ISAÍN MANDUJANO/APRO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 11 de enero (apro).- El gobernador Juan Sabines Guerrero propuso al Congreso del Estado tipificar en el Código Penal el delito de “incitación a la violencia”, lo que según el coordinador de la Red de Defensores de los Derechos Humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, al igual que lo fueron la difamación y la calumnia, podría ser un figura jurídica que se manipule arbitrariamente para coartar la libertad de expresión en Chiapas.
El pasado 26 de diciembre, por órdenes del gobernador Sabines Guerrero, el secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, envió al Congreso del Estado la iniciativa para adicionar el delito de “incitación a la violencia”, un articulado que hasta hoy no existía en el Código Penal chiapaneco
En el documento oficial entregado al Congreso, y al que APRO tuvo acceso hoy, se señala en la exposición de motivos sobre “la necesidad de atender los diversos fenómenos delincuenciales frente a los que se exige, legítimamente mejores formas de protección social y establecer nuevos tipos penales, para tutelar los bienes jurídicos de los particulares en la sociedad chiapaneca”.
Según la exposición de motivos el delito de “incitación a la violencia” consiste cuando un sujeto activo “exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos, o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de violencia”
El delito de incitación a la violencia quedará enmarcado en el artículo 378 bis del Código Penal según la propuesta del gobernador y dirá lo siguiente: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá una prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a cincuenta días de salario. En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.
Ayer jueves, el pleno de la LXIII Legislatura dio entrada a esta iniciativa del gobernador Sabines Guerrero, misma que será dictaminada por la Comisión de Justicia que encabeza el diputado priísta Sergio Lobato García.
Entrevistado al término de la sesión ordinaria, Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que “la iniciativa incluye el incremento de penalidades a quien por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia, a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de tres meses a seis años”.
Lobato García, también Vicepresidente de la Mesa Directiva, precisó que “se agrega la particularidad de que si el responsable de la conducta delictuosa ha sido un servidor o ex servidor público se incrementará la penalidad hasta en un 50 por ciento”.
“La Comisión de Justicia se reunirá para estudiar y dictaminar la iniciativa el lunes 14 de enero, con el propósito de que se presente para su discusión y votación en la sesión del martes 15”, dijo el Congreso del Estado en un comunicado oficial.
Al conocer esta propuesta, el coordinador de la Red de Defensores de los Derechos Humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que esta propuesta “es incompatible en una sociedad y gobierno que se diga democrático”.
Señaló que con la reforma propuesta por el gobernador se corre el riesgo de que esa figura jurídica sea manipulada como lo fueron la difamación y la calumnia para coartar la libertad de expresión, pues los medios y periodistas, por ejemplo, ya no deberían darles espacio a los grupos armados que desde la clandestinidad emiten sus comunicados.
Llamó a los diputados s revisar los argumentos, la exposición de motivos, porque se corre el riesgo que se creen figuras jurídicas que lleguen a limitar el ejercicio de la manifestación de las ideas en ambiente de mayor apertura.
“Requerimos leyes que fortalezcan el proceso legal y democrática y con iniciativas de reformas como esas, no se apunta hacia ese camino, sino a la inversa”, concluyó.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 11 de enero (apro).- El gobernador Juan Sabines Guerrero propuso al Congreso del Estado tipificar en el Código Penal el delito de “incitación a la violencia”, lo que según el coordinador de la Red de Defensores de los Derechos Humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, al igual que lo fueron la difamación y la calumnia, podría ser un figura jurídica que se manipule arbitrariamente para coartar la libertad de expresión en Chiapas.
El pasado 26 de diciembre, por órdenes del gobernador Sabines Guerrero, el secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, envió al Congreso del Estado la iniciativa para adicionar el delito de “incitación a la violencia”, un articulado que hasta hoy no existía en el Código Penal chiapaneco
En el documento oficial entregado al Congreso, y al que APRO tuvo acceso hoy, se señala en la exposición de motivos sobre “la necesidad de atender los diversos fenómenos delincuenciales frente a los que se exige, legítimamente mejores formas de protección social y establecer nuevos tipos penales, para tutelar los bienes jurídicos de los particulares en la sociedad chiapaneca”.
Según la exposición de motivos el delito de “incitación a la violencia” consiste cuando un sujeto activo “exteriorice o materialice una conducta al manifestar por cualquier medio, pudiendo ser manera escrita, verbal, electrónica, signos, gráficos, o cualquier otro medio posible, realice de manera pública o privada, provocar el ejercicio de violencia”
El delito de incitación a la violencia quedará enmarcado en el artículo 378 bis del Código Penal según la propuesta del gobernador y dirá lo siguiente: “Al que por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia o a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le impondrá una prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a cincuenta días de salario. En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”.
Ayer jueves, el pleno de la LXIII Legislatura dio entrada a esta iniciativa del gobernador Sabines Guerrero, misma que será dictaminada por la Comisión de Justicia que encabeza el diputado priísta Sergio Lobato García.
Entrevistado al término de la sesión ordinaria, Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que “la iniciativa incluye el incremento de penalidades a quien por cualquier medio de manera pública o privada incite a la violencia, a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio, se le impondrá prisión de tres meses a seis años”.
Lobato García, también Vicepresidente de la Mesa Directiva, precisó que “se agrega la particularidad de que si el responsable de la conducta delictuosa ha sido un servidor o ex servidor público se incrementará la penalidad hasta en un 50 por ciento”.
“La Comisión de Justicia se reunirá para estudiar y dictaminar la iniciativa el lunes 14 de enero, con el propósito de que se presente para su discusión y votación en la sesión del martes 15”, dijo el Congreso del Estado en un comunicado oficial.
Al conocer esta propuesta, el coordinador de la Red de Defensores de los Derechos Humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, dijo que esta propuesta “es incompatible en una sociedad y gobierno que se diga democrático”.
Señaló que con la reforma propuesta por el gobernador se corre el riesgo de que esa figura jurídica sea manipulada como lo fueron la difamación y la calumnia para coartar la libertad de expresión, pues los medios y periodistas, por ejemplo, ya no deberían darles espacio a los grupos armados que desde la clandestinidad emiten sus comunicados.
Llamó a los diputados s revisar los argumentos, la exposición de motivos, porque se corre el riesgo que se creen figuras jurídicas que lleguen a limitar el ejercicio de la manifestación de las ideas en ambiente de mayor apertura.
“Requerimos leyes que fortalezcan el proceso legal y democrática y con iniciativas de reformas como esas, no se apunta hacia ese camino, sino a la inversa”, concluyó.
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