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8 de enero de 2009
CENCOS
8 de enero de 2009
CENCOS
A las 20:30 horas del 6 de enero, fueron atacadas con armas de fuego las instalaciones de Televisa Monterrey, en el centro de esta ciudad capital del estado de Nuevo León, (noreste).
Un comando armado en dos camionetas con hombres encapuchados dispararon en por lo menos doce ocasiones contra el portón principal de la televisora, además aventaron en esta misma zona una granada de fragmentación.
Tres horas después del ataque, las instalaciones de Televisa Monterrey, TV Azteca y Canal 12 Multimedios fueron resguardadas por elementos del Ejército mexicano, medida que no fue solicitada por las empresas.
El ataque no causó heridos, aunque sí leves daños materiales. El objetivo, al parecer, fue dejar un narcomensaje en un automóvil volkswagen: "Ya dejen de transmitir nada más a nosotros, también transmitan a los narcomandatarios. Esto es un aviso". Enseguida de ello, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado, inició la averiguación previa PGR/NL/ESC/033/D/2009.
La mañana de este 7 de enero fue encontrado un auto Pontiac color rojo con placas de Texas Z37 CRB, sobre la acera del lado oriente de la calle Serafín Peña y Aramberri en esta ciudad. En el interior había una pistola escuadra calibre 45 y corresponde a las características del vehículo en el que huyeron los sospechosos del ataque.
El actual contexto de inseguridad que se vive en el país no justifica las agresiones de las que están siendo víctimas las y los periodistas así como los medios de comunicación. El libre flujo de ideas así como el derecho de la colectividad a contar con información clara, veraz y oportuna constituye una condición indispensable para garantizar la democracia.
Resulta preocupante la manera violenta en que poderes fácticos tratan de intimidar a medios de comunicación y periodistas ante la ausencia de acciones del Estado para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “el orden público democrático reclama la defensa de la libertad de expresión”.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores”.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar, en su totalidad, el ejercicio pleno de los derechos humanos. La Corte IDH ha sentenciado: “dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”. Esto hace referencia a que no importa quienes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera de la ley- el responsable por guardar la integridad y seguridad de los periodistas es el Estado.
Como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), México está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por este instrumento internacional. De manera particular, como lo ha establecido la Corte IDH, “si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”
Es necesario que las autoridades de los tres órganos de gobierno otorguen las garantías necesarias para la labor de las y los periodistas así como de los medios de comunicación en el país.
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