DOCUMENTEMOS LOS AGRAVIOS

Policías de Guerrero detuvieron y golpearon a dos periodistas

2011-12-13T17:52:00.002-06:00

Policías de Guerrero detuvieron y golpearon a dos periodistas

México, 13 de diciembre 2011.- Dos periodistas fueron detenidos y golpeados por policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero durante el enfrentamiento de los uniformados con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que dos jóvenes fueron muertos con balas de armas largas y uno más fue herido de gravedad.

El lunes 12 de diciembre, alrededor de las 11:45 horas, unos 500 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, acompañados por indígenas de organizaciones campesinas, bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal a la altura de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero (ubicado en la costa del Pacífico).

Los manifestantes demandaban una audiencia con el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien según los manifestantes había faltado a cuatro reuniones que habían acordado en fechas previas a la manifestación.

Unos 300 elementos de las policías federal y estatal, más otro número de policías ministeriales que se sumaron después al operativo policíaco, intentaron desalojar a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras, cohetones y bombas molotov.

Entre las detonaciones de armas de fuego, cayeron muertos los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera; 24 manifestantes fueron detenidos y golpeados por la policía.

La Procuraduría del Estado no ha podido desvirtuar las imágenes difundidas por varios medios de policías armados con fusiles largos; el titular de la dependencia, Alberto López Rosas, ha asegurado que los disparos fueron del lado de los manifestantes.

Durante la trifulca, el escritor y reportero de cultura en semanario Trinchera, Erick Escobedo Amador, fue detenido y golpeado por policías ministeriales cuando observaba la represión contra los estudiantes desde un negocio en el que reciclan plástico.

En declaraciones a medios de Guerrero, Escobedo Amador narró que los policías ministeriales entraron por la parte trasera del negocio en busca de normalistas que habían huido de la refriega, y lo sometieron por la espalda a pesar de que gritó que él era reportero, y lo tiraron al suelo a golpes, sin permitirle que se identificara.

Dijo que los policías lo golpearon fuertemente al igual que a otras 10 personas que detuvieron junto con él, entre ellas dos menores de 12 y 16 años, y tres choferes que manejaron los autobuses en que llevaron a la autopista a los normalistas, un turista y una anciana.

Duró casi una hora detenido en las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, donde fue entrevistado al ser liberado.

El reportero del semanario que tiene su sede en Chilpancingo mostró las huellas de golpes en varias partes de cuerpo, además de que a primera vista, se apreciaba su ojo morado y cerrado que, dijo, fue por un puntapié que le dio uno de los ministeriales.

La médica legista Paola Pastor Torres en una hoja de cuaderno le escribió que para sanar los golpes dados al reportero “se requiere limpieza en el ojo izquierdo con agua y jabón, y tomar analgésico, y antibiótico, como ampicilina”.

El segundo periodista detenido y golpeado por la policía ministerial fue Raúl Sendic Estrada, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y articulista del periódico La Jornada Guerrero, diario impreso en Acapulco filial al periódico de circulación nacional La Jornada.

Sendic Estrada, de 37 años, narró al CEPET que fue a la sede de la Procuraduría del Estado, en Chilpancingo, para dar seguimiento a la situación de los detenidos y con ello tratar de romper el cerco informativo creado por la misma Procuraduría.

“Ahí alcancé a ver que los cadáveres de los dos estudiantes los pusieron en los patios de los separos de la Procuraduría, y los policías seguían buscando a estudiantes de la Normal. Entonces hablé al periódico para informar de lo que estaba pasando, y hablé por mi celular al ombudsman del Estado, cuando los policías ministeriales me identificaron como colaborador de La Jornada y me detuvieron”, relató Sendic Estrada.

Los policías lo metieron a los separos (celdas aisladas), donde con exceso de fuerza los policías le quitaron la ropa, lo amordazaron con su propia camiseta, lo esposaron, lo golpearon en los testículos y lo despojaron de su teléfono celular, su cartera, su cámara y sus identificaciones,

Sendic Estrada comentó que ahí en las celdas contó a ocho detenidos y entre ellos vio a Erick Escobedo Amador. Todos estaban cubiertos de los rostros con sus propias camisas, amarrados unos con sujetadores de plástico y otros con esposas y cadenas. Anotó sus nombres en una libreta, pero al salir los policías le quitaron la hoja.

“Unos 25 minutos estuve detenido, y a empujones y golpes, como me metieron, igual me sacaron. Creo que favoreció para que me liberaran que a la Procuraduría empezó a llegar gente, miembros de ONG, periodistas”, dijo.

Al ser liberado, precisó, la Policía le regresó sus pertenencias, menos el celular y de la cámara borraron la memoria. Además, le quitaron las notas que había tomado dentro de los separos y el Ministerio Público se negó a levantar el acta de su denuncia contra los policías que lo detuvieron y golpearon.

“Por supuesto que me detuvieron por ser periodista, y lo que más me preocupa es que la Policía se quedó con mi celular, donde están mis datos personales”, dijo Sendic Estrada.

Comentó que está valorando si interpone una denuncia en contra de los responsables de su detención y tortura, porque “en Guerrero es más peligroso presentar una denuncia; aquí (en el Estado) es más peligroso dejar tu nombre escrito, lo estoy valorando, por mi integridad”.

Sobre la detención de estos dos periodistas, sólo Erick Escobedo Amador recibió una petición de disculpa de parte del el director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Antonio Valenzuela Valdez quien, según el reportero, le pidió que lo entendiera, que su corporación estaba resguardando la ciudadanía, además, que su apariencia era parecida a la de un normalista rural, al que despectivamente llamó “ayotzinapo”.

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, fue destituido de su cargo en la tarde de hoy martes 13 de diciembre. La investigación de la represión queda a cargo de la Procuraduría General de la República, dependencia del gobierno federal.

El CEPET lamenta los sucesos y se adhiere al criterio de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo periodístico sean considerados un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que se realice una investigación a profundidad para que estos hechos no queden impunes y se garantice la seguridad de los periodistas Erick Escobedo Amador y Raúl Sendic Estrada, quienes fueron detenidos y golpeados por policías ministeriales por el hecho de ser periodistas.

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Atacan edificio de El Siglo de Torreón

2011-11-16T12:14:00.002-06:00

Atacan edificio de El Siglo de Torreón

México, 15 de noviembre 2011.- Un grupo armado atacó la madrugada de hoy las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón, donde incendió un automóvil frente a la fachada principal y disparó unos 20 tiros contra una oficina de ventas del mismo diario.

Alrededor de las 2:40 horas de este martes, al menos tres personas llegaron en dos automóviles hasta el frente a la puerta principal del edificio del rotativo, ubicado sobre la avenida Matamoros, en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, situado en el Norte de México.

Los desconocidos subieron uno de los vehículos, un Bora blanco, a la acera de la fachada del periódico, donde le prendieron fuego.

A bordo del otro vehículo, los atacantes dieron vuelta sobre la calle Acuña donde dispararon más de 20 tiros calibre 7.62, de fusil Ak-47, frente a una oficina de ventas del mismo diario.

El vehículo Bora que fue quemado tenía dos impactos de bala en la carrocería. Tras el incendio y los reportes de disparos, elementos del Ejército y de las policías federal, estatal y municipal acudieron a las instalaciones del rotativo para levantar el vehículo.

Javier Garza, subdirector editorial del periódico, comentó a CEPET que no hubo heridos en la agresión y los atacantes no han sido identificados.

Comentó que es indudable que la agresión está relacionada con la actividad periodística del medio, “pero no sabemos exactamente qué información publicada pudo haber molestado a los agresores”.

Esta es la segunda agresión contra el edificio de El Siglo de Torreón. La primera, ocurrió el 18 de agosto de 2009, cuando desconocidos hicieron disparos con armas de grueso calibre contra el acceso principal de la empresa y hasta ahora las autoridades no han detenido a algún responsable, dijo.

De 2009 a la fecha, en Coahuila se han cometido diez ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

“Demandamos a las autoridades que esclarezcan los hechos y encuentren a los responsables, porque este ataque arroja mucha incertidumbre a nuestra labor y a nuestros lectores”, dijo Garza.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales han mantenido absoluto silencio sobre el ataque al diario.

El CEPET lamenta los sucesos y se adhiere al criterio de la Relatoría para que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo periodístico sean consideradas como un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que se realice una investigación a profundidad para que estos hechos no queden impunes y se determine si el ataque está vinculado con el trabajo periodístico desempeñado por el periódico El Siglo de Torreón.

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Desaparecen dos trabajadores de El Financiero

2011-11-16T12:12:00.002-06:00

Eran perseguidos por dos patrullas policiacas, reportaron en su última llamada

México, 15 de noviembre 2011.- El director adjunto del periódico El Financiero, Rogelio Cárdenas Estandía, denunció la desaparición de dos trabajadores de la empresa que se encontraban en Zacatecas y que al parecer eran perseguidos por unidades policiacas.

La tarde del lunes, Osvaldo García Íñiguez y José de Jesús Ortiz Parra, inspector de Circulación Regional y chofer del periódico, respectivamente, habrían salido de la capital zacatecana hacia Guadalajara a bordo de una camioneta Nissan blanca con placas de circulación AC85934 y rótulos del periódico. Sin embargo, nunca llegaron a su destino, informó el diario en su sitio web.

A través de su cuenta de Twitter, Cárdenas Estandía difundió que los dos trabajadores del diario le informaron que eran perseguidos en ese momento por dos patrullas, sin mencionar a cual corporación policiaca pertenecían.

"Desaparecieron dos compañeros de El Financiero saliendo de Zacatecas. En su último reporte dijeron ser seguidos por 2 patrullas la 02349 y 02360", escribió en su cuenta @RogelioCardenas.

Cárdenas Estandía lamentó el hecho que, dijo, lastima a todos los que trabajan en ese diario y agregó que está a la espera de la información de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas que se encuentra investigando el caso.

En su edición digital, El Financiero informó que directivos del diario reportaron los hechos tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Procuraduría Estatal de Zacatecas y levantaron un acta de los hechos ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas.

Ante los hechos, la dirección del diario comunicó a sus suscriptores que El Financiero no circulará en Zacatecas hasta que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad en las carreteras estatales.

“Por esta razón, pondremos a disposición de nuestros lectores afectados nuestra edición digital sin costo alguno. Ante esta situación, apelamos a la comprensión de nuestros lectores”, señala el medio en su edición electrónica.

Por su parte, el gobierno de Zacatecas informó en un comunicado que aún cuando no se tiene denuncia interpuesta al respecto, la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Policía Federal Preventiva y la Policía Ministerial, realiza un operativo conjunto en la búsqueda de los dos trabajadores del periódico reportados como desaparecidos.

Se indica en el comunicado que de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, Osvaldo García Íñiguez y José de Jesús Ortiz Parra salieron de Zacatecas a las 16:18 horas del lunes 14 de noviembre, con destino a la ciudad de Guadalajara, a bordo de una camioneta Nissan blanca, con placas de circulación AC85934, y al momento no se sabe nada de ellos.

De acuerdo con el comunicado, el último dato de la ubicación de los dos trabajadores del diario fue en la ciudad de Zacatecas. Al no llegar a su destino, en la mañana del martes, directivos de El Financiero entablaron comunicación con el Procurador General de Justicia, Arturo Nahle García, para solicitar su colaboración en la búsqueda de los dos trabajadores del diario.

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades a que se realice una investigación a profundidad para localizar a los dos trabajadores de El Financiero y se determine si los hechos están vinculados con el trabajo periodístico del diario.

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Iniciativa de Decreto Aprobada por el que se Federalizan los Delitos contra Periodistas en México

2011-11-11T20:34:00.006-06:00

Tomado de la Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3385-III, martes 8 de noviembre de 2011

http://www.diputados.gob.mx/

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y con opinión de la de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral , incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

1. El 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia con opinión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 12 de octubre del 2010, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En fecha 4 de marzo de 2011, se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Opinión relativa al proyecto de decreto en estudio, misma que fue aprobada en Comisión el 23 de febrero de 2011, la cual se agrega al presente para los efectos conducentes.

4. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y opinión de Derechos Humanos, en sesión celebrada el 27 de octubre de 2011, aprobaron dictamen en sentido positivo.

II. Contenido de las iniciativas

1. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, argumenta que el Estado mexicano tiene el imperativo de garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad. Por ello, es necesario responder efectivamente para combatir cualquier acción que vulnere la paz social.

Asimismo, señala que existen compromisos internacionales adquiridos por México en la celebración de diversos tratados y convenciones internacionales para tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.

Como ejemplo, hace alusión a los casos de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

Por otra parte, señala que la iniciativa busca generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.

De la misma forma, el promovente, menciona que la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reintegración social del delincuente. Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su libertad, el orden y la paz pública.

Refiere la iniciativa, que con el fin de salvaguardar la integridad de los órganos supremos de gobierno, es necesario que se tomen las acciones pertinentes para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Por ello, la iniciativa busca proteger la nación mexicana, preservando la soberanía e independencia.

Por todos estos motivos, el autor de la iniciativa concluye que es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos de fuero común trascienden al ámbito de los Estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya sea porque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernadores el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad que aspiramos es necesario armonizar los derechos.

2. La iniciativa del Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , en lo general, establece lo siguiente:

“México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para los periodistas, y el llevar al fuero federal los delitos que se cometen contra la libertad de expresión, ha sido una meta del gremio periodístico durante más de 20 años.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.

De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano permite al Poder Legislativo de la Unión, establecer los delitos y faltas contra la Federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.

Por lo anterior, y teniendo en consideración que la Constitución General faculta al Congreso de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación así como fijar las sanciones que por ellos deba imponerse, se propone reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y facultar a las autoridades federales para conocer de delitos que atenten contra los derechos humanos y la liberad de expresión.

III. CONSIDERACIONES

En primer término, se atiende lo expresado por la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la Opinión emitida, el 23 de febrero de 2011, la cual en sus considerandos y resolutivos expone:

“CONSIDERACIONES

1. Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

En este sentido, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXI, de la Constitución. Esto significa que, en materia penal, el Congreso de la Unión puede legislar en el ámbito del fuero federal y las legislaturas de los estados lo pueden hacer en el ámbito del fuero común.

Si bien esta Comisión comparte la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, se advierte que la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción, concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y en consecuencia atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo.

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la naturaleza del delito del orden federal, se determina por el lugar en donde se cometió; al respecto, se cita el siguiente criterio judicial:

Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1

De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos del fuero común, cuando estos tienen conexidad con delitos del fuero federal.

2. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atenten contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.

Lo anterior sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, de que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito del orden federal.

Aunado a lo anterior, el artículo 102, apartado A, señala en su segundo párrafo que: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal”

En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades del orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.

Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que puedan conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales.

Por otro lado, si se tratará de precisar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.

En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:

OPINIÓN

PRIMERO . Deséchese la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.

SEGUNDO . Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO . Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales a que haya lugar.”

No obstante la Opinión de Derechos Humanos, expresada en sentido negativo, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, comparten la visión de los promoventes, pues resulta necesario garantizar y fortalecer la legislación, para que permita atraer competencias entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades, que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otras legislaciones.

La naturaleza de las iniciativas consiste en establecer diversos supuestos de procedencia, en los cuales, las autoridades federales estarían facultadas para investigar delitos del fuero común, al momento de que estos supuestos se actualicen.

Tales supuestos de procedencia, son los siguientes: a) cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad; b) la seguridad nacional; c) los derechos humanos o la libertad de expresión y; d) por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal.

Los integrantes de las Comisiones Unidas, han resuelto únicamente entrar al estudio del supuesto de procedencia, cuando se ataque la libertad de expresión, lo anterior en aras de dar respuesta al reclamo social, relativo a evitar y sancionar los atentados contra el Derecho a la libertad de expresión, los demás supuestos de procedencia, serán materia de estudio en dictamen posterior.

La iniciativa busca mediante reforma al artículo 73 constitucional, facultar a las Autoridades Federales, para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.

En este sentido, el valor protegido de esta reforma reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y debida protección de los mencionados derechos.

Los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.

Por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.

En este sentido cobra relevancia el informe presentado por la Federación Latinoamericana de periodistas, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

México ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo, para ejercer el periodismo, después de Iraq, tras la ocupación de Estados Unidos, en 2003, según la organización Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra.

Para los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, tales antecedentes son un llamado de alerta que amerita sin demora la renovación del marco normativo que permita a las autoridades competentes en los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atentan contra la libertad de expresión.

En este contexto, es ilustrativo señalar que la comunidad internacional ha trabajado a favor de la protección a la vida y los derechos humanos, en donde nuestro país, no ha sido ajeno a estas políticas, y ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por esto es necesario señalarlos en este documento como sigue:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos , suscrito en el año de 1948 y con entrada en vigor en el mismo año, y que establece:

“Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

“Artículo 29

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; suscrito el 23 de marzo de 1981 y con entrada en vigor el 23 de junio del mismo año, y que establece:

“Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

• Convención Americana Sobre Derechos Humanos; suscrita el 24 de marzo de 1981 y con entrada en vigor en esa misma fecha, que a la letra dice:

“Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, en 1948, la cual:

“Artículo IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

• La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; suscrita el 20 de febrero de 1975 y con entrada en vigor el 20 de marzo del mismo año, el cual establece en su artículo 5°, lo siguiente:

“Artículo 5°:

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:

VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión.”

• Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de San José Costa Rica, aprobada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 108° periodo ordinario de sesiones, Washington D.C., octubre 2000, el cual menciona que:

1. “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”.

Es claro que la posición del Estado Mexicano, ha sido coadyuvar con la comunidad internacional para proteger los derechos esenciales del hombre. Siendo el común denominador la suscripción de los diversos instrumentos internacionales, cuya voluntad de nuestro País, es ser coincidente con la comunidad internacional, en cuanto a su espíritu humanista.

Hay que recordar las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que incorporaron los tratados a nuestro derecho interno, obligan al Estado mexicano a darles cabal cumplimiento.

Debido a ello, la intención de los miembros de estas Comisiones dictaminadoras es la de incorporar expresamente en nuestro derecho, figuras sustantivas y adjetivas que regulen la coordinación entre los tres niveles de gobierno para efecto de que sus autoridades actúen debidamente para proteger a los habitantes del país, cuando ocurran atentados contra la libertad de expresión.

La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogo, y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, que a su vez, permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Así, la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.

De manera específica, las personas dedicadas al ejercicio de la actividad periodística en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Así, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Por ello, la violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto.

Como se ha mencionado, en los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales, han dado cuenta del incremento de los ataques, amenazas y actos de intimidación en contra de personas que ejercen la labor periodística y los medios de comunicación en América Latina. Dentro de este contexto México es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región.

Este fenómeno en México ha despertado la preocupación mundial de tal manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, así como el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, elaboraron sendos informes para explicar la razón real desatada en contra de la libertad de opinión y de expresión.

Para estas Comisiones resulta imperante hacer constar en este dictamen, por la importancia y trascendencia que tiene esta reforma, los informes elaborados por los Organismos Internacionales, que son del tenor siguiente:

INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DRA. CATALINA BOTERO:

“VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

815. Con base en la información recabada con ocasión de su visita in loco a México, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país que precisa de acciones urgentes, la Relatoría aprovecha para reiterar muchas de las conclusiones y recomendaciones emitidas al finalizar su visita oficial al país en agosto de 2010. La Relatoría se pone nuevamente a disposición del Estado mexicano y ofrece su asistencia para que las recomendaciones se atiendan a la brevedad posible.

A. Violencia, impunidad y autocensura

816. La Relatoría considera que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas en el país. Según la información recibida, entre 2000 y julio de 2010 64 periodistas fueron asesinados y 11 desaparecidos, ubicando a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas. La situación de seguridad de los y las periodistas sigue siendo crítica; en 2010 la Relatoría registró 13 asesinatos de periodistas en el país, además de desapariciones, secuestros, ataques armados contra medios, y numerosas amenazas y hostigamientos. La Relatoría ha constatado que en los últimos años la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunos de dichos Estados hay comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad.

817. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y responsables de estos crímenes. No obstante, la información recibida por la Relatoría permite afirmar que en estos lugares el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida e integridad física de los y las periodistas, especialmente de aquellos/as que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.

818. La Relatoría está consciente de que el problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población. Sin embargo, observa que las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Por ello, saluda la adopción, en noviembre de 2010, del Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, el cual representa el primer paso para la creación de un mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores.

819. La Relatoría está convencida de que la protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México. En este sentido, saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y la mencionada adopción de un Convenio que busca la protección de las y los periodistas. Sin embargo, de particular gravedad resulta para la Relatoría el constatar la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas en México, fenómeno que alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.

820. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.

821. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:

• Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.

• Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes.

• Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria.

• Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra periodistas, en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada.

• Fortalecer la capacidad de acción de los organismos públicos de derechos humanos, mediante, entre otros, la aprobación de la propuesta de reforma constitucional en derechos humanos actualmente pendiente.

• Implementar el Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas como mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores. La aplicación del Convenio debe tener en cuenta: 1) la necesidad de asegurar los recursos financieros y personales necesarios para la implementación adecuada del mecanismo; 2) la necesidad de asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención y protección; 3) la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción; 4) la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas, la sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y funcionamiento del mecanismo; y 5) la conveniencia de buscar el apoyo de la comunidad internacional para el funcionamiento del mecanismo.

• Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública.

B. Libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático

822. En torno a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones sobre radiodifusión, la Relatoría observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas.

823. Asimismo, advierte que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar.

824. Con relación a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

825. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:

• Adoptar un marco normativo que brinde certeza, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación.

• Garantizar que la asignación de licencias en radio o televisión sea regulada por ley de manera completa, clara y transparente, y en virtud de criterios objetivos, claros, públicos y democráticos.

• Establecer un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.

• Establecer mecanismos legales para garantizar que la transición a los servicios de radiodifusión digitales garantice la mayor pluralidad y diversidad posible en el uso del espectro.

• Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

C. Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión

826. La Relatoría reconoce los avances registrados a nivel federal y en muchas de las entidades federativas relativos a la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias. Sin embargo, aún existen tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Preocupa a la Relatoría el uso de figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, personas que trabajan en radios comunitarias y activistas sociales en el marco de actos de protesta social.

827. La Relatoría está preocupada por las acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios en un marco jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Además, la Relatoría recibió información sobre acciones civiles que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica, y que habrían sido interpuestas contra periodistas y medios de comunicación.

828. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:

• Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la

Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

• Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.

D. Acceso a la información

829. La Relatoría reconoce los notables avances logrados por el Estado mexicano en los últimos años, los cuales han convertido al país en un referente en materia de acceso a la información. Al mismo tiempo, observan que el marco jurídico e institucional que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. La Relatoría también fue informada sobre la existencia de normas estatales así como sobre la interposición de recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.

830. La Relatoría fue informada sobre prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. Así, por ejemplo, en algunos Estados el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya trascurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte.

831. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:

• Preservar los avances en materia de acceso a la información, garantizando que los órganos de transparencia sean autónomos, que tengan presupuestos adecuados y estables, y que sus resoluciones sean definitivas e inatacables.

• Seguir expandiendo el acceso real al derecho de acceso a la información pública, fortaleciendo la capacidad institucional a todos los niveles de gobierno para responder adecuada y oportunamente a solicitudes de información, y estableciendo mecanismos sencillos (que incluyen, pero no se limitan, a Internet) para realizar dichas solicitudes.

• Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.

E. Comentario final

832. La Relatoría se siente privilegiada de haber presenciado una emergente solidaridad entre las y los periodistas en México. El 7 de agosto de 2010, el día antes de su llegada al país para realizar la visita in loco, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y columnistas de diversos medios de comunicación realizaron manifestaciones públicas en 14 ciudades para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su actividad y protestar por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Estado de Durango, por parte de quienes exigían la difusión de videos a cambio de su libertad. La Relatoría hace un reconocimiento y un llamado especial a las y los periodistas a continuar y profundizar estos procesos de solidaridad y apoyo mutuo. También expresa su admiración hacia los y las periodistas que conoció—y a muchos que no conoció—, que ejercen su profesión con gran dignidad y dedicación, no obstante las condiciones difíciles y riesgosas a las que están sometidos. Expresa, además, su solidaridad con las y los periodistas que han sido víctimas de violencia y con sus familiares.

833. Durante su visita la Relatoría recibió información de ciertas iniciativas adoptadas por algunos medios de comunicación para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de sus periodistas. Posteriormente a la visita recibió además información sobre una iniciativa de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para elaborar un protocolo de seguridad para la protección de comunicadores en contra de agresiones y amenazas del crimen organizado. La Relatoría invita a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Asimismo, las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.

834. Adicionalmente, la Relatoría reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el estado de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas. Considera esencial que estas organizaciones continúen realizando esta importante labor en condiciones de seguridad e instan a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a seguir apoyando sus esfuerzos.

835. Finalmente, la Relatoría reconoce una vez más la apertura del Estado mexicano al haberle invitado a realizar una visita oficial al país, y expresa su voluntad para seguir apoyando todos los esfuerzos que el Estado emprenda para fortalecer la libertad de expresión de todas las mexicanas y los mexicanos. Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el Gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”.

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBIERTTAD DE EXPRESIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FRANK LA RUE

“VII. Conclusiones

70. Con base en la información recabada antes, durante y después de la visita, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país, el Relator Especial formula las conclusiones siguientes:

71. Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad.

72. La impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales en México alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.

73. La libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de intimidación y violencia que sufren las y los periodistas. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

74. La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunas de dichas entidades federativas existen actualmente comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad y violencia.

75. En estas entidades federativas, el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, especialmente de aquellas y aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos conexos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.

76. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.

77. Por tal razón, el Relator Especial saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y las incipientes discusiones en torno a la creación de un mecanismo de protección para periodistas tanto a nivel nacional como en algunas entidades federativas.

78. En México prevalece un contexto adverso para la diversidad y el pluralismo. En relación a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones legales sobre radiodifusión, el Relator Especial observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. El marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. No existe tampoco un órgano regulador independiente.

79. En relación a las emisoras comunitarias, no existe un marco legal para reconocerlas ni procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgarles frecuencias para operar. Existe simplemente la figura legal del permiso para las estaciones no comerciales de carácter cultural.

80. Respecto a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente. Ello permite que la asignación de la publicidad oficial pueda ser utilizada para presionar, premiar, castigar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

81. El Relator Especial reconoce los avances registrados a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas en la despenalización de la calumnia, la difamación e injurias. Sin embargo, existen todavía tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Continúan utilizándose figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, de personas que trabajan en radios comunitarias y de activistas sociales en el marco de actos de protesta social.

82. Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La cobertura noticiosa de denuncias o la expresión de opiniones críticas sobre funcionarias y funcionarios se encuentran ampliamente protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

83. De acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público.

84. Continúan ejerciéndose acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Se han ejercido acciones de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación con el presunto propósito de hostigar y aún de silenciar la crítica.

85. México se ha convertido en los últimos años en un referente mundial en materia de acceso a la información. No obstante, el marco institucional y jurídico que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. Se han promulgado normas estatales e interpuesto recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.

86. Se dan prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. En algunas entidades federativas, el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

87. El Relator Especial reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas.

VII. Recomendaciones

88. Con base en las conclusiones anteriores, el Relator Especial estima oportuno formular las siguientes recomendaciones a la par que reitera su entera disposición para colaborar con el Estado mexicano en la implementación de las mismas:

89. El Estado parte debería acelerar la aprobación y entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, y emitir la legislación secundaria correspondiente a la brevedad posible a afecto de reptar y garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión.

A. Violencia, impunidad y autocensura

90. El Relator Especial recomienda:

a) Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa;

b) Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República así como a los órganos locales de procuración y administración de justicia;

c) Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión;

d) Dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos;

e) Adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes y delitos cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen o delito habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente privilegiada y agotada;

f) Fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos y crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección a periodistas en las comisiones estatales de derechos humanos;

g) Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debería ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; gozar de recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. El Relator Especial toma nota de la suscripción, el 3 de noviembre de 2010, del Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

h) Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión.

B. Libertad, diversidad y pluralismo en el debate democrático

91. El Relator Especial recomienda:

a) Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica; promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población;

b) Asegurar la existencia de medios públicos verdaderamente independientes del Gobierno, con el objetivo de fomentar la diversidad y garantizar a la sociedad, entre otros, ciertos servicios educativos y culturales;

c) Crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias;

d) Crear un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión;

e) Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

C. Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión

92. El Relator Especial recomienda:

a) Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así como no recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión;

b) Derogar la Ley Sobre Delitos de Imprenta de 1917;

c) Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciéndose estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores;

d) Emitir la legislación reglamentaria del derecho de réplica de conformidad con el artículo 6º constitucional y los estándares internacionales;

e) Asegurarse que el ejercicio de la radiodifusión comunitaria no sea objeto de persecución penal;

f) Garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social.

D. Acceso a la información

93. El Relator Especial recomienda:

a) Preservar los avances en materia de acceso a la información;

b) Garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables;

c) Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia no sean desafiadas por las autoridades;

d) Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación de acceso a la información;

e) Considerar como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información a las entidades de interés público, particularmente a los partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento público;

f) Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.

E. Recomendaciones finales

94. El Relator Especial invoca a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.

95. El Relator Especial insta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a continuar apoyando la labor y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México. Estas organizaciones deben realizar su labor en condiciones de seguridad.

96. El Relator Especial formula un llamamiento especial a las y los periodistas a continuar y profundizar los procesos de solidaridad y apoyo mutuo.”.

Por su parte México a través de la Procuraduría General de la República, dio a conocer en su Quinto Informe de Labores, los resultados estadísticos en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, durante el ejercicio comprendido del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, información que pone en evidencia la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional que se propone y se dictamina, resultados que son del tenor siguiente:

“FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

El 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que sustituye a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), y con base en el Plan de Trabajo 2010-2012 desarrollado por ésta última, los resultados generados en el periodo que abarca del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, son los siguientes:

OBJETIVO: Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.

ESTRATEGIA: Enfocar el sistema de procuración de justicia a favor de la víctima, identidad. (sic.)

Durante el periodo que se informa, se han iniciado investigaciones sin prejuzgar sobre la competencia, en virtud de que esta Fiscalía Especial no decide a priori si los hechos denunciados son o no materia federal, por lo que efectúa la práctica de diligencias a efecto de integrar debidamente la indagatoria y de esta manera estar en aptitud de resolver sobre la competencia de cada caso concreto, y tal como lo establece la jurisprudencia que a continuación se cita:

Controversias constitucionales. La Procuraduría General de la República no puede decidir a priori si se trata de delitos federales o locales sin que antes se averigüe y determine que existe algún ilícito. Ante la denuncia de los hechos que pudieren llegar a constituir delitos, conforme al imperativo del artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público Federal no puede decidir a priori si esos hechos merecen el calificativo de delictivos y, menos aún, en caso de que se reputaran criminosos, si corresponden a la órbita competencial de la Federación o de los estados, pues para llegar a definir una u otra cosa sólo es jurídico realizarlo a través de una averiguación previa que permita precisar el tipo de la conducta desplegada por el agente activo del ilícito. De esa manera, el órgano a quien compete asumir el papel de investigador, auxiliándose de todos los medios probatorios previstos en la ley, podrá determinar a posteriori si los hechos descritos o narrados en la denuncia respectiva son o no susceptibles de encuadrárseles en la tipología penal y, en su caso, si se trata de delitos federales o de orden común. En resumen: a la Procuraduría General de la República, en este caso, sólo le es dable diferenciar si concurren delitos del fuero federal y del común, a condición de que primero determine si los hechos denunciados son constitutivos de algún ilícito penal. Por lógica, primero habría que precisar si hay delitos para después determinar a qué fuero corresponden; adoptar la proposición inversa sería antijurídico y descansaría en una petición de principio.

Localización: Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de 11 votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega. Novena Época. Registro 200109. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Materia: Constitucional. Tesis P./J.36/96. página. 393.

En este mismo sentido y en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Fiscalía en vía de colaboración y asistencia con las autoridades locales, ha procedido cada vez que se lo han solicitado, a efectuar las diligencias y/o análisis detallados de las evidencias e investigaciones que se integran en el fuero común. Lo anterior, a efecto de colaborar con los estados, y cuando así proceda legalmente ejercer la facultad de atracción federal.

Actualmente la Fiscalía cuenta con un control automatizado de registros que parten del año 2000, respecto a los homicidios y desapariciones de periodistas, que permiten identificar a las víctimas por entidad federativa, año, zona o región geográfica, medio de comunicación al que pertenecían, entre otros.”

De lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden con las iniciativas en estudio y consientes del contenido de los informes que han quedado detallados sobre la situación de riesgo y agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión, comparten la urgente necesidad de aprobar la norma constitucional en estudio.

Es por ello, que consideran pertinente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes con esta reforma podrán ejercer de oficio la facultad de atracción, y combatir con mayor eficacia los delitos contra periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, información e imprenta, que tengan conexidad con delitos del fuero común.

A pesar de que la libertad de expresión, es parte del concepto de derechos humanos, otorgar competencia para la Federación evitará que estos queden impunes y garantizará imparcialidad, lo que repercute directamente en mejorar la procuración y administración de la justicia para las víctimas y sus familiares.

Facultad de atracción del Órgano Investigador Federal.

Resulta claro que la facultad de atracción, ya existe en nuestro sistema jurídico, como facultades de algunas autoridades, para conocer excepcionalmente de asuntos que por mandato legal, le competería a otra autoridad, ya sea diversa o en su caso de distinto nivel de gobierno.

Para efectos del presente dictamen, los miembros de estas Comisiones Unidas, coinciden en la necesidad de generar un mecanismo de excepción por el cual, se faculte a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, asegurando que de ninguna forma se debilite el pacto federal, pues se insiste, se trata de una facultad excepcional.

La Ley Suprema establece el federalismo como la forma de organización política, jurídica y social del Estado mexicano, dentro del cual existen tres órdenes de gobierno, que son la Federación, los Estados miembros y los Municipios, los cuales actúan de manera independiente, sin estar subordinados unos a otros.

El Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto de los delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea, de hechos relacionados con delitos del orden federal y local, principio de conexidad que ya se encuentra establecido para delito diverso, y que con la presente reforma se ampliará en materia de atentados contra la libertad de expresión y otros supuestos.

Estas Comisiones Unidas enfatizan que la propuesta de otorgar a las autoridades federales tal facultad de atracción, no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan en el ámbito de las entidades federativas.

Así las cosas, los miembros de estas Comisiones Unidas consideran que la facultad de atracción con la que se dotaría a las autoridades federales, tiene entre sus objetivos, enfrentar el problema que surge cuando existen elementos suficientes que presupongan la necesidad de que sea la Federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas, para lo cual deberá desarrollarse el mecanismo y los supuestos para su procedencia en la legislación secundaria. Así las cosas, podría establecerse que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales lo soliciten, o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.

En este sentido, estas Comisiones consideran pertinente expresar en la Constitución, las facultades a la Federación, ya que como los promoventes reconocen, existe un incremento en los delitos que afectan más a la sociedad y que atentan en contra de valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde a las entidades federativas, pero qué, dado su relevancia e impacto, así como su efecto para el Estado de Derecho, se reconoce la necesidad de que sea la Federación, para que conozca y persiga estos ilícitos.

Por tanto, es viable que las instituciones como Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, que cuentan con estructuras sólidas en materia de inteligencia, energías técnicas y capacidad de investigación avanzada, darán respuesta en la prevención, y el abatimiento de los delitos cometidos contra el ejercicio a la libertad de expresión e información.

Esto es así, ya que las labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada y desorganizada, constituyen la articulación de sistemas e instrumentos tecnológicos que apoyan las labores de los órganos ministeriales y policiales, en términos de la legislación constitucional y secundaria, en términos del artículo 21 inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del acuerdo por el que se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Control de Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Ley de Seguridad Nacional, Ley de la Policía Federal, Reglamento de la Ley de la Policía Federal y el Plan Nacional de Desarrollo.

Por último, estas Comisiones dictaminadoras, considerando que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debe cumplir con su obligación constitucional de brindar leyes claras y eficaces que representen un desarrollo adecuado de los individuos dentro de la sociedad en irrestricto respeto de las garantías fundamentales y derechos humanos de nuestro Estado de Derecho, cumpliendo a cabalidad los principios a técnica legislativa, se proponen una modificación a la iniciativa que se dictamina, en cuanto al artículo transitorio propuesto.

Lo anterior es así, ya que para efectos del proyecto de decreto, no se requiere que las legislaturas de las entidades federativas, incluyendo la del Distrito Federal, realicen modificación alguna a sus ordenamientos locales para que la Federación pueda ejercer la facultad de atracción a que alude la reforma.

Esto es, para que el texto sea armónico y no incongruente o contradictorio, basta con que en la legislación federal se establezcan los casos específicos y supuestos en que el Ministerio Público conocerá; por su parte, a la autoridad local le corresponderá por mandato constitucional hacer entrega de la información que se requiera sin que tenga necesidad de señalar expresamente en su legislación lo que ya ordena la Constitución.

Los diputados firmantes de este dictamen, coinciden en el hecho de obligar al órgano legislativo federal a realizar las reformas precisas en los cuerpos normativos conducentes, para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, cuando de los delitos de su competencia se deriven otros del orden común. Sin embargo y derivado de la relevancia del tema se considera oportuno establecer un plazo certero para legislar dichas modificaciones en el ámbito federal. Toda vez, que con esta reforma se busca cumplir con los principios constitucionales de administración e impartición de justicia pronta y expedita.

Es por ello que se propone establecer un término de máximo de un año para que el Congreso de la Unión realice las reformas adecuadas para la correcta aplicación de la presente reforma.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. ...

I a XX. ...

XXI. ...

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta.

...

XXII. a XXX. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Nota

1 Semanario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª./J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010, página 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rafael Pacchiano Alamán, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Maricarmen Valls Esponda (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con precisiones), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Laura Viviana Pérez (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica).

La Comisión de Justicia

Diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con reservas), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyez, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica; con las observaciones hechas en la reunión), Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

Opinión de la Comisión de Derechos Humanos por la que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 157, numeral 1, fracción IV y 158 numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente opinión, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 71 fracción II, presentó iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Contenido de la iniciativa

El Ejecutivo federal en su exposición de motivos señala que:

La Constitución general faculta al Poder Legislativo de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.

Por ello pretende, a través de su iniciativa, facultar a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.

Asimismo, manifiesta el Ejecutivo en su exposición de motivos que:

Es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos del fuero común trascienden al ámbito de los estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya se aporque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernado0res el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad aspiramos.

Para la mejor comprensión de la propuesta se expone un cuadro comparativo que contiene el texto vigente y la propuesta de reforma del artículo en comento.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes

Consideraciones

1. Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Conforme al asegundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determinan por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1

De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos de fuero común, cuando estos tienen conexidad con los delitos del fuero federal.

2. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atentan contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.

Lo anterior se sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, del que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito de orden federal.

En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades de orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.

Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que pueda conocer de los delitos de fuero común cuando estos tengan conexidad con los delitos federales.

Por otro lado, si se tratara de presenciar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.

En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:

Opinión

Primero. Deséchense la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.

Segundo. Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.

Tercero. Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales que haya lugar.

Nota

1 Seminario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª. /J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010 página 6.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: J esús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica en contra), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica en contra), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica en contra), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica en contra), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica en contra), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica en contra), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).

Elevan a rango federal delitos cometidos contra periodistas en México

2011-11-11T17:53:00.003-06:00

Diputados avalan federalizar delitos contra periodistas

Fecha: noviembre 11, 2011 - 15:11 | Sin comentarios

México, 11 Nov. (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que federaliza los delitos en contra de los periodistas.

En medio de la sesión inmersa en la consternación por la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake y otros funcionarios, se aprobó por unanimidad esta histórica reforma al artículo 73 constitucional que será la base de una ley reglamentaria que proteja los derechos de los comunicadores en México.

El diputado federal del PAN, Oscar Martín Arce, presentó una adición al dictamen que señala que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o “delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta”.

Durante su intervención en tribuna expuso que al agregarse al texto constitucional la palabra periodistas e instalaciones –de medios comunicación” se obliga a la Procuraduría General de la República a intervenir para realizar las investigaciones correspondientes.

A su vez, el diputado federal del PRI, Arturo Zamora, dijo que estos momentos aciagos y de conflicto que vive el país es necesario proteger la integridad de los periodistas y personas que laboran en los medios de comunicación y todos aquellos que están ejerciendo las libertades que se encuentran tuteladas en la propia Constitución.

Argumentó que la reforma aprobada evita interpretaciones que puedan crear vacíos o lagunas a la norma que promuevan la impunidad en una cuestión tan importante como es garantizar el derecho a la libertad de expresión y a todos los mexicanos a estar informados.

La reforma aprobada por mayoría calificada incluye como transitorios que una vez que el Senado avale la misma y la mayoría de los Congresos locales, en un plazo de hasta seis meses realicen las reformas a las leyes secundarias que correspondan.

SALUDA FUNDALEX FEDERALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA PERIODISTAS

México, D. F., a 11 de noviembre de 2011

TLa Fundación para la Libertad de Expresión expresa un profundo reconocimiento a los señores Diputados que en su sesión de hoy, en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que adiciona al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Federal, para introducir la federalización de los delitos cometidos contra periodistas, lo cual cumple con las expectativas de quienes trabajamos en los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de la Libertad de Expresión.

Como la Fundalex lo hizo el pasado día 9, ahora nos dirigimos a los señores Senadores para que, en su carácter de Representantes del Pacto Federal, agilicen los procedimientos para que el dictamen también sea aprobado de manera pronta y expedita en la Cámara Alta, cumpliendo con el procedimiento dispuesto para el Constituyente Permanente.

La Cámara de Diputados en pleno adicionó al artículo 73 fracción XXI de la Constitución en materia de Libertad de Expresión el siguiente texto: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra las personas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”.

La Fundalex se suma a las expresiones de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en el sentido de que la mencionada adición constitucional es un instrumento que fortalecerá las medidas de protección para los comunicadores; dándoles mayor certidumbre en la realización de su trabajo cotidiano y es una esperanza para terminar con la impunidad que priva en la mayoría de los casos conocidos.

Consejo Directivo
Fundación para la Libertad de Expresión

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Compra masiva de revista Proceso busca impedir circulación de información

2011-09-27T13:29:00.001-05:00

Compra masiva de revista Proceso busca impedir circulación de información

Ciudad de México, 26 de septiembre, 2011.- El semanario político Proceso que se edita en la Ciudad de México se convirtió en los últimos meses en objeto de una estrategia consistente en la compra masiva de ejemplares en diversas ciudades del país, para impedir la circulación de información crítica que pone en entredicho a las autoridades locales.
La maniobra, cada vez más recurrente contra la revista, fue usada durante las últimas dos semanas en ciudades de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla, donde desconocidos se presentaron en diferentes puntos de venta para comprar, sin ningún tipo de violencia, el total de los ejemplares en circulación, impidiendo que éstos lleguen a su público objetivo.
Hechos similares ya habían sido documentados por ARTICLE 19 anteriormente en Sinaloa y Sonora, donde grupos con interés de impedir la difusión de reportajes sobre la presunta relación de políticos y funcionarios de alto nivel con el narcotráfico compraron a los distribuidores todas las revistas destinadas para la venta al público en aquellas entidades. El caso más reciente se presentó este fin de semana en Veracruz, donde 5,400 ejemplares de la revista, que dedicó su portada a la violencia del narcotráfico en el estado, fueron sacados de los puntos de venta por personas que los compraron en su totalidad.
Rafael Rodríguez Castañeda, director de la publicación explicó que estas acciones concertadas en distintas ciudades han significado que en sólo dos semanas 12 mil ejemplares de Proceso terminaran en unas cuantas manos y no llegaran a los lectores.
ARTICLE 19 considera que la compra masiva, así como el robo de ejemplares con el fin de evitar que lleguen a sus destinatarios es una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público, tal como lo establecen el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese sentido ARTICLE 19 hace un llamado a los gobiernos estatales y federal para que cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen la libre difusión e ideas e información. Todo obstáculo o restricción realizados por personas privadas o por agentes estatales representan una violación a los principios que prohíben la censura previa.

NOTAS PARA PRENSA
Para mayor información favor de contactar a Juan Carlos Romero, Oficial Adjunto del Programa de Libertad de Expresión de la Oficina en México y Centro América juan@article19.orgjuan@article19.org> o hablar al + 52 55 1054 6500.

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

Abuso de autoridad y privación al derecho a la libertad

2011-06-10T02:59:00.001-05:00

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 08 de junio de 2011

Abuso de autoridad y privación al derecho a la libertad de información

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

A l Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH)

A los organismos defensores de los derechos humanos

A los defensores de los derechos de los periodistas

El pasado 8 de junio acudí a las instalaciones de los juzgados ubicados a un costado del centro penitenciario El Amate, a fin de darle cobertura periodística a la audiencia pública del ex gobernador, Pablo Salazar, que se iba a dar en la rejilla de prácticas de juzgado Tercero del Ramo Penal, a cargo del juez Belisario Domínguez Velasco.

A lugar llegue aproximadamente a las 9:30 am. Para entrar a la zona de juzgados hay que pasar por una puerta vigilada por policías estatales. En este lugar los uniformados me preguntaron a donde iba, y si llevaba celular. Les respondí que me dirigía a los juzgados a una audiencia, y que si llevaba un celular, por lo que me pidieron que dejara este aparato afuera.

Al regresar de dejar el celular con otra compañera periodista, los uniformados solicitaron mi credencial de elector para tomar mis datos, y en seguida pase, y me dirigí a la zona de juzgados. Ahí esperé durante cinco horas a que empezara la audiencia. En ese tiempo solicité una entrevista con el juez a través de su secretaria, con quien me identifiqué como periodista.

También hice esta identificación y dije el motivo de mi estancia en el lugar, a los actuarios y demás personal del juzgado, quienes incluso bromearon con el hecho de que ojalá no salieran en la televisión como en el documental de “Presunto Culpable”.

Aproximadamente a las 12:00 horas un par de policías estatales entro a la zona de juzgados, y me pidió les mostrara mi bolsa, preguntándome si traía una cámara. Les dije que si traía una cámara de video y fotografía. Me dijeron que tenía que salir de los juzgados para ir a dejar mi equipo con los guardias del penal. Yo les dije que NO iba a salir del lugar hasta que terminara la audiencia a la que iba, y que si deseaban la cámara se la podían llevar, pero con esta acción estaban violando mis derecho a darle cobertura periodística a la audiencia, con los medios de grabación que utilizamos los periodistas.

Los uniformados ofrecieron una disculpa y dijeron que solo “recibían órdenes”, a lo que yo les respondí que no se preocuparan, que no era nada personal y que sólo esperaba que al salir del penal me entregaran mi equipo intacto. En ese momento sólo le quite la tarjeta de video a la cámara, con la intensión de que no fueran a hacer uso indebido del contenido.

Dos horas más permanecí en espera en los juzgados, tiempo en el cual el personal del lugar se portó muy amable conmigo. Sin embargo, a pocos minutos de que iniciara la audiencia, personal del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas llegó con equipo de grabación de video y fotografía. Al verme ahí, salieron y empezaron a llamar por teléfono. Unos minutos después llegaron una docena de policías, entre ellos un uniformado que a juzgar por su actitud, era un alto jefe policiaco. En su gorra tenía el apellido Ferreira, y en su camiseta la leyenda Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad.

Estos uniformados empezaron a hostigarme y exigirme me saliera del lugar, a lo que les respondía que las audiencias por ley son públicas, salvo que el juez determinara lo contrario, y en ese caso de ser así, para retirarme solo les pedía la orden expresa y por escrito de juez. Empezaron a tomarme fotografías y me solicitaron mis datos. Les entregué nuevamente la credencial de elector y les dije que ahí estaban todos mis datos.

Me preguntaron “¿por dónde entraste?”, lo cual me sorprendió, pero les respondí que “por la puerta”.

Posteriormente la secretaria del juez Belisario Domínguez Velasco me dijo que no podría darme una entrevista, que saliera de los juzgados. Yo le respondí que si esa era determinación del juez la acataría, porque él es la máxima autoridad en el lugar, sólo que me lo hiciera saber de forma expresa.

También le manifesté mi extrañeza, porque durante cuatro horas no me pidió que me saliera, y no fue sino hasta que entró el equipo de comunicación social del gobierno de Chiapas, que cambió de actitud.

En ese momento salió a la rejilla el presentado, Pablo Salazar. Me acerqué a la rejilla, y le pregunté si accedía a darme una entrevista. Él accedió, realicé una breve entrevista, a pesar de que en ese momento los uniformados me cercaron por atrás, sin embargo sólo quedaron a la expectativa, escuchando que me respondía en la entrevista.

Minutos después de terminar de entrevistarlo, empezó la audiencia, y yo me senté en un lugar que uno de los actuarios me había prestado amablemente. Saque una grabadora digital de audio, para grabar la comparecencia. Sin embargo, al poco rato, una persona quien al parecer era el Secretario Segundo del Juzgado, ya que así los llamaban, pero de quien no se su nombre, vio que yo acomodaba la grabadora sobre una mesa, y me extendió la mano para que yo se la diera, lo que yo interpreté como que iba a ayudarme a colocarla, porque previamente durante las cinco horas que permanecí en espera en los juzgados, esta persona fue muy amable conmigo.

Sin embargo, el Secretario intentó llevarse mi grabadora, por lo que yo se la quité, y le dije que lo que hacía era un robo. Todo esto fue grabado por el equipo de comunicación del gobierno de Chiapas.

Siguió la audiencia, yo intenté apagar mi grabadora, porque había quedado encendida. En ese momento se acerca el juez por atrás y me exige que la guarde, “o te saco de acá”, dice. Le hice señas indicándole que eso hacía.

En este momento el presentado, pide una moción al juez, la que le conceden. Le pregunta porqué a mí no me permite grabar, y al equipo del gobierno de Chiapas sí. EL juez trastabillea en su respuesta, y dice que es porque yo no pedí permiso, a lo cual yo le dije que era falso porque me presenté desde el inició con él, a través de su secretaria, a quien le manifesté de forma expresa –al igual que al resto del personal del juzgado- el motivo de mi estancia. La moción duro menos de un minuto, y la diligencia siguió llevándose con normalidad.

Siguió la comparecencia del presentado, y en todo momento atrás de mí estuvieron los guardias de seguridad, viendo lo que yo anotaba en mi libreta, y en una actitud de franco hostigamiento.

Al final de la audiencia me acerqué al Secretario Segundo y le pregunté porque había intentado llevarse mi grabadora, él me respondió que había recibido la instrucción del juez. Luego le pregunté al juez cuál había sido el motivo de la discordia, porque yo en todo momento fui transparente en el motivo de mi estancia en el lugar, y en las casi cinco horas que estuve ahí esperando empezara la audiencia, no me había hecho saber que era su deseo que no presenciara la diligencia penal.

Él sólo me respondió, sin querer mirarme a los ojos, que “burle la vigilancia”.

Posteriormente, con la intensión de recuperar mi equipo, me dirigí al policía de apellido “Ferreira”, quien evidentemente tenía el mando ahí. Le pregunté quién me entregaría mi cámara de video y fotografía, él me respondió que los guardias de afuera.

Salí del lugar que ocupan los juzgados, y en ese momento fui interceptada por dos uniformados, uno de ellos dijo ser el encargado de la seguridad en los penales. Me exigió le entregara mi grabadora de audio digital. Le pregunté porqué, y me respondió que “por cuestiones de seguridad”.

También me dijo que debía revisar todas mis pertenencias, y mi persona. Le explique que estaba violando mis derechos al ejercicio profesional, que no era correcto que revisará mis archivos periodísticos, pero que como yo no estaba ocultando nada, se los entregaba y los hacía responsables del uso que se le diera, que no debía hacer ninguna copia de los archivos, ni borrar las entrevistas.

Fui custodiada hasta una cabina de la policía, ahí una mujer me revisó, y me quitó dos memorias USB, una grabadora de audio digital, y la tarjeta de video de mi cámara. Se las entregó al jefe de seguridad, quien se las llevó por espacio de más de media hora.

En ese tiempo me mantuvieron custodiada policías estatales, quienes me llevaron a unas bancas ubicadas en una zona que conduce al interior del penal. Luego de este tiempo me guiaron hacia la salida, en donde me entregaron mi equipo y me tomaron nuevamente fotografías.

Con estas acciones, violaron el derecho al acceso a la información de que gozamos las y los periodistas, y todos los ciudadanos mexicanos.

Violaron mis archivos personales, obstaculizaron mi derecho al ejercicio periodístico, y me retuvieron ilegalmente, y me amedrentaron.

Por tanto demando una investigación y apercibimiento a las personas responsables de estos hechos.

Consideró que este hecho es una muestra de que se está obstaculizando el derecho a la información, al impedir el acceso a los medios de comunicación a los juzgados, para poder dar cobertura a audiencias que por ley son públicas.

Esta actitud es selectiva y parcial, porque mientras que a comunicadores del gobierno de Chiapas se les permitió entrar con equipo de grabación, e incluso introducir una camioneta dentro del complejo, afuera de las instalaciones, a una docena de compañeros representantes de medios de comunicación les impidieron la entrada, a pesar de haberla solicitado de manera formal.

En mi caso personal también hay que señalar que esta agresión forma parte de una serie de hostigamientos y agresiones que he venido padeciendo, todas relacionadas con mi trabajo periodístico, y por las cuales hay en proceso quejas antes diferentes instancias de derechos humanos, y una denuncia ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Periodistas, misma que no ha prosperado.

La actitud asumida por los servidores públicos viola de forma flagrante los artículos 12 al 15 de la Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas, en su Capítulo IV que habla de “El Libre y Preferente Acceso a las Fuentes de Información”. La citada ley fue publicada por el mismo gobernador Juan Sabines Guerrero pero que en Chiapas nadie conoce ni respeta.

Considero que se violentaron mis derechos consagrados en los artículos 6 y 7 Constitucional.

El punto 2 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señala que “toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Queda constancia pues, que en Chiapas, el discurso del pleno respeto a la libertad de prensa, de expresión, de información y de opinión es sólo un discurso demagógico.

Ángeles Mariscal

Periodista en Chiapas

Persecución de medios y periodistas en Chiapas

2011-05-02T20:31:00.001-05:00

La prensa en Chiapas bajo la lupa

Por José Luis Castillejos Ambrocio (*)

Lunes, 02 de mayo de 2011 a las 20:18

Las aparentes e inocentes 9 líneas que escribió el analista Jesús H. Pérez, en su columna “Será el sereno” en torno al eventual “destape” del productor cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz para gobernar Chiapas generó

una advertencia de sanción, por parte de la Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL) que busca, a toda costa, frenar la comisión de actos anticipados de precampaña o campaña política prohibidos por el artículo 338, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

El comentario difundido en las versiones digitales de los medios: Libertad en Chiapas, Quadratin Chiapas y diariomeridiano90.blogspot.com no tiene nada que socave las estructuras de las instituciones o atente contra la estabilidad de ese pujante estado que próximamente estará en una nueva fiesta electoral para designar al sucesor del actual gobernante, Juan Sabines Guerrero.

El texto que motivó el pedido de explicaciones de la COFEL a los directivos de “Libertad en Chiapas” es el siguiente: “Y bueno ayer, saltó a la palestra, el cacique Jesús Alejo Orantes Ruiz, como el primero que intenta sustituir al gobernador Juan Sabines Guerrero en el gobierno del estado, para el 2012, en un acto que se llevó a cabo en la comunidad Laja Tendida, del municipio de Venustiano Carranza, donde dio a conocer su programa `La luz de los pobres´, con el que promete llevar proyectos productivos, obras y recursos para las comunidades indígenas y campesinas”.

¿Será acaso que a la COFEL le molestó el calificativo de `cacique´ que le endilgó Jesús H. Pérez, al poderoso cañero Don Jesús Alejo Orantes Ruiz? ¿O es un intento de celo de la COFEL que dispone `suspender de forma inmediata la difusión de publicidad o propaganda denigrante, injuriosa o dañina para la imagen de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, autoridades electorales, gubernamentales o en general a cualquier institución relacionada con los procesos electorales?

Hasta donde se lee, en el escrito del periodista, no existe la probable comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, prohibidos y por el cual se le iniciara un procedimiento ordinario de investigación.

Más bien revela que los periodistas que escriban sobre temas electorales estarán, a partir de ahora, como siempre lo han estado, en la mira de la Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL) y cuyo celo podría ser un verdadero freno a la libertad de expresión.

Repetiré aquí lo que he escrito para ilustrar otro caso: Con las críticas se está queriendo “matar” al mensajero. En la antigüedad era una costumbre muy extendida la de ejecutar al mensajero de turno que reportaba noticias que no eran del gusto del Rey.

Según la leyenda en el oriente había un Rey muy cruel, injusto y despiadado y todo aquel que tentara fastidiarlo lo destruía de inmediato. Cada vez que recibía un mensajero, proveniente de los confines de su reino, si este le traía una mala noticia lo hacía matar de inmediato. Confundiendo el mensaje con el mensajero y la realidad con la sombra de la misma, logró que nadie se atreviera a decirle lo que realmente pasaba. Fue así que ni siquiera se enteró de que había dejado de ser rey. Tal era el pánico que aún provocaba ese tipo de comentarios y cuando su pueblo lo condenó a muerte ni el verdugo se atrevió a comunicarle la sentencia por temor a ser él el ejecutado.

Por eso sorprende el Expediente Número Cofel/POI/002/2011, Secretaría Técnica, Oficio Número Cofel/ST/093/2011, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, firmado por el Lic., Marlon Molina Castellanos en el que se advierte de aplicar 300 días de salario mínimo de multa al diario electrónico “Chiapas en Libertad” en caso de que hagan caso omiso a un pedido suyo de explicaciones, muy confuso, por cierto.

El documento fechado el 27 de abril apenas pasada la Semana Santa, fechas en la que todo mundo expía sus culpas se le pide al Director del diario “Libertad en Chiapas” que informe a la Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL) si es que en ese medio se publicó la nota. ¿Acaso quien formula la pregunta no la leyó allí y eso motivó su “investigación” endeble?

Pide, además, que se precise si se trata de una entrevista y si alguien pagó por la misma, la cantidad de ejemplares y el grado de cobertura del medio informativo.

Aquí hay una ignorancia total de quien hace el pedido de explicaciones: primero porque es un medio digital y su cobertura es mundial. Hasta en el último rincón del mundo donde llegue Internet podrán leer lo que escribió el columnista; segundo, es un mero comentario y de repente el exceso del articulista es llamarlo “Cacique” pero sus razones tendrá y tercera no pueden haber ejemplares porque es una versión digital, online, es decir que se cuenta por visitas y no por volumen en papel.

Esta es una inusual carta en la que su firmante no investigó y queda muy mal parado, ya que como funcionario, su primera función, valga la redundancia del término, es informarse de lo que va a sancionar pues, de lo contrario a quien le pueden llamar la atención es a él por pretender socavar los principios de la libertad de expresión que tanto ha costado defender.

Las denuncias, y debe saberlo, provienen luego de que sea iniciado por algún partido político, que haya una queja o de manera oficiosa se entablen procedimientos sancionadores contra los partidos políticos o coaliciones.

A juzgar por las nueve líneas de la columna no existe la probable comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, prohibidos por el artículo 338, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el cual pudiera haber iniciado el denominado “Procedimiento Ordinario de Investigación.

Por tanto, no se ha acreditado la responsabilidad administrativa del periodista y en consecuencia la advertencia es una especie de “estate-quieto” contra los medios que pretendan hacer críticas a los candidatos o adelantarse a los destapes.

En todo caso que el funcionario que pide las explicaciones que explique él si es que su investigación está basada en la posible violación de los artículos 223, 224, fracción I y 225, primer párrafo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al tener indicios de la realización de actos anticipados de precampaña; y, si es que de conformidad con el artículo 206, fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los medios de comunicación que transmitieron la columna del periodista pudieran haber incurrido en hechos que pudieran constituir actos anticipados de precampaña realizados.

Ahora el Licenciado Marlon Molina Castellanos deberá demostrar cuáles son las pruebas antes analizadas y bajo qué razonamiento lógico-jurídico y a criterio de qué amenaza con sancionar al medio de comunicación que publicó un comentario sobre un supuesto “destape” del productor cañero.

A menos que alguien le haya aconsejado mal al funcionario y haya supuesto que el medio digital incurrió en una conducta infractora y, por tanto, realizar una acción prohibida por la Ley Electoral y por lo tanto sería sujeto de una responsabilidad administrativa.

Hay que aclarar las cosas ahora antes de que se desate una cacería en contra de los comunicadores sociales.

Señores de la COFEL están queriendo sancionar el mensajero; lo viable y razonable es que haya una mayor comunicación y que Ustedes den, a los periodistas, los alcances para que estos sepan en qué momento alguien puede cometer una infracción.

La sugerencia es que antes que investigar al “mensajero”, investiguen al productor cañero si es que este se adelantó a los tiempos y, de ser así, a qué sanciones se hace acreedor.

joseluiscastillejos@gmail.com

Con aval de Juez Federal, abogado defensor de presuntos Zetas presiona a periodista de Comitán para diligencia judicial

2011-04-14T16:59:00.001-05:00

Comitán de Domínguez, Chiapas; 14 de abril de 2011.

A la Sociedad Interamericana de Prensa

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Al Centro Nacional de Comunicación Social.

Por este medio apelo a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, para denunciar que desde hace varios meses, soy hostigado por el Juez 1º de Distrito de Chiapas, en el municipio de Cintalapa, con el fin de que comparezca en una audiencia, con el “fin de identificar” a dos detenidos por posesión de armas de fuego.

En varias ocasiones, el Juez ha girado oficios a la oficinas del periódico Cuarto Poder, en Tuxtla Gutiérrez, pero los directivos rechazaron recibirlo, bajo el argumento de que los trabajadores de los medios de comunicación no deben ser parte de un proceso judicial, ni ser llamados como testigos. En todo caso deben ser llamadas las dependencias que proporcionaron la información como es la Procuraduría General de la República (PGR).

En varias ocasiones, personeros de la PGR han ido en diferentes domicilios a buscarme, según me han comentado vecinos, para entregarme el citatorio.

Fue hasta el 13 de abril por la noche, que llegó a mi domicilio un abogado identificado como Marcos Majín, que defiende a los detenidos en el penal de “El Amate”, para prácticamente amenazar a mis familiares que debía presentarme a “identificar a dos detenidos”, durante una audiencia prevista para el 14 de abril a las 11:00 horas, ya que el pasado 3 de septiembre del 2009, publiqué la nota de su arresto durante un operativo del Ejército y fuerzas policíacas federales y estatales en el municipio de La Trinitaria. Majín advirtió que en caso de no acatar la orden del juez (que nunca he recibido), agentes de la PGR me arrestarían y me llevarían a la “fuerza” hasta el lugar de la comparecencia. Le dio tiempo de decir que para estos días, el juez ya me había impuesto “una fuerte sanción” económica, como si le constara que ha visto el documento emitido por el juez.

A partir de la advertencia de Majín, me puse indagar cuál era la nota periodística y en efecto, se refiere a la publicación del 3 de septiembre del 2009, cuya fuente es un boletín emitido por la PGR y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que fueron publicadas en diarios de Chiapas y portales del gobierno como El Universal, El Financiero, El Economista, Presidencia de la República, Diario Buendía, Ehui, Noticias de Chiapas, El Heraldo, El Orbe y otros.

Por lo tanto, exijo al Juez 1º de Distrito, que deje de hostigarme y le sugiero que mejor indague en las fuente primarias de las que los reporteros nos abastecemos de información.

En los actuales momentos del país, es lamentable que el sistema judicial mexicano, siga echando mano de los trabajadores del los medios de comunicación, para que éstos sirvan de “testigos” en los procesos, como si nosotros participáramos en la captura de las personas y prácticamente los acusáramos de los delitos, por el simple hecho de publicar el hecho en los diarios.

Al Juez 1º de Distrito, le pido que haga su trabajo conforme a la ley; que si las personas detenidas son inocentes (como suele suceder en el mayor caso de los detenidos), que se les otorgue su libertad inmediata y les pida perdón público. Las cárceles de México siguen atestadas de presuntos culpables, como lo ha dicho varios organismos. En todo caso, el juez debería llamar a comparecer el Ministerio Público, pues éste acusó formalmente a los detenidos o también puede llamar a la persona que elaboró el boletín en la PGR y lo difundió a los medios.

Por todo esto, clamo a los organismos que procuran por la defensa de la libertad de expresión, para que Juez 1º de Distrito de Chiapas, deje de hostigarme, porque en México, los reporteros “Ya estamos hasta la madre”, que nos quieran vincular como partes de un proceso judicial, todo por la miopía del arcaico sistema judicial.

Finalmente adjunto direcciones de algunos medios que el 3 de septiembre del 2009, publicaron esta información que proporcionó la PGR, entre estos el propio portal de Internet de la Presidencia de la República.

Fredy Martín Pérez

Reportero

Recursos Públicos y Publicidad Oficial, ¿para informarte o manipularte?

2011-03-30T18:37:00.002-06:00

Recursos Públicos y Publicidad Oficial, ¿para informarte o manipularte?

Lanzamiento de la página www.publicidadoficial.com

En 2010, se autorizaron $6,479.4 millones de pesos para publicidad oficial; un gasto 288% mayor que lo que se había presupuestado para ese año.
En lo que va del sexenio, el gasto suma más de $18.8 mil millones de pesos.
Estos recursos públicos se gastan con discrecionalidad y convierten la publicidad oficial en una herramienta que vicia la libertad de expresión y la pluralidad informativa. Urge regular su uso.

Hoy, 30 de marzo de 2011, en conferencia de prensa en la Universidad de la Comunicación, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19 lanzaron oficialmente el sitio www.publicidadoficial.com, un espacio que ofrece tanto a las y los legisladores como a expertos, investigadores y a la ciudadanía en general estadísticas e información sobre el uso de los recursos públicos y la publicidad oficial en México. Esta página es parte del esfuerzo por hacer visible la problemática que implica una comunicación oficial no regulada.

La publicidad oficial cumple un rol fundamental en la relación entre gobernantes y gobernados, que es la de mantener informada a la ciudadanía. Estos recursos públicos no deberían de ser utilizados por las y los gobernantes para su propaganda personal. En México, este gasto es excesivo en comparación con otros países; lo que no necesariamente se traduce en mejor y mayor información a la sociedad. Desde 2007, cada año se gastan más del doble de los recursos asignados a este rubro. En lo que va del sexenio, el gobierno mexicano ha gastado $18,834.2 millones de pesos en la partida 3600, Comunicación Social y Publicidad.

El uso discrecional de la publicidad oficial atenta contra el derecho a la información porque estos recursos pueden ser utilizados con el objetivo de castigar o premiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, además de que cuando se privilegia a algún medio se puede inhibir la pluralidad informativa. Además, no hay una regulación específica que establezca con claridad cuáles son los parámetros que definan cuál es la información que debe contener la asignación de la pauta publicitaria.

Es por esto que Fundar y Artículo 19 lanzan el sitio www.publicidadoficial.com que contiene información del uso de la comunicación oficial en México y el presupuesto de los gobiernos para sus campañas mediáticas. Este espacio ofrece estadísticas e información sobre el uso de los recursos públicos y la publicidad oficial además de la discrecionalidad y falta de criterios claros para la asignación de la pauta publicitaria a los medios.

Notas para prensa:

Para mayor información, contactar a Justine Dupuy de Fundar (justine@fundar.org.mx) en el tel. (55) 5554-3001 ext. 138 ó a Omar Rábago de ARTÍCULO 19 (omar@article19.org) en el tel: (55) 1054-6500 ext. 102.

ARTICLE 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

ARTICLE 19

Oficina para México y Centroamérica

Medellín 33 Col. Roma

México D.F. C.P.06700

Tel: +52 55 1054 6500 ext. 102

Fax: +52 55 1054 6400

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SOS: Retrasan en la Cámara de Diputados la reforma de Ley Fral de Acceso a la Info Pública

2011-03-23T22:19:00.003-06:00

Estimados colegas,

Escribo a nombre del Colectivo por la Transparencia. Antes que nada, quisiera ofrecerles una disculpa por lo largo del correo pero creemos que es importante dar el contexto en el que se enmarca la reforma, compartirles las malas nuevas del día de ayer y ser muy claros en nuestras propuestas.

Como algunos de ustedes ya sabrán, el día de ayer la Mesa directiva de la Cámara de Diputados tomó la decisión de incluir a la Comisión de Hacienda en la discusión de la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta decisión se da justo en el momento en que ya habíamos logrado un consenso para aprobar el dictamen en las 3 comisiones a las que fue turnada la Minuta del Senado (en abril del año pasado), es decir, a las Comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. Los argumentos oficiales son que la reforma está tocando temas como fideicomisos públicos y secreto fiscal, y que por lo tanto requiere la dictaminación de la Comisión de Hacienda. (Cabe mencionar, que el turno lo están haciendo un año después de que la reforma llegó a la Cámara; la Minuta fue turnada el 28 de abril del año pasado). Acá una nota de Lilia Saúl sobre el tema: http://www.eluniversal.com.mx/notas/753862.html

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta decisión es sólo un nuevo pretexto para seguir retrasando la aprobación de la reforma y para hacer más difícil la posibilidad de llegar a un acuerdo. Evidentemente este dictamen no es la panacea en materia de transparencia, pero si contiene disposiciones positivas y en un análisis realizado, decidimos apoyarlo por ser el mejor dictamen posible y obtenible. Es de señalarse que como Sociedad Civil logramos detener múltiples retrocesos en materia de transparencia que incluía la reforma propuesta por el Senado y que este dictamen ya no contiene. Por ejemplo, la propuesta del Senado incluía que el IFAI podía calificar los recursos de revisión de frívolos y daba a las dependencias la posibilidad de no contestar solicitudes si les generaban cargas excesivas de trabajo, entre otras oportunidades para la opacidad – ya enmarcadas en la ley.

Así pues, ¿cómo podemos hacer que la reforma salga adelante?

Nos queda claro que aunque todas nuestras acciones han servido para ejercer presión, no han sido suficientes para el gobierno, los diputados y demás personajes interesados en seguir ocultando información que los compromete. En definitiva nos parece que están apostando a que nos cansemos y nos desgastemos y justamente por eso les escribimos, para pedirles que en lugar de cansarnos tomemos más impulso y nos enfoquemos todo lo que resta del periodo legislativo (termina el 30 de abril) en exigirles a los diputados que hagan su trabajo y a elevarles el costo político si deciden no hacerlo. Para ello los queremos invitar a que se sumen a dos propuestas:

1.- Sacar un desplegado el lunes o martes de la próxima semana en un medio nacional. El problema resulta del costo de dichos comunicados (anexo un documento donde vienen los costos), es por esto que les invitamos a sumarse al desplegado y a aportar una cantidad en la cuenta de HSBC, que a continuación señalo para poder llevar a cabo esta acción.

HSBC

FUNDAR CENTRO DE ANALISIS E INVESTIGACION A.C.

CTA.4012835013

CLABE 021180040128350135

Favor de enviar un correo con su aportación a haydee@fundar.org.mx y a patricia@fundar.org.mx. A la vuelta de la semana enviaremos una hoja Excel con la lista de aportaciones y los nombres, y así hacer lo más transparente posible el logro de este objetivo. Asimismo, los invitamos a hacer propuestas sobre lo que comunicaremos; esperamos mandar una versión preliminar el día de mañana para tener un día completo para recibir sus adhesiones y sus comentarios.

2.- Utilizar todas nuestras herramientas de comunicación para hablar sobre el tema y pedirles a nuestros conocidos y amigos que hagan lo mismo durante todo el mes de abril, me refiero a las personas y organizaciones que tienen columnas, editoriales, blogs y demás espacios en medios. La idea es que se hable de la reforma en todos lados (radio, tele, revistas, periódicos, redes sociales, etc.) para que los diputados se den cuenta que estamos al pendiente.

Esperamos contar con su valioso apoyo para lograr que finalmente se aprueben las necesarias reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ojalá puedan difundir este correo entre sus redes y contactos para que logremos sumar a todas las organizaciones, periodistas, especialistas, académicos y personas en general que estén interesadas en el tema.

Les enviamos un saludo afectuoso y quedamos a la espera de su respuesta.

Carmen Aristegui: ¿Qué hacer?

2011-02-14T09:41:00.001-06:00

Carmen Aristegui: ¿Qué hacer?

Posted on 13 febrero, 2011

Carmen Aristegui: ¿Qué hacer?
Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 12 de febrero.- Una vez más Carmen Aristegui ha sido arrojada fuera del circuito radiofónico. La coartada que esta vez sirvió para que MVS resolviera separarla partió de un hecho cuyo alcance y significado admite diversas interpretaciones pero que tenía importancia noticiosa: un escándalo en la Cámara de Diputados por un señalamiento de legisladores de la oposición al presidente de la República. La periodista, al presentar el suceso en su emisión del viernes 4 de febrero, situó en un contexto necesario el mensaje de los impugnadores del presidente y concluyó con una pregunta y una petición: ¿Hay problemas con el modo de beber del presidente? Sería sano que Los Pinos lo aclarara.
La Presidencia lo negó el miércoles 9 de febrero, ya tarde. El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, dio respuesta a la interrogante de la aguerrida pero sobre todo inteligente periodista. Bastó que describiera la laboriosidad presidencial, lo apretado de su agenda, su diligencia notoria, atestiguada por toda suerte de personas que lo han visto pleno de salud. Lo que pudo decirse el viernes mismo se aplazó hasta cinco días más tarde, cuando ya se habían amontonado los acontecimientos: Carmen Aristegui no condujo su emisión matutina en el 102.5 del cuadrante capitalino de FM; se generó una vastísima, multitudinaria protesta en las calles y en las redes sociales, y la periodista, al sentar su posición, anunció estar dispuesta a retomar el micrófono (ella dijo que el lunes 14, lo que sería simbólico, aunque podría ser otro día próximo) si se lavaba su nombre, ensuciado por la afirmación de que rompió el código de ética al presentar como noticia un rumor.
A pesar de que la dignidad de Carmen Aristegui la condujo a poner muy alta la cota de actitudes a tomar, los protagonistas del suceso respondieron al acicate que resultó de su mensaje. La Presidencia, que había negado tener que ver con el despido de la periodista (pero que cándidamente aceptó que la concesionaria le dio cuenta de lo ocurrido, lo cual sólo es comprensible como si se le ofreciera una satisfacción), produjo el informe sobre la agenda presidencial, de cuyo conocimiento se desprende que Felipe Calderón goza de cabal salud. Y MVS, en vez de rechazar la disposición de su estrella hasta el viernes anterior (que estaba en ascenso, cada vez con más estaciones interesadas en repetir el noticiario), sólo anunció que tomaría decisiones en los próximos días.
En la noche del jueves 10, cuando se escriben estas líneas, esa era la situación. Cabe esperar una rectificación y que Carmen vuelva al aire la próxima semana, no necesariamente el lunes, si su reputación queda a salvo. Parece haber quedado claro que el episodio generó sólo pérdidas para todos, que son remediables con buena voluntad (tener presente la cual no es por fuerza candor pueril).
Pero todos, y no sólo Carmen Aristegui, debemos pensar en qué hacer. Todos, digo, porque el problema laboral de la periodista no es sólo un problema laboral, sino un desgarramiento en el tejido social, tan en mal estado por el amontonamiento de crisis que padece nuestro país, en medio de las cuales es imprescindible la información y el análisis, al mismo tiempo lúcido e independiente que ejerce Carmen Aristegui.
Algunos pasos en la solución que todos debemos generar le corresponden a ella directamente, por supuesto. Si no se concretara el entendimiento sugerido por las posiciones de las partes, queda a la periodista el camino legal para buscar su reinstalación. Ella y MVS firmaron en enero de 2009 un contrato cuyos términos tal vez fueron violados por la empresa. Es que, anexo al contrato, forma parte de la relación profesional el código de ética al que se refirió la concesionaria, pero que incluye un mecanismo que dejó de observarse en la actitud empresarial. Cuando una de las partes juzgue que se ha violado el código, ha de acudir a un árbitro cuya actuación está prevista en los propios documentos, nombrado con la aquiescencia de las partes y cuya labor consiste en determinar si se violó el código y el modo de enmendar su vulneración, que ni por asomo incluye la ruptura laboral. Aunque la ruina de José Gutiérrez Vivó se gestó en amplia medida en la lentitud y lenidad de los tribunales, que bendijeron o fueron incapaces de impedir el abuso del Grupo Radio Centro, una vía a la mano, si no se recapacita, es el ejercicio de acciones legales.
Otra vía a recorrer, de difícil trazo y práctica aún más complicada, consiste en que la sociedad que ahora airada protesta se organice en torno de Carmen para dotarla de los instrumentos propios de su trabajo. Lo propuse cuando en enero de 2008 los grupos Prisa y Televisa la despidieron de XEW. Se trata de aprovechar la movilización que crece a causa de esta nueva arbitrariedad para constituir una sociedad anónima en que miles de accionistas integren un capital suficiente para emprender tareas de comunicación electrónica. Claro que el gobierno que irritado reprime a Carmen no le facilitará un acceso de este género. Pero sin dejar de intentar que la sociedad mercantil imaginada adquiera su propia concesión, es de investigar la posibilidad de tomar en arrendamiento tiempos en emisoras carentes de programación propia que obtienen ganancias vendiendo tiempo a adquirentes responsables de los contenidos. La producción radiofónica así lograda debería encontrar salidas paralelas y simultáneas en internet y otras formas de conexión. No es ciertamente una empresa sencilla, pero otros lances de represión editorial encontraron en esta vía el camino para su construcción. Es muy difícil, pero no imposible.
Pensemos también en que Carmen tenga acceso a canales de difusión públicos, como Radio UNAM. Cuando en 2008 la periodista fue despojada de su micrófono se exploró esa posibilidad, también difícil de concretar porque técnica y financieramente las frecuencias universitarias no están habilitadas para la competencia comercial. Pero si fuera preciso, es posible imaginar fórmulas que con respeto pleno a la legislación universitaria permitan, a través de asociaciones civiles y aun sociedades mercantiles no lucrativas, la presencia de una voz libre como la de Carmen en el espacio universitario.
Fórmulas de la misma naturaleza se pueden poner en práctica en canales de difusión que existen sólo virtualmente ahora y que podrían aprovechar la experiencia y el talante profesional de Carmen. Por sólo aventurar ejemplos, puede pensarse en el canal digital de televisión concesionado por la Cofetel al gobierno de la Ciudad de México o el permiso para operar una radioemisora a la Universidad Autónoma Metropolitana. La estipulación de condiciones claras para una tarea conjunta en que los intereses de las partes queden escrupulosamente protegidos, y los de la periodista a salvo de coyunturas políticas, sería una fórmula que daría sentido desde el principio a esas iniciativas de difusión que no se han echado a andar.
Muchas otras personas tendrán sin duda muchas otras ideas sobre cómo trascender de la cólera civil a la práctica de una comunicación democrática. Lo importante es que el pasmo no nos venza y superemos la etapa de la neurosis contemplativa y la denuncia flamígera.
Algo, mucho, tendremos que hacer.

Aristegui, el trasfondo de la censura

2011-02-14T09:40:00.001-06:00

Aristegui, el trasfondo de la censura

Posted on 13 febrero, 2011 by Arturo Loría | Velvet Boy| 2 comentarios

Jenaro Villamil

Versión del texto publicado en la edición No. 1789 de la revista Proceso en circulación.

Una semana antes del viernes 4 de febrero, el día en que Carmen Aristegui lanzó al aire la incómoda pregunta que desató la furia de Los Pinos –“¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”-, la guerra soterrada entre Telmex y Televisa, los dos gigantes de las telecomunicaciones mexicanas, tomó un nuevo y dramático matiz.

Televisa presentó el 28 de enero ante la Comisión Federal de Competencia una denuncia por presuntas irregularidades contra la autorización que este organismo antimonopolio emitió en 2009 para que iniciara el servicio de la empresa Dish México, formada en un 51 por ciento por MVS, de Joaquín Vargas, 49 por ciento por Dish Network de Charles W. Ergen y Telmex como socio en los servicios de venta y facturación.

Los abogados de Televisa argumentan que esta sociedad se trata de una “simulación” porque Telmex tiene un papel más relevante que el de simple socio en facturación. Telmex está impedida hasta ahora para dar servicios de televisión restringida debido al candado existente en su título de concesión y que ha generado una fuerte disputa entre la empresa de Carlos Slim y el gobierno de Calderón.

Televisa ha presionado a través de todos los medios posibles para impedir que Telmex ingrese a este mercado que es el de mayor crecimiento anual –arriba del 11 por ciento- y es clave para los servicios de triple play (audio, video e internet).

Desde que la Comisión Federal de Competencia aprobó la sociedad conformada por Dish México esta empresa ha representado una fuerte competencia para el sistema de televisión satelital Sky (el de mayor volumen de ganancias para Televisa), que antes de la existencia de este adversario comercial dominaba hasta en un 95 por ciento en este mercado. La oferta de Dish, más barata y con 6 canales de alta definición, le ha arrebatado cerca de 2 millones 200 mil clientes a Sky.

En buena medida, el noticiario matutino de Carmen Aristegui, con el mayor índice de rating (0.62 puntos en diciembre de 2010, de acuerdo con INRA), retransmitido en la señal de canal 52 de MVS a través de Dish se convirtió en el punto más atractivo de venta para un sector de clase media en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México donde ha penetrado este servicio de forma más acelerada.

No sólo la feroz disputa en el mercado de televisión restringida está en juego. Los comisionados de Cofetel avanzaron en los últimos meses con los ejecutivos de MVS en el refrendo de una buena parte de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz. La empresa de Joaquín Vargas posee el 65 por ciento de cerca de 190 Mhz de esta banda, mientras Ultravisión posee el 13 por ciento y otros socios minoritarios.

Desde hace una década, la Unión Internacional de Telecomunicaciones determinó que este espectro es el ideal para ofrecer servicios inalámbricos de internet en banda ancha, además del servicio de televisión restringida y posiblemente de telefonía móvil. En otras palabras, es importante para el futuro del triple y cuádruple play, el verdadero negocio en las telecomunicaciones.

El Gran Negocio en Juego

La importancia de la banda 2.5Ghz es tal que el propio director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, calculó el valor del espectro que posee la familia Vargas en 6 mil millones de pesos, a través de su cuenta de Twitter.

Según relató Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, a Proceso, las negociaciones avanzaron mucho a finales de diciembre de 2010 y sólo faltaba la autorización del presidente de la República para que se refrendaran los títulos de concesión de MVS, a cambio que se conformara un consorcio de 5 o 6 operadores, entre los cuales, no estarían ni Telmex ni Televisa.

Así lo explicó De Swaan a Proceso:

“Van y vienen muchas veces las negociaciones hasta que llegan con un modelo de negocios que a mí en lo particular me parece fantástico: se quedan con los 190Mhz, pero creo un consorcio de 5 o 6 operadores, entre los cuales, además, voy a seguir dos condiciones: no voy a invitar a nadie que genere mayor concentración (léase Telmex) y voy a tratar de impulsar inversión extranjera.

“A mí me parece muy bien. MVS seguirá siendo operador y carrier de carriers. Ellos son dueños del espectro, ponen un operador que se puede llamar Erickson o Alcatel y él es que rinde cuentas de que yo uso el espectro, pero también lo comercializo en forma no discriminatoria.

“Además, de estos 190 Mhz puedo dejar 20 Mhz para que este consorcio dé servicios a instituciones públicas como hospitales, escuelas, sistema de protección civil, etc.”

“Nada más nos quedaba pendiente un tema: el del dinero. Mi posición es que le cuesta más a este país dejar pendiente esta banda”.

-¿Quién es el principal beneficiario de que esta empresa no entre? –se le cuestionó al funcionario.

De Swaan dibujó un símbolo: el de Televisa.

-¿Esto beneficiaría a todas las empresas de televisión por cable que no forman parte de los intereses de Canitec?

-Esto sí los beneficiaría. Son cerca de 150 operadores independientes que no forman parte de la Canitec. El tema pendiente es cuánto deben pagar por el refrendo. Algunos decimos que el refrendo debe ser sobre la base de los servicios que se pueden proveer.

La entrevista con Mony de Swann fue a principios de enero, después de que Proceso dio a conocer la existencia de un proyecto para licitar una o dos cadenas de televisión abierta con tecnología digital. Otro proyecto que despertó el recelo de Televisa, la empresa que concentra el 65 por ciento de las señales de televisión abierta.

El tema del refrendo de las concesiones de la banda 2.5 Ghz fue ampliamente expuesto por Carmen Aristegui en la conferencia de prensa que ofreció el miércoles 9 de febrero para plantear que su despido de MVS obedeció a un “berrinche presidencial” y a presiones en materia de telecomunicaciones.

“Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia”, afirmó Aristegui.

“Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5Ghz tienen varios operadores en el país del que MVS comunicaciones posee la mayoría de ellas. No obstante haber ya desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel y de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros…indebidamente, inexplicablemente la decisión se ha retrasado por cinco años”, expuso la conductora.

“La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política”, sentenció Aristegui. Y calificó esta situación como una “espada de Damocles” en “la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote”: “te portas bien te refrendo tu concesión. Te portas mal te la detengo o te la niego”.

La presidencia de la República acusó el golpe. Horas después de la conferencia de Aristegui emitió el primer comunicado oficial sobre el caso de la salida de la conductora. Sin especificar el tema del refrendo de la banda de 2.5Ghz, el comunicado de Los Pinos afirmó:

“Las especulaciones sobre supuestas presiones del gobierno federal hacia MVS son falsas. La política y la práctica diaria de comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Las decisiones en ese ámbito se toman con total transparencia y estricto apego a la ley, sin ninguna otra consideración más que la concordancia con los principios de cobertura, convergencia y competencia”.

La “Disculpa Pública” y el Despido

En los círculos cercanos a Felipe Calderón es común calificar a la periodista Carmen Aristegui como “incendiaria”. Así lo han expresado en cuentas de Twitter y en otras redes sociales. Dese su noticiero en la WRadio, propiedad de Televisa en sociedad con el Grupo PRISA, la cobertura informativa de la comunicadora era incómoda tanto para Los Pinos como para la empresa que finalmente acabó por rescindir su contrato en 2008.

Antes de su salida de WRadio, el malestar de Televisa contra Aristegui era claro. Suspendieron la retransmisión de su noticiero en el sistema Sky, argumentando “problemas técnicos”. Les molestaba que llamara Ley Televisa a la serie de contrarreformas que se aprobaron en 2006 por el Congreso y su apoyo a la reforma electoral que se operó en el Senado para prohibir la compra de tiempo-aire, entre otros temas.

La animosidad oficial contra Aristegui no cambió con su ingreso a MVS, en enero de 2009. Los funcionarios del gabinete preferían evadir una entrevista en su noticiero, por sugerencias de la oficina de Comunicación Social de Los Pinos. El descontento se acrecentó por su cobertura al incendio de la guardería ABC o por darle voz a quienes critican la guerra contra el crimen organizado y sus efectos.

El pretexto para presionar a la empresa para pedir la salida de Aristegui de MVS se dio el viernes 4 de febrero. El contexto estaba dado: las negociaciones del refrendo de la banda 2.5Ghz.

Ese día, Aristegui informó sobre el despliegue de una manta en la Cámara de Diputados en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borrracho conducir tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”. En la manta desplegada por el diputado Gerardo Fernández Noroña se ve una foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos.

La cobertura informativa en MVS Noticias no fue distinta a la de periódicos como Reforma, periódico que publicó la foto, o incluso a los noticiarios como los de Televisa o Milenio TV.

Aristegui comentó que frente este hecho y a los rumores que circulan en las redes sociales (Twitter y Facebook, principalmente), los Pinos debía dar una respuesta “seria, formal, oficial” a la pregunta “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”.

La frase se retransmitió a lo largo del día en los spots promocionales del noticiario de Aristegui. En el equipo de la comunicadora le llaman donas.

Presidencia de la República sí respondió, pero sugiriendo un texto en el que Aristegui pedía disculpas por haber “ofendido” al primer mandatario y a su familia. El borrador de esa carta, a cuyo acceso tuvo Proceso, planteaba que no existe ningún elemento informativo que acredite el rumor del alcoholismo presidencial. Incluso, sugería un enlace con la reportera de MVS en Los Pinos, con un guión prestablecido.

Una frase de ese escrito, discutido internamente en MVS, es muy similar a la que redactó el columnista Ciro Gómez Leyva, en Milenio Diario. En su artículo “El cuento del alcoholismo de Calderón”, publicado el martes 8 de febrero, el también director de MilenioTV afirma: “Hasta donde sé, el presidente Calderón jamás ha encabezado un acto público en estado de ebriedad… No hay un rastro periodístico para hacer tal insinuación. No es ni siquiera un mito. Es un cuento”.

Aristegui afirmó el 9 de febrero que “la presidencia no respondió a la periodista. De inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por la tremenda osadía”.

“Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que, por supuesto, también deben ser analizada”, abundó la conductora en su rueda de prensa, en Casa Lamm.

El rumor de la salida de Aristegui corrió como reguero de pólvora en Twitter, en la tarde del domingo 6 de febrero. En su cuenta, Alejandro Vargas, responsable de MVS Radio, confirmó la especie: “Sí. ¡Mañana no sale al aire!”. Su frase generó una reacción inmediata entre los suscritos a las redes sociales. El equipo de Aristegui afirmó también que el argumento era que se había violado el código de ética de la empresa.

El lunes 7 de febrero, los radioescuchas amanecieron con la sorpresa de que Aristegui ni siquiera se pudo despedir al aire. Su nombre fue borrado de la página web de MVS. Y un spot de la empresa afirmaba que la conductora “transgredió nuestro código de ética” que prohíbe “la presentación y difusión de rumores como noticias”.

En los blogs, en Twitter, en Facebook, en mensajes vía teléfono celular se convocó de emergencia a un plantón frente a las instalaciones de MVS Radio en la avenida Mariano Escobedo, esquina Copérnico, en la colonia Polanco.

La Reacción Social, el Deslinde de Los Pinos.

En menos de 48 horas, el tema del despido de la periodista y su equipo se convirtió en hashtag (tema de moda a nivel internacional) en la red social de Twitter y decenas de miles de participantes de Facebook se sumaron al grupo “Apoyo Total a Carmen Aristegui”. Más del 80 por ciento de los mensajes atribuían su salida a presiones de Los Pinos y no a una presunta violación al código de ética.

A pesar de ser un día de puente vacacional, el lunes 7 de febrero poco más de 200 personas se reunieron frente a las instalaciones de MVS Radio para gritar “¡Carmen sí, Felipe no!” y a exigir la pronta reinstalación de la periodista. La frase de un cartelón se replicó en todas las redes sociales: “¡Extra, extra. Borracho atropella a periodista Aristegui!”.

El ex coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, presente en esa primera manifestación, afirmó que el despido de Aristegui era “una barbaridad”. “Es un chantaje sobre la base de que no le han entregado las concesiones a los de MVS”, afirmó a Proceso.

-¿Cómo calificas estas actitudes del presidente de la República?

-El problema es el sentimiento de ilegitimidad de Calderón. Cuando él se siente ilegítimo, empieza a tratar a los demás de forma denigrante.

Cadenas televisivas internacionales, desde la norteamericana CNN hasta la árabe Al Jazeera, pasando por la BBC de Londres y la sudamericana Telesur, abordaron en sus espacios informativos la salida de Aristegui. El tópico del presunto alcoholismo del primer mandatario mexicano se convirtió en un tema citado en decenas de agencias informativas.

La BBC sintetizó así el contraste del caso:

“El viernes, Carmen Aristegui era una de las periodistas estrellas de la estación de radio MVSNoticias. Tres días después, no quedaba rastro de la conductora en el sitio web de la emisora. Y su voz ha desaparecido de las ondas”.

Parecía una purga al estilo estalinista. MVS tuvo que recular hasta el miércoles 9 de febrero, cuando el nombre de Aristegui volvió a aparecer en los promocionales de la compañía.

La vocera oficial de Los Pinos, Alejandra Sota, deslindó a la presidencia de la República. A la cadena CNN le declaró: “No interferimos en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó”. Y agregó una frase que despertó más suspicacias: “Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada”.

¿Desde cuándo una empresa “comunica” a Los Pinos la salida de una conductora?, se preguntaron decenas de personas en las redes sociales.

Los pronunciamientos de solidaridad con Aristegui se fueron sumando a las protestas en redes sociales. En la Cámara de Diputados, el tema generó dos horas de debate entre el PAN y el PRI. La coordinadora priista Beatriz Paredes declaró que Aristegui se convirtió en “símbolo” de la libertad de expresión. El ex candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje de apoyo a la comunicadora a través de Twitter y la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario Héctor Villarreal, insistió que el gobierno calderonista “no hace canjes ni insinuaciones”, en referencia a las presuntas presiones a cambio de refrendar las concesiones de MVS.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), encabezada por Raúl Trejo Delarbre, afirmó en un comunicado que con la salida de Aristegui “todos perdemos” y le sugirió a MVS enmendar su decisión.

“Al preferir la vía de las presiones privadas, el gobierno reedita los peores tiempos de las relaciones autoritarias entre el poder político y los medios de radiodifusión”, afirmó la AMEDI.

Aristegui, el Contragolpe

Dos días después de estar fuera del aire, Aristegui ofreció su versión en la Casa Lamm, de la Colonia Roma, en un evento cubierto por decenas de periodistas y corresponsales extranjeros y cientos de simpatizantes que coreaban consignas a su favor, sobre la avenida Alvaro Obregón.

Aristegui leyó un pronunciamiento de casi diez cuartillas donde confirmó que su salida se debió a un “berrinche” del primer mandatario, calificó como “falso” que hubiera violado un código de ética que ella misma llevó al ingresar a MVS, consideró que se trató de una “coartada” para presionar a la empresa y reiteró su derecho a realizar la misma pregunta que lanzó al aire el viernes 4 de febrero.

“¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial que irritó al gobernante se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como a la periodista ocasionando la ruptura?”, se preguntó.

La periodista se dirigió al presidente de Grupo MVS y afirmó: “Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue una coartada”.

Y planteó una posible solución para permitir su reinstalación en MVS. “Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla con la condición básica y única. Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado oficial emitido junto con mi salida” y pidió que se publique otro en donde se defienda su integridad ética y profesional.

Tras la conferencia de Aristegui, MVS informó al día siguiente, a través de su vocero Felipe Chao, que en “los próximos días” responderá a la sugerencia de la periodista. El sitio web de la empresa sufrió durante la tarde y la noche del miércoles un ataque de hackers en señal de protesta. El nombre de la comunicadora volvió a aparecer y se difundió parte del texto que leyó la periodista, en especial, la parte referente a las concesiones de la banda 2.5Ghz.

Este fue justo el tema que mereció una larga editorialización de los comunicadores que participan en el programa Tercer Grado, en el Canal 2 de Televisa.

Aristegui y MVS dejaron de ser innombrables en esta mesa de comentarios y desahogos. Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa, afirmó que el asunto de la banda 2.5Ghz “parece clave”. Gómez se lamentó porque Aristegui mezclara “los temas estrictamente periodísticos y de libertad de expresión con una defensa incluso del cumplimiento de las condiciones técnicas de la concesión ésta del 2.5 y al mezclar esos intereses empresariales con los periodísticos queda en una posición complicada, ¿no?”.

Gómez repitió la frase que emitió el comunicado de la presidencia de la República donde afirmó que “nosotros nunca hemos mezclado los temas de la comunicación social del gobierno federal con los temas de telecomunicación”.

Hasta el cierre de esta edición, informes internos de MVS revelan que la respuesta a la periodista se dará en breve y que, posiblemente, se aceptará que Aristegui retorne a principios de marzo. Las mismas fuentes afirman que las presiones se han acrecentado sobre la empresa.

Telmex-Televisa, la Disputa

En medio de esta disputa, la compañía de Carlos Slim, socio de MVS en Dish ha mantenido un extraño silencio, pero el 11 de febrero el columnista de negocios Alberto Aguilar informó en su columna de El Universal que Televisa no sólo presentó un recurso de amparo ante la Comisión Federal de Competencia sino que también demandará en Televisa.

“Hoy le confirmo que Televisa se apresta también a realizar acciones legales en Nueva York contra Dish Network y Telmex”, afirmó el autor de “Nombres, Nombres y Nombres”. Ni Televisa ni Dish han confirmado esta versión.

Frente a la denuncia que la empresa de Azcárraga Jean presentó ante la Comisión Federal de Competencia este organismo antimonopolios afirmó a Proceso que “nada impide a Televisa solicitar una investigación contra sus adversarios por ‘posibles prácticas anticompetitivas’, pero eso lo tiene que corroborar la CFC”.

Para la oficina de comunicación social de la CFC el tema de la sociedad en Dish “quedó cerrado” desde 2009.

Otra versión que surgió entre las agencias comerciales es que, en represalia, las compañías Telmex-Telcel, ambas de Carlos Slim, analizan suspender sus campañas publicitarias en los canales de Televisa.

Si se confirmara esta estrategia, Televisa puede perder a dos grandes compañías que, tan sólo en 2009, invirtieron casi 2 mil 500 millones de pesos en publicidad en televisión, 70 por ciento de esos recursos para la empresa de Azcárraga Jean.

Según el reporte de KP Alazraki Central Media, Telcel es el tercer cliente que más invirtió en publicidad televisiva con un total de 2 mil 356. 8 millones de pesos, mientras Telmex es el cliente número 14 con una inversión de 1 mil 117.6 millones de pesos.

Mexican media's balancing act: Al Jazzera

2011-02-14T09:38:00.002-06:00

http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/201121316295645310.html

Carta íntegra de Carmen Aristegui, tras su despido de MVS Noticia

2011-02-09T20:02:00.001-06:00

Versión íntegra de la carta de Carmen Aristegui, tras su despido de MVS Noticias

Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…

Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.

Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento, que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.

Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada, su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.

El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.

Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de la industria, como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.

El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?" , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.

Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.

La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones. Terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”

Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.

El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.

La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.

Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también debe ser analizada.

Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.

El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.

El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.

Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.

El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.

¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dilma Rousseff fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?

¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?

¿Qué clase de democracia es ésta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?

La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?

Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en el que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del Presidente.

Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones, cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.

Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es ésta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.

Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.

No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.

Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica, que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política.

Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.

Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.

Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.

Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.

Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.

Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México, que han llegado al punto, a la osadía, diría yo, de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.

El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión, que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.

Como tantas obras ésta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.

¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido, que no le viene bien a nadie, u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.

Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió, sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.

Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando. Le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.

Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no sé si también otras -La Destilería y el Meridien-, es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.

No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido. No se lo merecen, por supuesto las audiencias, no se lo merece la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece el país.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.

AMEDI exigió a la Presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.

El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?

Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana, que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales, parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?

¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.

Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dicen “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.

Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.

Si MVS acepta hacerlo, se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente.

Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estuvo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.

La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.

Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.

Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Fallacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.

Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.

A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…

Gracias a todos y buenos días.

Especialistas analizarán el caso de la sentencia contra periodistas de la Revista Contralínea.

2011-01-18T13:05:00.003-06:00

Especialistas analizarán el caso de la sentencia contra periodistas de la Revista Contralínea.

17 de enero de 2011

Especialistas en derechos humanos analizarán jurídicamente la sentencia dictada por la Jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal en contra de los periodistas de la Revista Contralínea, Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo el próximo miércoles 19 de enero en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a invitación de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Al respecto, el abogado de la Revista Contralínea, Sergio Méndez Silva, sostuvo que la sentencia de la Jueza 54, dictaminada el pasado 3 de enero, en contra de los comunicadores en un juicio promovido por contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es un ejemplo de ilegalidad.

Explicó que la Jueza 54 de lo Civil no atendió las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, que establece que en aquellos casos en que se analicen una supuesta afectación producida por el uso indebido de la libertad de expresión debe ser a la luz de esta Ley y no por el Código Civil capitalino, como lo hizo la juzgadora.

“La Jueza hace todo su análisis a partir de lo que dispone el Código Civil, particularmente el Artículo 1916 que regula lo relativo al daño moral”, subraya.

Calificó como grave que la impartidota de justicia sostenga en su sentencia que debe de aplicar la ley general y no la particular, porque “la ley particular tiene un sentido ideológico claro, que es proteger la labor periodística de cualquier tipo de embate que pueda sufrir por parte de quienes se consideren exhibidos por la labor de investigación del gremio”.

Criticó también la afirmación de la Jueza en el sentido de que todo aquello que tenga que ver con la “industria petróquímica”, como ella le llama, no es del interés público. “Y dice que no es el del interés público porque no es un tema que la gente conozca, e incluso ella en la sentencia se pone como ejemplo”, apuntó.

La defensa de la Revista Contralínea indicó que otro de los actos ilícitos es que no se pronuncia ni analiza el tema de la prescripción de los trabajos periodísticos por los cuales se quejan los empresarios y por los que demandaron a los cuatro periodistas.

Señaló que una de las determinaciones más graves de la impartidota de justicia es que les prohíbe a las y los periodistas sentenciados a que jamás en su vida profesional pueden escribir algo sobre las empresas demandantes.

“Hay una serie de violaciones gravísimas. Insisto, esta sentencia es un verdadero atentado artero a la libertad de expresión y a la libertad incluso de pensar en México”, afirmó.

Sergio Méndez Silva reiteró la gravedad de la sentencia de la Jueza 54 de lo Civil del DF y anunció que próximamente interpondrán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), y eventualmente recurrirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

FIRMA: SE BUSCAN ADHESIONES PARA UAN CASO DE DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO

2011-01-18T12:21:00.006-06:00

Martes 18 de enero de 2011

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA ENCABEZA LA PRESENTACIÓN DEL AMICUS CURIAE EN RESPALDO A LOS CASOS DE ALFREDO RIVERA FLORES, EDUARDO HUCHIM Y RUBEN LARA

SE BUSCA QUE CON LOS ANTECEDENTES EN LOS QUE LA CORTE PRIVILEGIÓ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR ENCIMA DEL HONOR DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CASOS DE INTERÉS PÚBLICO SE CONVIERTAN EN JURISPRUDENCIA CON LOS TRES CASOS QUE ACTUALMENTE DEBE RESOLVER LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina que se refiere a la presentación de escritos realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

La Suprema Corte tiene la oportunidad de pronunciarse a favor de la libertad de expresión y limitar la defensa del honor de las figuras públicas en casos de interés público. Con esas resoluciones se puede lograr la Jurisprudencia que puede evitar las sentencias condenatorias en demandas temerarias que pretenden atacar de manera indirecta la libertad de expresión.

El miércoles 19 de enero se presentará el escrito a la Corte con las firmas de cientos de periodistas, académicos, asociaciones y fundaciones promotoras de la defensa de los derechos humanos.

Quienes quieran sumar su nombre al AmIcus por favor envíen un correo con sus datos a las cuentas areadelitigio@yahoo.com.mx o mannrivera@prodigy.net.mx se les hará llegar el contenido del mismo para su adhesión.

La fecha y hora límite para poderlos integrar es el miércoles 19 a las nueve de la mañana. Los que se reciban después de esa fecha se integrarán en un segundo escrito hasta el viernes 21 antes de las dos de la tarde.

Agradecemos de antemano su solidaridad y el seguimiento que a estos casos vienen desarrollando.

SALUDOS
Perla Gómez Gallardo
DEFENSA DE LOS CASOS
Gerardo Sosa Castelán Vs Alfredo Rivera Flores y otros,

Maria del Consuelo VIllalobos Ortíz Vs. Eduardo Huchim, Rubén Lara y otros.

Agreden a periodistas en Querétaro

2011-01-10T17:33:00.001-06:00

A la opinión pública.

Por medio de la presente manifestamos nuestra inconformidad ante la agresión física y verbal que sufrieron nuestros compañeros periodistas Alejandro Caballero y Hugo Camarillo del periódico "Plaza de Armas" este jueves 6 de enero en las instalaciones del IMSS. Se enfrentaron a la prepotencia y falta de ética profesional del personal de seguridad de la Unidad Médica Familiar número 01 del IMSS ubicado en 5 de febrero y Zaragoza de la Ciudad de Querétaro.

El trabajo periodístico que realizaban fue una entrevista sobre la declaración del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa ante el aumento a los salarios de los trabajadores del IMSS y un sondeo sobre el tema del servicio que otorgan; cuando fueron agredidos por personal de seguridad encabezados por el sr. Jorge Beltrán Pérez jefe de oficinas de seguridad delegaciones, que nunca se identificó como tal; olvidándose además, que ésta es una institución pública de los mexicanos.

Exigimos la disculpa pública de estas personas que presuntamente laboran en una "respetable institución" encargada de la seguridad social en la dependencia. Reprobamos enérgicamente las actitudes y amenazas en contra de los compañeros periodistas.

ATENTAMENTE

COLECTIVO 09 PERIODISTAS

Lic. Mónica B. Curiel Tovar.

Segundo ataque a medios y periodistas durante su gobierno en Oaxaca, el advierten a Gabino Cue

2011-01-10T17:26:00.002-06:00

Oaxaca, México, a 8 de Enero del 2011.

C. Gobernador del Estado

C. Procurador General de Justicia del Estado

C. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Presentes:

Por segunda ocasión en lo que va de su gobierno, se suscitan nuevos hechos que atentan en contra de las libertades de Expresión y de prensa, lo que lamentamos y condenamos enérgicamente.

A la brutal agresión de que fue objeto el periodista Jesús Olmedo Herrera, el día 23 de diciembre último, se suma la agresión en contra de varios periodistas en la Costa de Oaxaca, algunos de los cuales son integrantes de nuestro Sindicato y forman parte de la Delegación 88 con sede en Puerto Escondido, Oax.

Además de nuestra decidida solidaridad con todos ellos, emplazamos al Gobierno del Estado y a las instancias competentes, para que en un plazo razonable atiendan con efectividad las denuncias que han sido formuladas ante el Ministerio Público, como lo han hecho en diferentes fechas, los periodistas Jesús Olmedo Herrera y Nayely Aldán Ahedo.

Como representantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa demandamos medidas cautelares para los compañeros periodistas que estén en riesgo, como ocurre con la propia Nayely Aldán Ahedo y otros compañeros periodistas de la Costa de Oaxaca.

En el caso de los compañeros de la Costa de Oaxaca tememos que las amenazas de muerte, agresiones verbales y acciones de intimidación por parte de actores políticos y personas que han sido parte del gobierno municipal de Santa María Colotepec, se traduzcan en hechos que pudiéramos lamentar y que nos obligarían a responsabilidad al Gobierno del estado por no haber asumido las medidas cautelares obligatorias en situaciones de riesgo para la actividad profesional y los periodistas.

Nos preocupa que en Oaxaca, el Estados que según el registro de agresiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta mayor número de quejas de todo el país, el cambio de gobierno no este reflejando una tendencia a la baja, sino que la violencia persiste y tiende a agravarse, por los hechos que sean denunciado.

Esperamos que el mensaje del gobernador Gabino Cué Monteagudo de respeto a la prensa y a los periodistas, vaya acompañado de acciones concretas y que no quede en palabras.

Atentamente

Por la reivindicación de los periodistas

Isaac Olmedo Lavariega

Secretario General

Filadelfo Figueroa Mendoza, Daniel Navarro Hernández, Alfredo Arenas Casas, Oliverio Ortega, Juan Manuel Concha Sierra.

c.c. A la Presidencia de la República

c.c. Procuraduría General de la República

c.c. Secretaría de Gobernación

c.c. Comisión nacional de Derechos Humanos

c.c. federación Internacional de Periodistas

c.c. Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe

c.c. Reporteros sin Fronteras

La libertad de prensa y de expresión en el mundo y el caso Wikileaks

2010-12-21T18:05:00.003-06:00

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección

y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Declaración conjunta sobre Wikileaks

21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.

1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.

2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.

3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.

4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.

5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.

6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.

Catalina Botero Marino

Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

El Gober Precioso demanda penalmente a 10 periodistas de Acento XXI

2010-12-02T19:35:00.001-06:00

Amenaza Mario Plutarco Marín al Periodico Acentoveintiuno

02 de Diciembre 2010

Por: Editorial 5-XII-2010

Mario Plutarco Marín Torres, fiel a su estilo de gobernar, acostumbrado a la manipulación de la información, alejado del escrutinio público e imponiendo la premisa del narcotráfico de “plata o plomo”, ha mantenido una prensa –en Puebla– digamos dócil, aun en los momentos más cuestionados de su gobierno, no obstante existir diversas denuncias en su contra, por agravio a periodistas, comunicadores, medios de comunicación, campesinos y ciudadanos despojados de enormes extensiones de tierra, que alcanzan miles de hectáreas.

El gobernador saliente pretende dejar el cargo de la misma forma en que inició su mandato, siendo “el héroe de la película, papá”.

Este miércoles primero de diciembre, el llamado “gober precioso” por sus testaferros, interpuso una demanda contra 10 periodistas y la casa editorial del periódico Acentoveintiuno, derivado de las publicaciones en las versiones impresa y online, en las que –sustentados en investigaciones periodísticas, declaraciones de testigos y denunciantes– hemos develado en cada uno de los reportajes, la corrupción y las redes de complicidades que tejió el “gober precioso” para saquear Puebla durante sus casi seis años de administración.

Acentoveintiuno ha exhibido las triangulaciones de recursos públicos que realizó Marín Torres a través de casas de bolsa, constructoras, impresores y particulares que incluyen a Mario Marín García, hijo del “gober precioso”, para adquirir propiedades en diversas partes de México y Europa.

Además, la investigación periodística que desnudó las inversiones de miembros del gabinete estatal de Puebla en casas de bolsa con valores tazados en cientos de millones de dólares, como fue el caso de Casa de Bolsa Vector, la cual mantiene como accionista a Gerardo María Pérez Salazar.

Esta investigación incluyó el reporte de la calificadora Stándar&Poor´ s, así como las constancias de la CONDUSEF que lo acreditan como miembro propietario del consejo de administración, incluyendo el testimonio del mismo funcionario ante el Congreso del Estado de Puebla, en el que admite haber invertido millones de pesos del erario público en la casa de bolsa de su propiedad, Vector.

Mediante una demanda civil en el Distrito Federal, el gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, pretende amordazar las investigaciones de Acentoveintiuno, tras amagar con lo que llama de manera inocente “daño moral”, causado a su “impecable, renombrada, intachable y pulcra imagen”, para lo cual exige una “cantidad” no determinada de dinero, según él.

El gobernador apela a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, del Distrito Federal, “con el propósito de que cese el abuso y se reparen los daños ocasionados… En virtud de la exposición y publicación de imágenes relativas a mi persona”.

En la relación de hechos de la demanda presentada por Mario Marín en contra del Consejo Editorial del periódico, y aceptada por el juez sexagésimo quinto de lo Civil del Distrito Federal –licenciado Francisco Sergio Lira Carreón–, se establece que al gobernador le molestó el contenido de diversos espectaculares que aparecieron en la ciudad de Puebla y el Distrito Federal, como parte de los promocionales de Acento Veintiuno, los cuales se encuentran localizados en las principales avenidas de la capital del país e incluyen un recuento de los excesos cometidos por Marín Torres, así como de las denuncias presentadas en su contra y sus abusos, incluyendo –por supuesto– su grotesco rostro.

Agrega Marín en la supuesta demanda: “Espectaculares en donde se divulgan una serie de falsedades sobre mi persona y en donde se utiliza mi imagen con el objeto de denigrar a mi persona, tanto en lo personal (sic) como servidor público…”, como si fuera posible denigrar aún más la imagen que dio vuelta al mundo, por haber empleado la estructura gubernamental de Puebla para atacar y pretender acallar las denuncias públicas por protección a pederastas, publicadas por la periodista Lydia Cacho Riveiro, como si las demandas interpuestas solucionaran los problemas de corrupción en que se han visto envueltos él y sus funcionarios.

Habla también como si las demandas resolvieran el entramado del narcotráfico que ha resultado durante su gestión, con personajes como El Grande, El Barbas, El Z-18 y otros.

Extrañamente, Puebla es la única entidad del país donde los grandes narcotraficantes no necesitaron de la protección de cuerpos policiacos y el contubernio de las autoridades estatales. Puebla es el estado en donde, según “El precioso”, nunca pasa nada y si algo se publica en su contra, el “plata o plomo” es la marca de su ya desfalleciente mandato.

http://www.acento2110.com/acento/02PP02122010.html

The Government of Chiapas uses indirect methods to restrict freedom of expression and information

2010-11-23T15:55:00.001-06:00

Human Rights Center Fray Bartolomé de Las Casas, AC

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico, November 19, 2010

Press Release no. 23

The Government of Chiapas uses indirect methods to restrict freedom of expression and information, as well as harassment of journalists, blogger, twitterers and webmasters.

This Human Rights Center has information that allow to conclude that instances of the Government of the State of Chiapas (Mexico) makes use of direct and indirect methods to restrict freedom of speech and information, as well as harassment of the journalist Antony Flores Merida (Antony in the following), reporter and creator of the http://www.infochiapas.com Website, which he manages and shares in social networks through Twitter and Facebook, in which information has been published which, due to its professionalism, is shared by independent journalists in Chiapas.

Thus, the past September 30th, through his Website, he published an article under the title “Public debt in Chiapas, the highest in 16 years”, which spread rapidly over the Internet, eliciting diverse reactions against the State government.

It must be emphasized that, according to witnesses, Antony has friendships with several journalists who publish independently on electronic fora and social networks, among which are Isain Mandujano and Angeles Mariscal, who have been harassed sometimes for their articles critical of the Chiapas government. Due to this friendship, Antony knows Mr. Héctor Aníbal Bautista Flores (Héctor in the following), who is in charge of the Department of Networks and Telephony in the Tuxtla Gutiérrez-based central offices of the State Counil for Culture and the Arts (Coneculta.)

According to information received, Hector, outside his work day and as part of his professional development, sells hosting and domain-name services for websites; he also is a promoter and trainer on free-software tools and platforms, for which he teaches in workshops aimed at college professors, journalists and other participants. In this way, through friendship and collaboration, Antony asked Héctor for professional support and technical assistance to migrate the “infochiapas” blog to the http://www.infochiapas.com Website.

In this context, on November 3, 2010, approximately at 10:30 AM, in the Tuxtla facilities of Coneculta, Hector was arrested, without a warrant, by members of the Ministerial Police, taken, and placed under interrogation in the facilities of the Attorney General of the State (PGJE), besides seeing secured his work gear, such as computers, compact disks, and USB memories, among others.

According to information transmitted to this Center, Héctor was arrested for being the webmaster (provider of web hosting services) for http://www.infochiapas.com, where Antony writes and where the article “Public debt of Chiapas, the highest in 16 years”, for which Antony was harassed.

According to witnesses, during the first twelve hours family and friends of Hector, among which Antony, tried to find Héctor’s whereabouts. Around 22:00 they were able to locate him in the Special Prosecutorship for Special and Relevant Issues, where Héctor only managed to say that he had been arrested for infochiapas.

According to information in this Center’s possession, the interrogation to which Héctor was subjected centered around the infochiapas.com and chiapatuit.net websites, which at the time appeared as webmaster of the infochiapas site. During the interrogation Héctor was asked whether it was his website, whether he wrote there, who else wrote there, and if he knew Antony, as well as questions of other blogs with citizen denunciations.

On November 5, Hector was ordered detention in the facility called Quinta Pitiquitos, in Chiapa de Corzo, Chiapas, accused of crimes of association to commit crimes, crimes against public morals, illegal use of public service, abuse of authority, threats against the peace and the bodily integrity of the collectivity and the state.

As we have signaled before, this form of detention is a form of illegal deprivation of freedom, for which the United Nations Organization and the Organization of American States have asked the Mexican State to retire this form of detention for being a violation of human rights.

It must also be pointed that, according to articles 12 and 13 of the Americas Convention on Human Rights and other international instruments, the Mexican State is obligated to respect and guarantee, in the broadest sense, acccess to the search for information, as well as receiving and making known opinions both own and of third parties, thorugh whichever appropriate information means that allows to make them available to the largest audience possible, as is established on the Human Rights Declaration, Article 19.

This Center has documented that, through a number of electronic media, recently-created blogs, and anonymously, there is a campaign to damage the prestige and good name of Héctor Bautista, Antony Flores, and other members of the “Chiapatuit” social network, among which are the journalists Isaín Mandujano and Ángeles Mariscal.

It must be remembered that this Human Rights Center, its members, people, and collectives whom we work with, have been victims of similar campaigns to discredit and criminalize them, in order to restrict our work, particularly in the public denunciation of human-rights violations in Chiapas.

For these reasons, this Human Righs Center condemns the actions that mean to apply censorship, harassment, and criminalization against individuals who exert their right to freedom of speech and information in the State of Chiapas. It therefore demands:

* Immediate freedom for Héctor Bautista Flores

* Stop the harassment and criminalization of individuals who exert their right to freedom of speech and information in the State of Chiapas.

* Investigation of the officials of the Attorney General (PGJE) and the Institute of Social Communication (Press Office) of the Chiapas Government for the illegal detention and the discredit and criminalization campaigns, respectively.

Amenazan de muerte al columnista Alejandro Medellín

2010-11-02T17:33:00.000-06:00

Amenazan de muerte al columnista Alejandro Medellín de Eje Central

31 Octubre 2010

Jorge Alejandro Medellín, reportero de muchos años, especializado en asuntos de seguridad, con especial énfasis en el Ejército y la Marina de México, denunció al filo de las 16.00 horas, a través de su cuenta en Facebook, que acaba de ser amenazado de muerte por haber publicado en días pasados un artículo donde denuncia las corruptelas y nexos del general Felipe de Jesús Espitia, ex coordinador de la Operación Chihuahua con la delincuencia organizada.

“ME ACABAN DE AMENAZAR DE MUERTE, HACE DOS HORAS, EN DOS COMENTARIOS DE UN TAL “ISAAC” POR HABER PUBLICADO UNA NOTA SOBRE EL GENERA FELIPE DE JESUS ESPITIA, EX COORDINADOR DE LA OPERACIÓN CONJUNTA CHIHUAHUA…” dijo el reportero de Eje Central y El Universal al filo de las 4.00 de la tarde.

Y es que en días pasados Medellín comentó en su columna publicada en El Universal el 26 de octubre y la cual intituló “La narcoprocuradora y el general Espitia”:

1.- Los vínculos de la ex procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, con el narco están plenamente documentados por la SIEDO.

2.- Las pruebas en su contra son contundentes y no sólo demostrarían sus nexos con el cártel de Juárez, sino también los presuntos acuerdos que sostuvo con el general Felipe de Jesús Espitia, ex comandante de la V Zona Militar.

3.- Espitia, ex jefe de la Sección Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico) en el gobierno de Fox, responsable del Museo del Enervante ubicado en las oficinas de la

S-7, fue removido como comandante de la V Zona Militar ante el estrepitoso fracaso de los operativos ordenados por él en Ciudad Juárez y por la pobre respuesta que dio a las masacres cometidas en la ciudad fronteriza.

4.- El general fue enviado el 1 de agosto a la Base Aérea Militar Número 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, que está bajo el mando del general Marco Antonio Zaragoza Vázquez. Ahí está sin mando de tropas, casi confinado.

5.- Su nombre fue mencionado por Mario Ángel González Rodríguez, hermano de la ex procuradora secuestrado hace casi dos semanas por el cártel de Sinaloa.

6.- Éste ha señalado en un video que el general Espitia y ella tenían una relación de trabajo porque él era el encargado de la Operación Conjunta Chihuahua. “Práctica -

mente su actividad se desarrollaba en Juárez, donde le brindaban (sic) protección al cártel de Juárez, también denominado La Línea, a través de pago, ¿verdad? De cien mil dólares mensuales,” señala Mario Rodríguez en video.

7.- El general Espitia comandó dos años la Zona Militar y fue removido al incrementarse las agresiones militares contra civiles. Algunas de las agresiones fueron grabadas y subidas a Youtube. Las quejas contra el Ejército y el Operativo Conjunto en Chihuahua se dispararon y el general fue enviado a otro sitio, justo cuando la SIEDO reforzaba la investigación contra Patricia González.

8.- Datos del expediente en que se señala a González incluso de ordenar ejecuciones y servir como enlace para el manejo de dinero, indican que ella recibía diversas cantidades en dólares mediante correos que le llevaban maletines en camionetas salidas de armadoras de autos.

9.- González se quejó siempre de la tardanza de la PGR para responder a sus llamados y para que se hiciera cargo de ciertos casos. Por eso prefería quedarse con los más delicados, para evitar filtraciones que la perjudicaran.

10.- La SIEDO esperaba datos de EU y la Sedena sobre el general Espitia para solicitar la aprehensión de la ex procuradora. Las cosas pueden dar un giro más rápido tras conocerse el video del propio hermano de Patricia.

11.- En la Sedena, el vínculo de Espitia con el n a rco se ha manejado con extrema cautela. Si los señalamientos logran establecer la existencia de una red de protección al n a rco al más alto nivel, el gobierno de Calderón estaría reeditando el amargo episodio vivido en 1997 con la captura del general Jesús Gutiérrez Rebollo, preso en el penal de máxima seguridad de El Altipano precisamente por sus nexos con el cártel de Juárez. Rebollo también fue el responsable en la Sedena del área de combate a las drogas e incluso recibió la Condecoración al Mérito en Campaña por Operaciones Contra el Narcotráfico.

Espitia ha recibido las condecoraciones de Perseverancia de 5ª, 4ª , 3ª, 2ª y 1ª clase, así como las condecoraciones Especial y Extraordinaria. Los últimos instantesel video con las declaraciones y revelaciones de Mario González Rodríguez –incluyendo nombres de asesinos de periodistas en Chihuahua– permiten esperar más datos en otras entregas.

13.- Lo grave del asunto es que con documentos como el difundido en internet, los cárteles marcan la pauta, manejan la información, la mediatizan y obtienen provecho de todas las formas posibles de comunicación.

14.- Se trata de un escandaloso éxito en el manejo de propaganda combinada con la ineficacia gubernamental. Cabe preguntarse: ¿cuántas investigaciones han prosperado por este tipo de material elaborado y difundido por el n a rco ?

15.- Es pertinente hacer una lectura política sobre los tiempos que maneja el n a rco , ¿qué espera?, ¿cuáles son sus escenarios?, ¿hasta dónde ve y cree que puede llegar ante un gobierno más voluntarioso y mediático que efectivo?

Esta información es reforzada y ampliada por Medellín este domingo en la Revista Milenio Dominical, donde da detalles de las acciones desempeñadas por el general Espitia

LABOR INFORMATIVA ACARREA AMENAZA A REPORTERO

2010-11-02T17:32:00.002-06:00

LABOR INFORMATIVA ACARREA AMENAZA A REPORTERO

México, D. F., a 2 de noviembre de 2010

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) hace un atento llamado a las autoridades civiles y militares con el fin de que realicen las investigaciones correspondientes y se llegue a la persona o grupo de ellas que generaron una amenaza de muerte en contra del reportero Jorge Alejandro Medellín.

El Estado mexicano no debe permitir la proliferación de este tipo acciones intimidatorias. Consentir estas acciones es tanto como que él mismo se pegue un tiro en la cabeza y deje actuar a grupos de poder fáctico dentro del mismo Estado.

La amenaza provino luego de que Medellín publicara un artículo en “Milenio Semanal” el domingo pasado (http://www.msemanal.com/node/3177b), donde se detalla la probable participación del general Felipe de Jesús Espitia con el crimen organizado.

Medellín reveló en un artículo publicado en “Eje Central” presuntos nexos del general Espitia, excoordinador de la Operación Chihuahua, con la exprocuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez y con la delincuencia organizada (http://columnas.ejecentral.com.mx/deordensuperior/2010/10/26/la-narcoprocuradora-y-el-general-espitia/).

Este domingo alrededor de las 16:00 horas, Medellín, quien se ha especializado en la cobertura de temas relacionados con las fuerzas armadas, la seguridad nacional, seguridad pública y narcotráfico, reveló en su página de Facebook: “Me acaban de amenazar de muerte, hace dos horas, en dos comentarios de un tal “Isaac” por haber publicado una nota sobre el genera felipe de jesus espitia, ex coordinador de la operación conjunta chihuahua... el articulo sale este domingo, hoy, en el numero 679 de la revista...”.

Y una hora más tarde, volvió a publicar: “Estoy amenazado de muerte por escribir sobre el Gral. Felipe de Jesus Espitia y la ex procuradora de Chiuahua Patticia Gonzalez...reponsbilizo al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galvan, al Gral Espitia y a la ex procuradora de los me pueda ocurrir a mi y a mi familia por estas amenazas...” (sic).

Las amenazas decían "te van a matar reporterito" y otra expresaba "te van a matar perro maldito".

Estos hechos ya fueron denunciados por el reportero en una mesa especial para delincuencia organizada.

Publicidad oficial en México: la Censura Estructural

2010-10-07T17:18:00.002-05:00

Publicidad oficial en México: la Censura Estructural

En una democracia, el Estado tiene la obligación de informar a las y los ciudadanos sobre los servicios que presta, las políticas públicas que instrumenta y las actividades oficiales que les afectan o benefician. En este escenario, la publicidad oficial constituye un canal relevante de comunicación entre las instituciones de gobierno y la sociedad, así como un recurso para la realización del derecho de acceso a la información y, en consecuencia, para el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales.

Sin embargo, en México, la publicidad oficial no ha sido únicamente un medio para materializar el derecho a saber de la sociedad, sino, por el contrario, ha constituido un mecanismo imperceptible, aunque más efectivo, para restringir el libre flujo de ideas e información. Paradójicamente, el medio para informar ha servido también para censurar.

En noviembre de 2007, por la vía de una reforma constitucional, se dio un importante avance legislativo en aras de regular la política de comunicación del Estado a través de la pauta publicitaria gubernamental.[1] Sin embargo, dichas reformas no han sido acompañadas de la legislación secundaria que permita su efectiva instrumentación.

Este vacío normativo ha dado lugar a prácticas discrecionales y arbitrarias en la distribución de la pauta gubernamental. De esta forma, en la actualidad resulta imposible establecer una relación clara entre la asignación de la pauta a los medios y criterios que atiendan a necesidades reales de comunicación del gobierno, con la finalidad de transmitir sus mensajes a la población objetivo.

La falta de criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta gubernamental afecta de manera estructural la relación entre los medios de comunicación y las entidades de gobierno. Ello ocurre aún con mayor gravedad en los gobiernos locales y municipales. La posibilidad de “negociar” la pauta publicitaria inhibe el rol social que los medios de comunicación deberían cumplir en una sociedad democrática y promueve la autocensura.

Además de esta situación de carácter sistémico que afecta la relación de pesos y contrapesos que debería existir entre los medios y las instituciones de gobierno, y con ello el derecho a la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto, se han identificado patrones específicos que implican, más allá de una deficiente administración de recursos públicos, violaciones flagrantes al derecho a la libertad de expresión de los medios y al derecho a la información de la sociedad:

1. El uso de la pauta como mecanismo para premiar a los medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo en caso contrario. [2]

2. Uso de los recursos destinados a comunicación social como herramienta de autopromoción, propaganda o para publicitar acciones y programas que legitimen el proceder de las instancias de gobierno.

Además, se han desarrollado diversas formas de propaganda gubernamental que buscan perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos públicos y atentan contra el derecho a la información de la sociedad, tales como las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de “infomerciales” en noticieros o las menciones sobre acciones de gobierno en programas de entretenimiento (“publicidad encubierta”). Ello se suma a la ya tradicional existencia de gacetillas (propaganda que aparece como información) práctica que aún es recurrente, principalmente en medios impresos locales.

La situación es más alarmante si se toma en consideración el aumento sostenido en la cantidad de recursos destinados a los rubros de comunicación social y publicidad oficial,[3] lo que ha derivado en la proliferación de campañas propagandísticas en detrimento de la difusión de información de interés público e implica un aumento en el potencial de las instancias de gobierno de incidir sobre las líneas editoriales. Esta tendencia exige particular atención de cara a las elecciones de 2012.

Como resultado de su reciente visita a México, las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas recomendaron al Estado mexicano:

“Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”

ARTICLE 19 y Fundar consideramos urgente dar cabal cumplimiento a dicha recomendación. Los efectos de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial merman las bases del debate democrático, al cerrar espacios a la pluralidad y diversidad de voces.

ARTICLE 19 y Fundar urgen al Estado Mexicano a adoptar una ley general que regule la asignación de la publicidad oficial. Esta ley debe, como mínimo:

· Definir el contenido de la publicidad, limitándose éste a la necesidad de comunicar información de interés público y cerrar espacios a su uso propagandístico.

Establecer criterios objetivos, claros, transparentes, no discriminatorios para la asignación de la pauta, los cuales tengan como base la efectividad en la transmisión del mensaje a la población objetivo, con absoluta independencia de la línea editorial del medio.

· Mecanismos que fomenten la diversificación de la distribución de pauta entre múltiples medios y tipos de medios, así como la participación de medios tradicionalmente desfavorecidos.

Mecanismos para controlar y garantizar la eficiencia, buen uso y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a publicidad oficial.
Prever mecanismos de sanción para los servidores públicos que hagan un mal uso de la publicidad oficial.

ARTICLE 19

Oficina para México y Centroamérica

Medellín 33 Col. Roma

México D.F. C.P.06700

Tel: +52 55 1054 6500 ext. 102

Fax: +52 55 1054 6400

Headquarters
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London EC1R 3GA
Tel: +44 20 7324 2500
Fax: +44 20 7490 0566

www.article19.org

www.articulo19.org

Face Book: Article Xix

Twitter: A19media

Blog: http://blogs.eluniversal.com.mx/anticens/

[1] Adiciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] Casos ilustrativos de dicho patrón son los de la revista Contralínea y los darios am y Al Día de Guanajuato, los cuales fueron documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones 57/2009 y 69/2009 respectivamente.

[3] Durante 2009, el gasto en comunicación social y publicidad del Gobierno Federal alcanzó 4,927.7 millones de pesos. Este gasto representa un aumento de 501 por ciento respecto a lo que se gastó en publicidad oficial en 2006, último año de la administración anterior.

Atacan instalaciones del diario Noroeste en Mazatlán, Sinaloa

2010-09-01T15:12:00.001-05:00

Atentado contra la libertad de expresión en Tizayuca, Hidalgo

2010-08-28T16:03:00.000-05:00

A TODOS LOS COMPAÑEROS PERIODISTAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REPÚBLICA MÉXICANA

FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH)

El Semanario Metropolitano Intuición hace de su conocimiento los siguientes hechos:

El pasado jueves 26 de Agosto del presente año, aproximadamente a las 19:35 horas, el colaborador de este medio de comunicación Seth Nahúm Ramírez Cerón tuvo conocimiento de un presunto intento de amotinamiento en la cárcel distrital de Tizayuca, por lo que hizo presencia en el inmueble localizado en avenida Juárez de esta ciudad para realizar su trabajo informativo, acompañado de Andrés Reyes Téllez, corresponsal en Hidalgo de la revista Alarma.

En donde es detenido y puesto a disposición del ministerio público por diversos delitos, como resistencia y desacato de particulares, allanamiento de morada y evasión de reos, por lo cual hasta el momento continúa detenido y le fijaron caución por 10 mil pesos.

Los hechos corresponden a una total falsedad, toda vez que el compañero Andrés Reyes Téllez, relató los hechos conforme sucedieron, ya que al llegar a la cárcel distrital se percatan de que está rodeada de patrullas y elementos policiacos municipales, en donde vio aproximadamente unas seis patrullas, arriba de las instalaciones como 15 policías armados, viendo hacia donde está el patio.

El compañero Reyes Télles asegura que Seth le dice que si ya encontró a algún jefe para entrevistarlo, dice que no, se dirigen a la parte posterior y se asoma Seth, le pregunta si trae cámara y le responde que sólo grabadora, mientras él trataba de ubicar a su fotógrafo mediante llamadas telefónicas.

En ese momento Seth, saca el teléfono celular y empieza a grabar las imágenes de una escalera, y se escuchan unos balazos, “me asome y vi a unos policías armados arriba tirando hacia nosotros”

Al parecer Seth Nahúm logró grabar el video cuando estaban tirando, uno de los elementos dio la orden de detenerlos, por lo que fueron asegurados, les quitaron los teléfonos celulares y sus pertenecías.

De igual forma los policías se percataron que Andrés Reyes también grabó en audio desde el inicio de la agresión y le quitan su grabadora en la que tenía las injurias y amenazas, sacándole el casete y guardándoselo un policía.

Andrés Reyes, a quien dejan salir para que avise a sus familiares de la situación, señala que no fue cierto, como la autoridad municipal presentó los hechos ante el Ministerio Público, pero en ningún momento se introdujeron a las instalaciones de la cárcel distrital, además de que ellos fueron asegurados en la vía pública, además de quitarles su material de trabajo como es el caso de la grabadora y celulares.

Ante esta situación este semanario hace de su conocimiento para los fines que a todos interese, con la firme intención de hacer justicia y dar a conocer los ilícitos que cometen las autoridades municipales de Tizayuca.

El compañero Seth Nahúm Ramírez Cerón, se encuentra detenido por cumplir con su deber periodístico, con el claro ataque de las autoridades municipales en perjudicar su profesión y al medio que representa.

Derivado de esta situación, solicitamos:

1.- La liberación inmediata de nuestro compañero Seth Nahúm Ramírez Cerón.

2.- Sancionar hasta las últimas consecuencias a los responsables de este atroz ataque al ejercicio periodístico.

3.- Procurar la seguridad de todos los miembros de este semanario, así como de los compañeros reporteros que han mostrado su solidaridad del caso.

Sin otro particular por el momento, estamos a sus órdenes, para ampliación de datos y cualquier aclaración a los teléfonos, TELCEL 775 122 56 95, IUSACEL 55 55 03 55 74.

Respetuosamente

C. Juan Antonio Carbajal Ríos

Director General

Exhortan al Estado Mexicano establecer criterios claros para la asignación de publicidad oficial

2010-08-27T16:41:00.001-05:00

Exhortan al Estado Mexicano establecer criterios claros para la asignación de publicidad oficial

Las Relatorías de libertad de expresión de ONU y OEA recomiendan regular la asignación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno

Fundar y Artículo 19 piden al Estado cumplir con la recomendación; urge la implementación de una ley general sobre publicidad oficial.

En Veracruz, el gasto en publicidad es considerado información reservada; en Chiapas también.

El martes 24 de agosto, después de una visita oficial de dieciséis días, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue,presentaron un informe preliminar que contiene las principales conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano. Los relatoresdestacaron que la asignación discrecional, arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en el país.

A partir de la información presentada por las Relatorías se establece de manera clara que la asignación de la publicidad es utilizada para presionar y castigar o premiar o privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Ambos Relatores coincidieron en que el marco jurídico existente no impide esta práctica y hace urgente la aprobación de reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de la publicidad. Las Relatorías señalan que este vacío jurídico afecta a los tres niveles de gobierno, particularmente a los estados, “donde la asignación de la publicidad oficial frecuentemente resulta aún más arbitraria y menos transparente”.

El informe hace especial referencia al caso de Veracruz, donde el gobierno del estado considera como información reservada su gasto en comunicación social y publicidad gubernamental. Cabe destacar que ARTICLE 19 y Fundar han impugnado la clasificación de la información como reservada y están en espera de la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Veracruz no es el único caso. El Estado de Chiapas también ha reservado su información sobre gasto en publicidad oficial.

ARTICLE 19 y Fundar han constatado que la arbitrariedad con la que se distribuye la pauta gubernamental en los tres niveles de gobiernovicia de manera estructural la relación entre medios de comunicación y gobierno. Esta práctica afecta la cantidad y calidad de información que recibe la sociedad.

ARTICLE 19 y Fundar estiman que larelación entre medios y gobierno no puede seguirse llevando sobre la base de un marco normativo casi inexistente, acuerdos no escritos y decisiones discrecionales por parte de la autoridad. El mal uso de la publicidad oficial aleja tanto al gobierno como a los medios de comunicación del papel que deben de tener en un sistema democrático.

ARTICLE 19 y Fundar exhortan al Poder ejecutivo y Legislativo a:

Cumplir con la recomendación presentada en el informe preliminar de las Relatorías de Libertad de Expresión; la cual señala: “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de la publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.

Implementar una Ley General que regule el contenido, la contratación, la distribución y la evaluación de la publicidad oficial.