México, segundo lugar mundial en asesinato de periodistas: RSF

j. jesús esquivel

Washington, D.F., 1 de febrero (apro).- México ocupa el segundo lugar a nivel mundial sobre el asesinato y desaparición de periodistas, superado solamente por Irak, que vive una guerra civil por la invasión de Estados Unidos, revela la agrupación Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Con nueve periodistas asesinados y tres desaparecidos, (México) arrastra el peor balance del continente y se coloca detrás de Irak, por el numero de profesionales de la comunicación muertos en 2006”, señala RSF en su informe anual 2007.

La agrupación enfatiza que una de las razones del deterioro de la situación de seguridad para los profesionales de la comunicación, se debe a la falta de interés de las autoridades mexicanas por defender los derechos humanos de los periodistas.

“Parecía que el poder federal se había dado cuenta de la envergadura del peligro que corre la presa mexicana, cuando el 15 de febrero de 2006, creó la Fiscaliza Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas… Sin embargo, estas buenas intenciones no han conseguido impedir uno de los peores balances americanos de los últimos diez años”, lamenta el informe en su capitulo dedicado a México.

PSF recuerda que “la hecatombe” del deterioro en la protección a los periodistas inició el 6 de febrero del año pasado, con el atentado con arma de fuego a la redacción del diario El Mañana, de Nuevo Laredo. “Los días 9 y 10 de marzo asesinaron a dos periodistas en menos de 24 horas: el fotógrafo independiente Jaime Arturo Olvera Bravo, en el estado de Michoacán; y Ramiro Tellez Contreras, de la radio local Exa 95.7 FM, en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, agrega el documento.

RSF directamente apunta a la participación del narcotráfico en el asesinato de Tellez Contreras, basándose en el tipo de armas utilizadas para matar al reportero. “Algunos miembros de los carteles serían también los autores de la desaparición, el 8 de julio en Monclova, Coahuila, de Rafael Ortiz Martínez, del diario Zócalo, que había revelado la existencia de nuevas familias de tráfico de droga en la región. Igualmente especialista en narcotráfico y sucesos, a Enrique Perea Quintanilla, director y fundador del mensual Dos Caras, Una Verdad, asesinado el 9 de agosto en el estado de Chihuahua”, sostiene.

Para refrendar su argumento de acusar al narcotráfico de asesinar a reporteros en México, el informe apunta que los líderes del cartel de Ciudad Juárez habían puesto precio a la cabeza de Perea Quintanilla, “como confesaron dos de los presuntos asesinos en un video enviado el 12 de octubre a TV Azteca”.

De octubre a diciembre se sucedieron seis asesinatos y dos desapariciones a un ritmo nunca visto hasta entonces. Guevara Domínguez, responsable de la edición digital del semanario Siglo 21, que se encontraba haciendo un reportaje en la frontera de los estados de Durango y Chihuahua, no ha vuelto a dar señales de vida desde el 8 de octubre.

El 10 de noviembre apareció en un motel del estado de Guerrero, el cuerpo de Misael Tamayo Hernández, director del diario regional El Despertar de la Costa, con las manos atadas y víctima de una inyección letal. Seis días más tarde apareció, asesinado a cuchilladas en su apartamento de México, el exdirector del diario Excélsior, José Manuel Sánchez Nava, quien acababa de publicar un libro en el que criticaba la actitud del gobierno del presidente Vicente Fox en la compra de su periódico, relata el reporte de RSF.

“Víctima de amenazas, Roberto Marcos García, subdirector del semanario Testimonio, en el estado de Veracruz, cayó a balazos en plena carretera, el 21 de diciembre. También en el estado de Veracruz, el 30 de noviembre apareció el cadáver de Adolfo Sánchez Guzmán, de 31 años, colaborador del canal Televisa Veracruz y de la emisora Xhora Ori Estéreo 99.3 FM. Al parecer, víctima de un arreglo de cuentas entre piratas de la carretera”, agrega.

Diez días antes, la desaparición en el estado de Michoacán de José Antonio García Apac, director del semanario Ecos de la Cuenca, marcó un auténtico “noviembre negro” de la prensa mexicana.

La situación en Oaxaca no podía ser la excepción para RSF, y en este tenor la agrupación indica que “tras un año pudriéndose, la crisis política y social se transformó, a partir del mes de mayo, en una batalla campal entre el entorno del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y sus opositores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El estadundinense Brad Will, camarógrafo de la agencia independiente Indymedia, sucumbió a los disparos de la guardia cercana al gobernador el 27 de octubre, durante unas revueltas marcadas por saqueos de redacciones y múltiples agresiones a periodistas.

Los investigadores locales intentaron atribuir su muerte a la APPO y dos de sus presuntos asesinos, policías municipales, quedaron en libertad tras permanecer detenidos un mes.

El gobernador quiso acreditar la tesis de un arreglo de cuentas entre movimientos indígenas cuando, el 8 de diciembre, asesinaron en la redacción a Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario El Gráfico. Misteriosamente, la investigación ha descartado el móvil profesional.

Además de Oaxaca, también Yucatán fue el escenario de cuatro atentados al diario ¡Por Esto! entre junio y septiembre, cometidos con la presumible complicidad de las autoridades locales. Sobre todo, la violentísima represión de una manifestación por la paz en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo, estuvo acompañada de violencia y abusos sexuales cometidos contra tres periodistas extranjeras.

Angel Mario Ksheratto, del diario Cuarto Poder, detenido dos veces, en enero de 2003 y octubre de 2005 por “difamar” a una funcionaria local de Chiapas, cumplió dieciocho días de detención entre el 4 y el 22 de febrero, y después le pusieron en libertad tras pagar una fianza superior a los cien mil pesos.

El 11 de noviembre enviaron de nuevo al periodista a la cárcel con la excusa de que no respetaba las obligaciones del control judicial, y salió nuevamente en libertad con fianza el 19 de diciembre.

La legislación de Chiapas establece penas que pueden llegar hasta nueve años de cárcel para los delitos de prensa, y en ese estado hay actualmente cuarenta periodistas pendientes de la resolución de sus procedimientos judiciales, concluye el reporte.