Periodistas Agredidos por Agentes de la Policía Federal Preventiva cuando cubrían operativo
El 6 de mayo, cuatro reporteros del periódico El Debate del estado de Sinaloa, fueron agredidos y amenazados por agentes de la Policía Federal Preventiva al momento de cubrir la instalación de un retén en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto en el marco de la política de lucha contra el narcotráfico instrumentada por el gobierno federal en México.
México D.F. 8 de mayo de 2008.- Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinoza, Juan Almagre y Torivio Bueno fueron agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando cubrían la instalación de un punto de control (retén) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte). Elementos de la PFP al percatarse de que uno de los reporteros tomaba fotos, y a pesar de que se identificaron como periodistas, los agentes reaccionaron de manera violenta. De acuerdo con los testimonios recabados, cerca de 10 elementos de la PFP rodearon a los periodistas apuntándoles con sus armas.
Los hechos sucedieron cuando uno de los reporteros captó algunas imágenes con su cámara fotográfica, lo que ocasionó que los elementos de la PFP lo persiguieran hasta las oficinas del periódico. Debido a esto, cerca de 20 elementos rodearon las instalaciones del rotativo y entraron en busca del reportero. Al mismo tiempo, otro grupo de policías federales detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Torivio Bueno, quien fue retenido por varios minutos en una patrulla sometiéndolo a golpes, malos tratos y violencia psicológica. Posteriormente fue liberado en una de las calles principales de la ciudad.
En entrevista telefónica una fuente consultada señaló que "existe un miedo latente en los periodistas. No sabemos como van reaccionar (los agentes de la PFP), cualquiera puede ser la siguiente víctima." Esto es muestra del creciente clima adverso para ejercer el periodismo y la inseguridad que se vive en la región, que va en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.
Las organizaciones abajo firmantes condenan enérgicamente estos hechos, los cuales generan efectos negativos e inhibidores en el goce pleno de la libertad de expresión.
Los estándares internacionales de derechos humanos reconocen que el derecho a la libertad de expresión puede ser sujeto a restricciones para proteger entre otros bienes jurídicos como el orden público y la seguridad nacional. Pero para que tales restricciones sean legitimas, deberá de aprobar y cumplir con una serie de análisis y estándares. En particular, cualquier restricción a este derecho fundamental requiere ser prescrito por ley para prevenir cualquier abuso por discrecionalidad o discriminación y, deberá probar su pertinencia en el contexto de una sociedad democrática. Los Principios de Johannesburgo de 1995 establecen una serie de estándares sobre los límites hasta los cuales los gobiernos pueden de manera legítima esconder información al público prohibir la expresión por razones de seguridad nacional.
No existe evidencia que estos principios y análisis pudieran ser aplicados en este caso particular. En su lugar, loas circunstancias que rodearon los hechos ponen al descubierto la arbitrariedad de la acciones, la ausencia del debido proceso y el abuso de poder y autoridad.
Recomendaciones:
ARTICLE 19, el Instituto Prensa y Democracia (IPYS) y la Fundación Prensa y Democracia (Prende) exhortan al Estado Mexicano a realizar una investigación independiente de las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros de el periódico El Debate.
Al mismo tiempo, hacen un llamado a las autoridades federales para que establezcan y hagan públicos criterios y principios, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Estos principios deben ser claros y contener reglas restrictivas mediante las cuales se pueda restringir la libertad de expresión evocando el mantenimiento del orden público y la seguridad nacional.
También se llama a las autoridades federales a capacitar a las fuerzas de seguridad con el objetivo de que los estándares internacionales sobre la utilización de la fuerza, particularmente en contra de las y los periodistas, sean cumplidas a cabalidad para que el Estado de Derecho y la libertad de prensa sean protegidas.
Los abajo firmantes, ofrecen sus servicios para trabajar con las autoridades responsables en el desarrollo de estos principios y criterios, así como en la capacitación de las fuerzas de seguridad.
*Alerta emitida en conjunto con CENCOS, PRENDE e IPYS.
México D.F. 8 de mayo de 2008.- Los reporteros Giovanni Elizalde, Leo Espinoza, Juan Almagre y Torivio Bueno fueron agredidos y amenazados por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando cubrían la instalación de un punto de control (retén) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte). Elementos de la PFP al percatarse de que uno de los reporteros tomaba fotos, y a pesar de que se identificaron como periodistas, los agentes reaccionaron de manera violenta. De acuerdo con los testimonios recabados, cerca de 10 elementos de la PFP rodearon a los periodistas apuntándoles con sus armas.
Los hechos sucedieron cuando uno de los reporteros captó algunas imágenes con su cámara fotográfica, lo que ocasionó que los elementos de la PFP lo persiguieran hasta las oficinas del periódico. Debido a esto, cerca de 20 elementos rodearon las instalaciones del rotativo y entraron en busca del reportero. Al mismo tiempo, otro grupo de policías federales detuvieron de manera arbitraria e ilegal a Torivio Bueno, quien fue retenido por varios minutos en una patrulla sometiéndolo a golpes, malos tratos y violencia psicológica. Posteriormente fue liberado en una de las calles principales de la ciudad.
En entrevista telefónica una fuente consultada señaló que "existe un miedo latente en los periodistas. No sabemos como van reaccionar (los agentes de la PFP), cualquiera puede ser la siguiente víctima." Esto es muestra del creciente clima adverso para ejercer el periodismo y la inseguridad que se vive en la región, que va en detrimento del derecho de la sociedad a ser informada.
Las organizaciones abajo firmantes condenan enérgicamente estos hechos, los cuales generan efectos negativos e inhibidores en el goce pleno de la libertad de expresión.
Los estándares internacionales de derechos humanos reconocen que el derecho a la libertad de expresión puede ser sujeto a restricciones para proteger entre otros bienes jurídicos como el orden público y la seguridad nacional. Pero para que tales restricciones sean legitimas, deberá de aprobar y cumplir con una serie de análisis y estándares. En particular, cualquier restricción a este derecho fundamental requiere ser prescrito por ley para prevenir cualquier abuso por discrecionalidad o discriminación y, deberá probar su pertinencia en el contexto de una sociedad democrática. Los Principios de Johannesburgo de 1995 establecen una serie de estándares sobre los límites hasta los cuales los gobiernos pueden de manera legítima esconder información al público prohibir la expresión por razones de seguridad nacional.
No existe evidencia que estos principios y análisis pudieran ser aplicados en este caso particular. En su lugar, loas circunstancias que rodearon los hechos ponen al descubierto la arbitrariedad de la acciones, la ausencia del debido proceso y el abuso de poder y autoridad.
Recomendaciones:
ARTICLE 19, el Instituto Prensa y Democracia (IPYS) y la Fundación Prensa y Democracia (Prende) exhortan al Estado Mexicano a realizar una investigación independiente de las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros de el periódico El Debate.
Al mismo tiempo, hacen un llamado a las autoridades federales para que establezcan y hagan públicos criterios y principios, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Estos principios deben ser claros y contener reglas restrictivas mediante las cuales se pueda restringir la libertad de expresión evocando el mantenimiento del orden público y la seguridad nacional.
También se llama a las autoridades federales a capacitar a las fuerzas de seguridad con el objetivo de que los estándares internacionales sobre la utilización de la fuerza, particularmente en contra de las y los periodistas, sean cumplidas a cabalidad para que el Estado de Derecho y la libertad de prensa sean protegidas.
Los abajo firmantes, ofrecen sus servicios para trabajar con las autoridades responsables en el desarrollo de estos principios y criterios, así como en la capacitación de las fuerzas de seguridad.
*Alerta emitida en conjunto con CENCOS, PRENDE e IPYS.
NOTAS PARA PRENSA
§ ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
* CENCOS fue de las primeras organizaciones que denunció las agresiones contra periodistas en México iniciando está actividad a mediados de los años setentas. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.
§ El Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, con sede en Lima, Perú, es una asociación que promueve las libertades informativas y la prensa independiente. Para tal efecto realiza reportes de situación en varios países latinoamericanos, elabora estudios especializados, y fomenta el debate sobre el rol de los medios.
§ La Fundación Prensa y Democracia (PRENDE) es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que promueve la profesionalización de periodistas a través de la educación y capacitación, así como la investigación sobre los medios de comunicación en México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario