En Michoacán

Se doblega la prensa ante el crimen organizado

De la redacción

Morelia, Mich., 16 de julio (apro).- Igual que en otras entidades del país, el ejercicio periodístico en Michoacán se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Sólo en lo que va del año, por ejemplo, al menos 20 periodistas han sido “levantados” por supuestos policías o por presuntos narcotraficantes –algunos, incluso, en más de una ocasión--; dos han muerto en cumplimiento de su deber, y uno más se encuentra desaparecido desde hace varios meses.

Por si fuera poco, las empresas periodísticas se han visto obligados a adoptar una especie de “ley mordaza”. Tal es el caso de los periódicos El Centro, de Zamora; Hoy Día, de Uruapan; La Extra, de Morelia; El Tiempo, de Apatzingán; Por qué, de La Piedad, entre otros.

Varios de esos diarios suprimieron de plano sus páginas policíacas o se abstienen de publicar información relacionada con la inseguridad, como secuestros, “levantones”, robos de vehículos en carretera y asaltos. Ni qué decir de las notas sobre las narcoejecuciones, corrupción en las corporaciones policiacas o decomisos de drogas: simplemente no tienen cabida en sus páginas.

Quien lo hace se expone a ser “levantado” o, bien, a recibir amenazas directas, según denuncias de periodistas que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Cuentan, por ejemplo, que en lo que va del año en Apatzingán, han sido “levantados” cinco reporteros; en Zamora, dos; en Zitácuaro, tres, y en La Piedad, uno.

Dos periodistas de la agencia informativa Cuadratín y tres del diario La Opinión, entre otros, también han sido “levantados” o amenazados por sicarios al servicio de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas o por presuntos policías.

Por temor a formar parte de las estadísticas, dicen, ningún periodista ha levantado una denuncia por tales hechos.

La impunidad

Pero no todos los comunicadores han tenido la suerte de salir vivos. El pasado 9 de marzo, por ejemplo, el periodista Jaime Olvera Bravo, de 39 años de edad, fue asesinado en La Piedad. Meses antes, en noviembre de 2006, había sido reportada la desaparición del director del diario Ecos de Tepalcatepec, Antonio García Apac, conocido en el medio periodístico como El Chino.

Olvera Bravo, corresponsal en La Piedad del diario La Voz de Michoacán, fue asesinado a balazos a las 9:00 de la mañana. Había denunciado en varias ocasiones las “corruptelas” de varios comandantes de la Policía Municipal.

A tres meses de los hechos, las autoridades encargadas de la investigación siguen sin dar razón de los autores material e intelectual del crimen.

El Chino García Apac fue “levantado” el 20 de noviembre del año pasado en el crucero conocido como “La Ruana”, en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, a la altura de Felipe Carrillo Puerto. Desde entonces, sigue en calidad de desaparecido.

“Pese a que se ha hablado en varias ocasiones con el gobernador Lázaro Cárdenas, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Periodistas Sin Fronteras, no hay noticias de mi padre.

“Lo que la familia quiere es que aparezca vivo o muerto, pero que nos lo entreguen; como él no es un periodista de Televisa, TV. Azteca, Reforma, Jornada o de un diario importante, no le dan difusión ni se hace justicia como el caso de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco, pero mi papá también es periodista y denunció muchas veces al crimen organizado que opera en Michoacán”, afirma Aldo García, hijo de El Chino.

El 4 de mayo del 2007, los reporteros gráficos Russel Jurel Pérez Díaz y Héctor Alonso Hernández Martínez, fueron golpeados por militares de la XXI Zona Militar, quienes les destruyeron su equipo fotográfico en las afueras del estadio “Venustiano Carranza”, en Morelia.

Los comunicadores, que laboran para empresas como Telemundo, Excélsior y Reuters denunciaron los hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante el secretario ejecutivo de la CEDH, Luis Alberto Montaño García, dijeron que se estaban fotografiando y grabando la llegada de un helicóptero a las afueras de la XXI Zona Militar, cuando varios soldados los persiguieron.

Russel intentó huir, pero una camioneta Hummer lo alcanzó: “Me golpearon en los pies para derribarme, después me patearon y yo comencé a gritar por ayuda. Un soldado, riéndose, me decía ¿quién te va a ayudar? Me agarraron y me aventaron a la camioneta, ahí me sujetaron por el cuello y yo les decía que no podía respirar. Sólo me contestaron que me aguantara que ya íbamos a llegar”. Sus agresores nunca fueron castigados, mucho menos requeridos por una autoridad.

Todos los periodistas la revista quincenal Suma, encabezados por Julio César Silva Alemán y José Luis Caraza, enfrentan denuncias penales por denunciar la corrupción que impera en la Procuraduría General de Justicia del estado, sobre todo por la parcialidad de varios agentes del Ministerio Público.

“Ya no nos la acabamos”, dice carraza, subdirector del tabloide que aparece cada 15 días.

Tampoco se conocen los avances de las investigaciones en contra de la empresa privada Valladolid y de policías auxiliares, quienes esposaron al periodista Francisco Castellanos y le dañaron su cámara fotográfica en la central camionera de Morelia, el 2 de octubre del 2006. El periodista logró comunicarse con agentes de la Policía Estatal, quienes lo rescataron cuando intentaban subirlo a una camioneta. El caso fue expuesto en la Tribuna del Congreso, el pasado 7 de junio. Los diputados locales exigieron castigo a los responsables de las agresiones contra periodistas. Ninguna autoridad los escuchó.

El 28 de julio de este año, en pleno centro de Morelia, cientos de profesores “democráticos” agredieron a puntapiés, con palos y piedras, a los reporteros gráficos Christian Adame Campos, Rosario Salas e Iván Sánchez, quiénes cubrían una manifestación más de los maestros que tienen cerradas centenares de escuelas como medida de presión para que se derogue la Ley del ISSSTE.