Rosario Mosso Castro
Impunidad
El 20 de abril de 1988 asesinaron al codirector fundador de ZETA, Héctor “El Gato” Félix Miranda. Dos décadas después, los asesinos intelectuales continúan en la impunidad.
La investigación oficial en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado fue cerrada durante la administración de Héctor Terán Terán sin que se localizara, detuviera y procesara a quienes ordenaron el crimen del periodista.
A 20 años del cobarde asesinato, siete gobernadores de Baja California y ocho procuradores no lograron romper la barrera de la impunidad.
En 1988, todavía en el sexenio de Xicoténcatl Leyva Mortera, se detuvo a Victoriano Medina. Dos años después, en el Gobierno de Ernesto Ruffo Appel, se capturó al principal autor material: Antonio Vera Palestina, quien cumple una pena de 25 años de prisión en el penal de Puente Grande, Jalisco.
Hasta ahí llegaron las investigaciones.
La capacidad de las Procuraduría del Estado no dio para más en 20 años.
El tema, sin embargo, fue durante muchos trienios y sexenios, bandera política. Desde 1989 cuando el propio Ernesto Ruffo Appel prometió en campaña resolver el crimen de “El Gato”, hasta 2007, cuando José Guadalupe Osuna Millán manejó la posibilidad de incluirlo en sus compromisos de campaña, más porque su principal contrincante a la gubernatura fue Jorge Hank Rhon, que por verdadero compromiso con la sociedad.
A principios de 2004, el licenciado Francisco Javier Ortiz Franco, Editor de Información General de ZETA, se convirtió en el abogado revisor del caso Héctor Félix Miranda para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Su objetivo era revisar el expediente que el Gobierno de Eugenio Elorduy proporcionó, para encontrar elementos no investigados que permitieran reabrir el caso judicial y lograr la captura del o los autores intelectuales. Pero a Ortiz Franco lo asesinaron antes de concluir la revisión.
Luego de ese intento de revivir el expediente no ha habido otro. Ni el Gobierno de Osuna Millán, ni organismos de defensa de los periodistas o los derechos humanos han continuado con la investigación del periodista.
La impunidad sigue imperando en la impartición de justicia en Baja California.
Quienes sí han intentado modificar las condiciones son los dos juzgados, sentenciados y encarcelados por el asesinato del periodista. Particularmente, Antonio Vera Palestina ha promovido una serie de recursos legales para lograr su libertad precautoria. Exámenes practicados por la Dirección General de Sentencias del Gobierno de Baja California determinaron que no estaba apto para reintegrarse a la sociedad, sin embargo él insiste en la preliberación.
Al momento del asesinato, los dos reos eran empleados y responsables de la seguridad del concesionario del Hipódromo Agua Caliente, Jorge Hank Rhon, pero esto no fue suficiente para que el empresario se convirtiera oficialmente en sospechoso. Tampoco lo fue la declaración de Medina quien señaló que mató el codirector de ZETA porque le “profesaba un odio acérrimo” debido a “…publicaciones ofensivas en su periódico contra de su actual patrón (Jorge Hank)”.
Lo que vino después fue la sentencia de ambos asesinos y el cierre del expediente. No se volvió a tocar el tema del autor intelectual. A pesar de que los perpetradores trabajaban en el Hipódromo, las armas con las que asesinaron al periodista fueron encontradas en el Hipódromo y de ahí salía el principal recurso económico de los atacantes. Como decía Ernesto Ruffo: “Todos los caminos conducen al Hipódromo”… pero de eso, hace ya 20 años.
En ZETA mantendremos el reclamo hasta que todas las líneas de investigación sean aclaradas y todos los asesinos de Héctor Félix sean detenidos… todos.
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