo de los casos de periodistas asesinados en México.

Villanueva considera que se requiere que la Fiscalía Especial esté dotada de “más atribuciones para que cumpla su cometido”.

Balbina Flores considera que cuando comenzó a funcionar la Fiscalía, RSF saludó su creación y le ha pedido que atraiga las investigaciones de las agresiones contra periodistas, “pero lamentablemente fue dotada con un marco jurídico muy limitado, por un acuerdo de la Procuraduría General de la República, con una estructura muy débil y con escasos recursos.


“La Fiscalía parece estar coja y manca; es un organismo mediático constituido por la presión de organismos internacionales para que el ex presidente Vicente Fox atendiera los casos de asesinatos contra informadores”, afirmó Flores.

Para contrarrestar la nada honrosa supremacía de México en el clasificación mundial de asesinatos de periodistas, Villanueva propone “iniciar un proceso de reforma al Código Penal para federalizar las agresiones de periodistas, a fin de que no sean del fuero común”.

Reporteros Sin Fronteras señaló en su informe reciente que la situación “exige una movilización, tanto del poder político como de las autoridades judiciales y policiales, y de los medios de comunicación nacionales”, además de dotar de más facultades a la Fiscalía Especial.

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