Se restringe la distribución de la revista Proceso en Sonora.
México D.F., 13 de mayo 2008.- La edición del semanario impreso Proceso del 27 de abril de 2008, donde en portada se mostraba el gobernador de Sonora (noroeste), Eduardo Bours bajo el título de Narcopoder en Sonora e incluía un reportaje, fue comprada masivamente antes de su distribución en dicho estado.
Entre el 27 de abril y el primero de mayo de 2008, en diversos municipios del estado de Sonora se realizaron compras masivas del ejemplar no. 1643 de la revista Proceso, según información proporcionada por Margarita Carreón, gerente de ventas y mercadotecnia de este semanario a Cencos. Dicho ejemplar, además de contar en portada al gobernador Bours, incluía un reportaje sobre su fortuna, la utilización de su poder político para el beneficio de distintas empresas familiares y la posible relación de éstas con el narcotráfico y lavado de dinero.
A raíz de este artículo, según información publicada por el semanario, personas que dijeron ser empleados del gobierno compraron alrededor de 3 mil 530 ejemplares; esto de manera directa con la empresa encargada de la distribución de la revista en el estado. Algunos ejemplares que lograron circular en locales cerrados, fueron de igual forma adquiridos sin llegar a la venta al público.
La censura previa se vio reforzada por llamadas telefónicas recibidas en la redacción de la revista, las cuales informaban sobre la situación y solicitaban saber sobre próximas fechas en las que enviarían más ejemplares del número. Se presume que estas llamadas fueron elaboradas por empleados del gobierno.
Posterior a este evento, en conferencia de prensa, el gobernador del estado se deslindó de la información publicada en el semanario y aseguró estar en contacto con la Procuraduría General de la República (PGR), a quien le solicitó de manera directa una investigación sobre los señalamientos hechos por la revista.
Este caso tiene como antecedente el decomiso efectuado a la revista Contralínea en el mismo estado en el mes de enero del año pasado por un reportaje en el cual se establecían las intenciones del gobernador por expropiar la Isla Tiburón para beneficio de sus empresas. Al igual que la compra masiva efectuada en octubre del año pasado en el estado de Guanajuato (centro) hacia Proceso. En esa ocasión, la revista publicó un reportaje en el cual se informaba sobre los negocios de la familia Bribiesca (familia de la esposa del expresidente Vicente Fox) y sus nexos con la política.
Para la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) la libertad y difusión de las ideas son indivisibles, en los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha instancia sostiene que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo.
Los artículos 13.2 y 13.3 de la Convención Americana prohíben explícitamente las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Específicamente, el artículo 13.3 prohíbe expresamente los "controles particulares" con la misma intención. El respeto a la libertad de expresión se extiende a la producción y la difusión del pensamiento, según el concepto de la Corte IDH existe censura previa cuando se afecta una u otra.
ARTICLE 19 y CENCOS reiteran su llamado al Estado, para que de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se respete el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el estado de Sonora.
http://www.article19.org
México D.F., 13 de mayo 2008.- La edición del semanario impreso Proceso del 27 de abril de 2008, donde en portada se mostraba el gobernador de Sonora (noroeste), Eduardo Bours bajo el título de Narcopoder en Sonora e incluía un reportaje, fue comprada masivamente antes de su distribución en dicho estado.
Entre el 27 de abril y el primero de mayo de 2008, en diversos municipios del estado de Sonora se realizaron compras masivas del ejemplar no. 1643 de la revista Proceso, según información proporcionada por Margarita Carreón, gerente de ventas y mercadotecnia de este semanario a Cencos. Dicho ejemplar, además de contar en portada al gobernador Bours, incluía un reportaje sobre su fortuna, la utilización de su poder político para el beneficio de distintas empresas familiares y la posible relación de éstas con el narcotráfico y lavado de dinero.
A raíz de este artículo, según información publicada por el semanario, personas que dijeron ser empleados del gobierno compraron alrededor de 3 mil 530 ejemplares; esto de manera directa con la empresa encargada de la distribución de la revista en el estado. Algunos ejemplares que lograron circular en locales cerrados, fueron de igual forma adquiridos sin llegar a la venta al público.
La censura previa se vio reforzada por llamadas telefónicas recibidas en la redacción de la revista, las cuales informaban sobre la situación y solicitaban saber sobre próximas fechas en las que enviarían más ejemplares del número. Se presume que estas llamadas fueron elaboradas por empleados del gobierno.
Posterior a este evento, en conferencia de prensa, el gobernador del estado se deslindó de la información publicada en el semanario y aseguró estar en contacto con la Procuraduría General de la República (PGR), a quien le solicitó de manera directa una investigación sobre los señalamientos hechos por la revista.
Este caso tiene como antecedente el decomiso efectuado a la revista Contralínea en el mismo estado en el mes de enero del año pasado por un reportaje en el cual se establecían las intenciones del gobernador por expropiar la Isla Tiburón para beneficio de sus empresas. Al igual que la compra masiva efectuada en octubre del año pasado en el estado de Guanajuato (centro) hacia Proceso. En esa ocasión, la revista publicó un reportaje en el cual se informaba sobre los negocios de la familia Bribiesca (familia de la esposa del expresidente Vicente Fox) y sus nexos con la política.
Para la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) la libertad y difusión de las ideas son indivisibles, en los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha instancia sostiene que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo.
Los artículos 13.2 y 13.3 de la Convención Americana prohíben explícitamente las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Específicamente, el artículo 13.3 prohíbe expresamente los "controles particulares" con la misma intención. El respeto a la libertad de expresión se extiende a la producción y la difusión del pensamiento, según el concepto de la Corte IDH existe censura previa cuando se afecta una u otra.
ARTICLE 19 y CENCOS reiteran su llamado al Estado, para que de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, se respete el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el estado de Sonora.
http://www.article19.org
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