jueves, junio 26, 2008

Exigen a PGR informe sobre periodista encarcelado en Jalisco

Exigen a PGR informe sobre periodista encarcelado en Jalisco
Por: Notimex Nacional Jueves 26 de Junio de 2008 Hora de publicación: 02:21

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe por escrito, en un plazo de 30 días, sobre el caso del periodista Jesús Lemus Barajas, director del diario El Tiempo, de La Piedad, Michoacán.
El órgano legislativo manifestó su preocupación por el aumento de las agresiones cometidas contra periodistas ocurridas en México en lo que va del año.
Lemus Barajas fue detenido el 7 de mayo en Guanajuato, y desde el 27 del mismo mes fue traslado al penal de Puente Grande, Jalisco, por considerarlo un reo de alta peligrosidad.
La Comisión Permanente precisó que Lemus Barajas fue asegurado por la policía ministerial de Guanajuato, “con dos fuentes cuando hacia un reportaje de las rutas del narcotráfico en el sur del país”.
Sostuvo que de acuerdo con la agrupación Reporteros Sin Fronteras, el periodista “ha sido víctima de un contexto de violencia relacionada con el narcotráfico y de sus reportajes, sin duda molestos para algunas autoridades”.
Por ello, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que aplique el Protocolo de Estambul al periodista y a las dos personas que lo acompañaban para comprobar si existe tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, la Permanente exhortó a la CNDH que tome medidas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes del diario El Tiempo y de los familiares de Lemus.

Amenazana intimidan a periodista de ZachilaRadio

Verónica Villalvazo/25 junio de 2008
Adán Mejía denunció esta tarde en entrevista durante el mitin y que se llevo a cabo después de la marcha que realizaron pobladores de Zaachila, y algunos organismos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, señaló que por medio del periódico “ A diario” Noe Pérez presidente municipal de Zaachila, después de la represión del viernes está satanizando zaachilaradio manifestó que por ese medio impreso Pérez pidió a la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y al secretario general de gobierno Manuel García Corpus que desaparezcan la radio, en un amplio descaro en contra de la libertad de expresión.

“Esto no nos va a quitar el comunicar cosas verdaderas”,” estamos dando voz a los que no la tienen”, señaló Adán Locutor de esta radio “Zaachila Radio la Voz del pueblo que despierta y se levanta” y que es transmitida por el 94.1 de Fm, y la cual es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha denunciado durante mucho tiempo los diferentes sucesos que se han vivido en esta parte de Oaxaca señalando los abusos de los que son objeto por parte de las autoridades Priistas.

Por lo que en esta entrevista Adán solicitó el apoyo solidario de los medios nacionales e internacionales, y la difusión a los organismos de Libertad de expresión para que se mantengan al tanto de lo que pueda pasar a los miembros de la radio, subrayo que la intimidación se está viviendo por medio del rumor se dice que ya hay porros “los meños” merodeando la comunidad, denunció que estos porros han sido vistos en el restaurante del regidor de salud a quienes se les ha visto drogándose, declaro que los que si están siendo agredidos son Jorge Aragón, Manuel Gonzáles y Melesio, los inculpan de ser los responsables de los disparos que se vivieron el viernes pasado durante el enfrentamiento, “los videos están a la vista de lo que sucedió cuando el padre del presidente saco el arma y disparo contra la multitud”, informo que ya se están haciendo las denuncias correspondientes sobre estos hechos, ante la Liga Mexicana por la Defensa de los Pueblos, filial Oaxaca, el comité 25 de noviembre y jurídicamente, “corremos peligro todos los que pertenecemos a zaachilaradio”, no hay una intimidación directa pero si se puede llegar a dar por parte de los porros o de la misma policía, “Noe Pérez Martínez no es nadie para que nos quite el derecho de la libre expresión y mucho menos quitar el derecho de que el pueblo se ha informado” Finalizó.

miércoles, junio 25, 2008

Agresión a periodista en Pichucalco

COMUNICADO DE PRENSA
Para su difusión inmediata - 25 de Junio de 2008
México: Periodista amenazado por publicación de notas sobre esposa de presidente municipal en Chiapas

Rafael Velasco Salas, subdirector del quincenario Zona Norte y corresponsal de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas, fue agredido y amenazado de muerte por Humberto Cernuda Hernández, hermano de Josefa Cernuda, presidenta del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del municipio de Pichucalco, Chiapas (sureste).



El 22 de junio de 2008 alrededor de las 17 horas, Rafael Velasco Salas acompañado de su esposa y su hijo de 9 años, fue interceptado mientras viajaba en su automóvil por Humberto Cernuda el cual descendió de una camioneta blanca sin placas en estado de ebriedad. Intentó bajarlo mientras le exigía al periodista que dejará de hablar de su hermana y antes de alejarse le advirtió que no dudaría en atentar contra su vida.



De acuerdo con la información proporcionada por el propio periodista y el señor Ciro Castillo, subdirector editorial del diario Noticias Voz e Imagen en Chiapas, dichas amenazas se presume que fueron por la información publicada en donde se ve involucrada Josefa Cernuda Hernández, en malos manejos administrativos del DIF, en el saqueo de material de apoyo de la institución y en un caso de agresión física cometida por ésta hacia una funcionaria de la presidencia municipal de Pichucalco.



Diversos medios de comunicación han informado sobre el historial de presuntas acciones ilegales de Hernández Cernuda, entre las que se encuentra el intento de homicidio al reportero Víctor Pacheco Rosado cuyo caso está en completa impunidad.



El periodista Rafael Velasco, expresó su intención de acudir a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Periodistas para levantar la denuncia correspondiente.



ARTICLE 19 y CENCOS hace un respetuoso llamado al Estado de Chiapas y a las autoridades del municipio de Pichucalco, para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del reportero y sus familiares.



ARTICLE 19 y CENCOS expresa su solidaridad con las y los reporteros del estado de Chiapas, y manifiesta su preocupación por la seguridad de las y los comunicadores en el municipio de Pichucalco, por lo que prestará atención tanto al desarrollo de las investigaciones en el caso, como a la respuesta del Estado a la exigencia de garantías de seguridad para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.



ARTICLE 19 y CENCOS reitera su llamado para que el Estado mexicano instrumente, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, una política efectiva de prevención, investigación y castigo a todas las agresiones en contra del derecho a la libertad de expresión.


lunes, junio 23, 2008

Director de diario atacado en su oficina

MEXICO: Director de diario atacado en su oficina


Nueva York, 23 de junio de 2008—Dos atacantes no identificados golpearon y acuchillaron a Luis Pablo Guardado Negrete, director adjunto del diario Noticias de la Bahía, el sábado por la tarde en su oficina en el estado occidental de Nayarit. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles) exhorta a las autoridades locales a investigar el ataque y a enjuiciar a los responsables.

A las 3 p.m. del sábado, dos individuos llegaron hasta las oficinas de Noticas de la Bahía en el municipio de Bahía de las Banderas y le preguntaron a Guardado sobre la camioneta que había puesto a la venta, según informes de la prensa local y entrevistas del CPJ. Una vez en la oficina, los asaltantes cerraron la puerta y patearon, estrangularon y acuchillaron a Guardado mientras le preguntaban por un artículo publicado la semana pasada en Noticias de la Bahía, según señaló su hermano, Lenin Guardado Negrete, presidente de la asociación local de periodistas.

El artículo informó sobre un ataque sexual en un gimnasio local, el hermano de Guardado indicó al CPJ. De acuerdo al diario regional Expreso, algunos vecinos observaron a dos hombres que salían corriendo de las oficinas de Noticias de la Bahía cubiertos de sangre.

“Condenamos este brutal ataque contra Luis Pablo Guardado Negrete en su propio diario”, señaló el Coordinador Senior del programa de las Américas, Carlos Lauría. “Las autoridades estatales deben trabajar en conjunción con las autoridades federales para investigar el incidente y enjuiciar a todos los responsables. Las autoridades deben proporcionar la protección necesaria que permita a Guardado y a su plantel continuar trabajando sin temor a represalias”.

Guardado fue llevado a una clínica cercana, dónde fue atendido de una herida de arma blanca, varias contusiones y una fractura doble de la mandíbula, indicó su hermano. Más tarde fue trasladado a un hospital en Tepic, la capital del estado, dónde fue intervenido quirúrgicamente en la mandíbula. Según su hermano, Guardado se encuentra en condición estable.

El director de la Policía Estatal de Nayarit, Javier Vásquez Paniagua, indicó al CPJ que las autoridades están investigando el ataque, que creen está relacionado con un artículo publicado en Noticias de la Bahía. Vásquez indicó que no podía dar más información. Según Lenin Guardado, los investigadores han identificado a los dos agresores pero aún no se ha llevado a cabo ningún arresto.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina, según la investigación del CPJ. En los últimos cinco años, al intensificarse la guerra entre los carteles de la droga, periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico enfrentan graves riesgos.

El CPJ examinó tres casos recientes de asesinatos no resueltos de periodistas en un informe especial lanzado 7 de junio. Un total de 21 periodistas ha caído en México desde el 2000, siete de ellos en represalia directa por su trabajo. Desde el 2005, otros siete periodistas han desaparecido. México figura décimo en el Índice de Impunidad del CPJ, una lista de los países dónde periodistas son asesinados de manera recurrente y dónde los gobiernos fracasan en la resolución de los crímenes. Bajo la ley actual, las autoridades estatales generalmente son las que investigan los ataques contra los periodistas. Dado el bajo número de procesamientos en estos casos, el CPJ instó al gobierno federal a asumir estas investigaciones.

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Para más información visite nuestro sitio Web www.cpj.org.

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María Salazar

Researcher, The Americas

Investigadora, Las Américas

Committee to Protect Journalists (CPJ)

330 Seventh Avenue, 11th Floor

New York, NY 10001

Tel.: 1 (212) 465-9344, Ext. 118

Fax: 1 (212) 465-9568

E-mail: msalazar@cpj.org

Web: http://www.cpj.org

COMUNICADO DE PRENSA



Para su difusión inmediata - 23 de Junio de 2008
México: Reciente agresión contra periodista, se suma a otros casos sin resolver en el estado de Nayarit.

ARTICLE 19 Y CENCOS, condenan las agresiones a Luís Guardado Negrete, subdirector del periódico regional Noticias de la Bahía y las limitantes para el ejercicio de la libertad de prensa, impunes en el municipio de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit (oeste).



Luís Guardado Negrete agredido físicamente el 22 de junio por dos sujetos que le recriminaron una nota donde señalaba a uno de ellos por abuso sexual; además, la reportera Patricia Aguilar del periódico Express fue agredida por un funcionario público mientras ejercía su labor periodística durante 2007 y Juan Manuel Cervantes -freelance de diversos medios de comunicación-, en Enero de 2008 fue golpeado por particulares a raíz de una nota que involucra relaciones de autoridades y restauranteros. Estos casos son muestra del clima adverso para la libertad de prensa que se vive en el municipio de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit.



De acuerdo a entrevistas realizadas por ARTICLE 19 y CENCOS con diversos comunicadores del municipio de Bahía de Banderas, las autoridades correspondientes no han generado respuestas claras en materia de libertad de expresión.



Ante estos hechos, sólo ha habido un silencio por parte de las autoridades, lo que refleja la ausencia y/o falta de voluntad política acorde con las obligaciones del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos, como el desinterés de las autoridades responsables de atender la situación y mantener impune estas acciones. Cabe mencionar que los comunicadores han manifestado la falta de recursos para dar continuidad al proceso jurídico en las instancias correspondientes.



En entrevista telefónica Patricia Aguilar señaló: "Nos sentimos amenazados y coartados en nuestra libertad de informar"... "Hay una falta de sensibilidad por parte de las autoridades a nuestro trabajo (...) Si nos matan no les importa".



Es importante destacar que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 9 dice que "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada."

ARTICLE 19 y CENCOS expresan su solidaridad con las y los reporteros que han sufrido agresiones durante el ejercicio de su profesión y hace un llamado a las autoridades estatales a investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales.

ARTICLE 19 y CENCOS, hacen un respetuoso llamado al Sr. Ney González Sánchez, gobernador del estado de Nayarit, para que de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano, adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de las y los reporteros que ejercen su trabajo periodístico en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.





NOTAS PARA PRENSA



-ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
-CENCOS fue de las primeras organizaciones que denunció las agresiones contra periodistas en México iniciando está actividad a mediados de los años setentas. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.


viernes, junio 20, 2008

Periodista pide asilo en EU por acoso de militares

Periodista pide asilo en EU por acoso de militares
Rubén Villalpando y Julia Antonieta Le Duc, corresponsales

El corresponsal del periódico regional El Diario –publicado en Ciudad Juárez— en el municipio de Ascensión, Chihuahua, Emilio Gutiérrez Soto, solicitó asilo político al gobierno de Estados Unidos, argumentando que es víctima de “acoso” por parte de militares comisionados al Operativo Conjunto Chihuahua.

El periodista denunció el pasado 5 de mayo que más de 50 elementos militares encapuchados entraron a su casa sin orden de cateo. Vía telefónica, dijo a familiares y periodistas que “desde hace días me asediaban militares vestidos de civil, y me dijeron que se estaban preparando para matarme”.

De acuerdo con Gutiérrez Soto, periodista con más de 20 años de carrera, “los militares trataron de atentar contra mi vida por notas en las que señalé irregularidades que han cometido, incluyendo el allanamiento de mi casa, por eso decidí trasladarme a Estados Unidos.”

Por otra parte la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas atrajo la investigación de la agresión que cinco policías municipales de Matamoros fueron objeto por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la madrugada del miércoles.

El Ministerio Público, conoció de la denuncia de los uniformados José Arturo López Alatorre, Cristian Iván Contreras Meléndez, Francisco Garza García, Jesús Alfredo Epigmenio y Gabriel Indalecio González, quienes fueron golpeados por elementos de las fuerzas castrenses desplegadas en Matamoros.

Agreden periodistas...

Policías golpean a periodistas que daban cobertura a manifestación en Nuevo León.
México D.F., 19 de junio de 2008 (Cencos / Article 19).- En el municipio de Benito Juárez en el estado de Nuevo León (norte de México) policías locales agredieron físicamente a periodistas que daban cobertura a una manifestación de ciudadanos que exigían mayor seguridad en la zona.

Durante más de cuatro horas, vecinos de la localidad de San Antonio, del municipio de Benito Juárez -al oriente de la zona metropolitana-, bloquearon la carretera estatal Monterrey-Reynosa. Alrededor de las dos de la mañana el ciudadano Juan Francisco González Muñoz, bajó de un vehículo e insulto a algunos manifestantes y posteriormente golpeó a varios de los presentes entre ellos algunos periodistas, a lo que los elementos policíacos reaccionaron de la misma forma golpeando a los presentes. Durante la agresión estuvo presente el director de la policía municipal, Alberto González Hernández, quien negociaba con los inconformes el levantamiento del bloqueo carretero.

Los periodistas agredidos por los elementos de la policía municipal fueron: Sergio Cruz Fuentes y Juan César Martínez de la empresa Televisa Monterrey; Régulo Garza del diario La Última Palabra de Cadereyta; Samuel Alejandro Osorio Ríos y Adolfo Antonio Castillo Chi, del Canal 7 de televisión de paga, de Cadereyta, además de Alejandro Martínez, del periódico El Norte, -todos estos medios son de cobertura en el estado de Nuevo León-. Cabe recalcar que el periodista Sergio Cruz recibió golpes en rostro, espalda y piernas.

En entrevista telefónica, Miguel Óscar Pérez Hernández encargado del semanario La última palabra de Benito Juárez, Nuevo León, corroboró la información y expresó que las autoridades del municipio se comunicaron a la redacción del diario tras haber golpeado a Régulo Garza, con la finalidad de ofrecer una disculpa, además de comprometerse a cubrir los gastos médicos y materiales por la agresión física a su reportero.

En información difundida por medios de comunicación, pero sin confirmar por las instancias competentes, elementos estatales de la Policía Ministerial detuvieron a los policías uniformados Pedro Rojas y Ricardo Chávez Ruiz, y buscaban a Héctor Morales Villegas y Mario Ambrosio Niño Rivera. El civil Juan Francisco González Muñoz, quien desencadenó la agresión, también fue detenido por la Policía Ministerial, pero se advirtió que no sería consignado por falta de evidencia a pesar de los videos en los que se le aprecia golpeando a Sergio Cruz. También se menciona que el secretario González Hernández, rindió declaración ante el Ministerio Público, pero no se confirmó si sería consignado.

Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) reiteran su llamado al municipio de Benito Juárez en Nuevo León para que, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales sobre el tema, adopte las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad garanticen y respeten el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Asimismo, se solicita a las autoridades se sancione a los responsables y con ello no se deje en la impunidad en este tipo de casos, ya que de no hacerlo se sienta precedentes para que los atropellos continúen contra comunicadores.

Para Article 19 y Cencos, las sanciones internas de tipo disciplinario o administrativo resultan insuficientes, ya que las agresiones en contra de periodistas en tanto violaciones a la libertad de expresión, deben ser juzgadas con la finalidad de que los responsables materiales e intelectuales -si es que existen- sean castigados de acuerdo a las disposiciones legales nacionales y al derecho internacional de los derechos humanos, obligando al Estado a reparar el daño a las víctimas y el establecimiento de medidas de no repetición.

Video de la agresión http://www.youtube.com/watch?v=o2swuPsQHVU




NOTAS PARA PRENSA

-ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
-CENCOS fue de las primeras organizaciones que denunció las agresiones contra periodistas en México iniciando está actividad a mediados de los años setentas. Busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

martes, junio 17, 2008

Amenazas contra Fátima Monterrosa

Amenazas contra Fátima Monterrosa

Para su difusión inmediata - 18 Junio 2008

México: Las amenazas a periodistas que ejercen su derecho de acceso a la información implica un doble riesgo a la libertad de expresión


Fátima Monterrosa, periodista de investigación para la Revista MX, ha sido objeto de amenazas tras publicar en un artículo titulado "Un Virreynato llamado Tlaxcala". Dicho texto pone al descubierto una serie de anomalías en la administración del gobierno estatal de Tlaxcala.

El trabajo de Fátima Monterrosa es ampliamente conocido por la comunidad periodística en México, habiéndose desempeñado como corresponsal de diversos medios escritos y electrónicos a nivel nacional. Durante varios años dio cobertura al alzamiento y la situación de los pueblos indígenas en Chiapas y otros temas relacionados con la pobreza pero su especialidad es el reportaje de investigación sobre temas de corrupción y acceso a la información. El pasado 21 de mayo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo "Corrupción en el Estado Mayor Presidencial", en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información.

En el reportaje "Un Virreynato llamado Tlaxcala", Monterrosa pone al descubierto una supuesta serie de inversiones financiadas con recursos públicos de Tlaxcala.

Durante entrevista con ARTICULO 19, Monterrosa refiere desde el mes de marzo hasta la fecha ha sido víctima de actos intimidatorios como la presencia de automóviles sin placas o identificación visible en las inmediaciones de las oficinas de la revista para la que trabaja. El 10 de julio la revista digital E-Consulta publicó una nota titulada "Revista Eme Equis está por publicar un nuevo reportaje, con temas inéditos", días después apareció el siguiente mensaje en el apartado de comentarios: "te vamos a matar fatima ni vas a saber donde por andar jugando con personas equivocadas". (sic)

Para ARTICULO 19 y el Colectivo por la Transparencia las amenazas en contra de las y los periodista reproducen y promueven el clima de autocensura y falta de información de interés público presente en el México. Cabe mencionar que la gran mayoría de las agresiones físicas en contra de periodistas tienen como precedente una acción intimidatoria de este tipo.

Las y los periodistas que ejercen el derecho de acceso a la información pública cumplen una función esencial en los sistemas democráticos al proveer de información de interés público para que las personas puedan tomar decisiones libres, autónomas e informadas.

"La censura de una mujer periodista, resulta en un doble agravio para la sociedad ya que afecta su derecho a informarse y a la posibilidad de enriquecer el debate público con la perspectiva y conocimiento producto de la participación equitativa de las mujeres en el libre flujo de informaciones y opiniones." Dijo Dr. Agnès Callamarde Directora Ejecutiva de ARTICLE 19

ARTICULO 19 y el Colectivo por la Transparencia condena los hechos y expresa su solidaridad con Fátima Monterrosa. Al mismo tiempo hacen un llamado al Estado mexicano para que investigue de manera efectiva para que los autores materiales e intelectuales sean castigados.


NOTAS PARA EDITORES
* Para mayor información favor de contactar a Ricardo González Oficial de Programa, +52 (55) 1054-6500 ricardo@article19.org
* ARTICLE 19 es una organización independiente defensora de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión.
* El Colectivo por la Transparencia surgió a finales del año 2002 como un espacio de reflexión y acción, conformado por once organizaciones de la sociedad civil.

jueves, junio 05, 2008

FORO-CONFERENCIA

Según la http://www.conasami.gob.mx/ el salario mínimo profesional de un albañil es de 72.14 pesos, sin embargo en la realidad ninguno de ellos trabajaría a tu servicio construyendote una barda o tu casa por menos de 150 pesos diarios (como lees, el mínimo es lo menos que puedes pagarles no el tope máximo). El salario mínimo profesional de un reportero es de 148.05 pesos, sin embargo la mayoría de los colegas jamás han visto ese dinero junto. Para hacerlo tienen que trabajar en dos o tres medios a la vez.

Ante este y otros escenarios, el viernes 6 a las 8:30 de la mañana dos compañeras reporteras ofrecerán una conferencia de prensa, que esperan convertirlo en un foro para analizar las condiciones pésimas laborales de los periodistas en Chiapas.

El pronunciamiento será leído por las dos compañeras mujeres reporteras despedidas de forma injustificada de una empresa informativa y que justo ese día a las11 de la mañana tienen una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con los representantes legales. Los periodistas no agremiados a organización alguna, participaremos en reunión a celebrarse en el restaurante La Casona, luego de que les negaron otros espacios públicos.

No estamos en contra de que se festeje el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión, lo que si debería preocuparnos y ocuparnos es el hecho de que no se puede hablar de pleno respeto y garantías a la libertad de expresión en Chiapas, cuando es bien sabido que este escenario nunca podrá ser si los reporteros permanecen en malas condiciones: mal pagados, sin prestaciones sociales, sin seguro médico, sin aguinaldos, sin reparto de utilidades, sin prima vacacional, se desempeñan en una franca vulnerabilidad laboral.

Nos hemos destacado por ser voceros, por denunciar abusos, atropellos, violaciones a los derechos de otros trabajadores, ¿Pero, quién denuncia la violación a nuestros derechos laborales como comunicadores?

Algunos periodistas chiapanecos jóvenes egresados de las carreras de comunicación y/o periodismo esperan este viernes poner el dedo en la llaga sobre una problemática que pocas veces nos atrevemos a denunciar.

Sobre todo porque no es posible que sigan tratando de forma injusta a muchos colegas como si fueran reporteros empíricos o con cero perfil profesional, cuando -salvo excepciones- ha quedado expuesto al profesionalismo de muchos de ellos.

Sobre esto y otros detalles les estaremos informando. Esperamos acompañen este viernes 6 en La Casona a las 8:30 am a la colegas reporteras.

TEXTOS RECOMENDADOS


Condiciones laborales de la prensa chiapaneca
Tony Guillén Albores
Madrid, España
http://elblogdetonyguillen.blogspot.com/

Si hay una pata coja que tenemos en México pero en especial en Chiapas es el relacionado a las condiciones generales de trabajo del periodista, que incluye el salario, prestaciones, seguro social, etc.

El caso del colega Mario Alvarez nos desnuda a todos y recuerda que como sector laboral, la actividad periodística, que pertenece a una sociedad moderna y democrática, aún no tiene los resortes mínimos de legalidad que eviten dramas profundos y tan desgarradores casi comparados con la falta de acceso a la educación o la salud.

La vulnerabilidad laboral de nuestro sector ha sido propiciada y alentada históricamente por nosotros mismos y, por lo tanto, desatendido sistemáticamente por las autoridades en algo así como: "si a ellos no les ocupa, a mi menos".

Algo ha pasado, muy hondo, íntimo y misterioso que nos ha autolimitado a discutir con los propietarios de los medios de comunicación las condiciones laborales y todo lo que ello implica que es igual a responsabilidades y obligaciones.

Históricamente ha existido una rara e incompresible complicidad entre propietarios y trabajadores de los medios para no alcanzar un acuerdo en el que priven mínimos derechos laborales.


Periodismo devastado y precariedad laboral
Edgar Hernández Ramírez


Para sobrevivir, en Chiapas el periodista tiene tres opciones: obtener dos o más trabajos, "peinar" a los funcionarios estatales, municipales y federales o buscar un empleo en las oficinas de comunicación social del gobierno.

Lo anterior ilustra el desalentador panorama laboral que prevalece en los medios de la entidad y advierte sobre las consecuencias perniciosas en la profesión y en los productos periodísticos que se generan. A mayor precariedad económica, menor calidad en la información, bajas expectativas de desarrollo y menos posibilidades de superar los viejos vicios de la prensa.

Bajos salarios y desprotección laboral

El mejor reportero del diario que mejor paga en la capital del estado gana cinco mil pesos mensuales, y tiene la posibilidad de incrementar esa suma si sus notas logran las ocho columnas u otro lugar destacado en portada o contraportada. Sin embargo, el incentivo de cien pesos por nota puede reducirse si no cumple con su cuota de noticias diarias (entre tres y cuatro) o hace un trabajo de redacción y edición deficiente.

Los demás reporteros de ese medio, los de menor experiencia, en general sólo perciben entre dos mil 500 y tres mil pesos mensuales.

La situación es más crítica en los periódicos de menor tiraje. Ahí el periodista mejor pagado alcanza cuatro mil pesos y el salario del resto oscila entre los mil y dos mil 500 pesos al mes, de acuerdo con versiones de los propios reporteros.

En el caso de los corresponsales de periódicos de circulación nacional o de agencias informativas, el panorama no es muy diferente. Si bien hay periodistas de los grandes medios que obtienen un sueldo por arriba de los diez mil pesos después de varios años de trabajo, hay otros que perciben un sueldo que puede ir desde cuatro mil a seis mil pesos mensuales, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, salud y esparcimiento.

A las precarias condiciones económicas de los trabajadores de los medios, se suma la desprotección laboral en la cual trabajan. La mayoría de los reporteros locales no cuenta con una plaza fija ni contrato; tampoco tiene seguro social, prestaciones o reparto de utilidades y cuando se les da aguinaldo, éste suele ser equivalente a 15 días de salario. Sólo dos periódicos y las empresas radiofónicas proporcionan seguro social y otras prestaciones menores. En los casos más difíciles, el pago de sueldos se retrasa días o hasta quincenas enteras.

Bajo estas circunstancias, el mercado laboral resulta bastante inestable y poco prometedor para desarrollarse periodísticamente. Ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades económicas en un solo trabajo, el periodista tiene que buscar otras alternativas que complementen su magro ingreso.

miércoles, junio 04, 2008

Caso Roberto Mora de El Mañana

Comisión En Memoria
Comunicado de Prensa

México, Junio 3, 2008


Negligencia y manipulación de pruebas:
El crimen de director de El Mañana sigue impune


Las organizaciones integrantes de la Comisión En Memoria que suscribimos esta declaración nos congratulamos por los hallazgos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), que revelan que en el crimen del periodista Roberto Mora García, director del periódico El Mañana, hubo negligencia, se alteraron pruebas y declaraciones entre otras irregularidades.

La CNDH informó que corroboró anomalías que fueron dadas a conocer desde 2004 por la Comisión En Memoria que integramos las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, en un trabajo conjunto de investigación sin precedentes en México.

Dadas las omisiones y alteración de pruebas tanto como la negligencia de los médicos legistas, persiste la duda sobre quién fue el verdadero asesino del periodista y los móviles para el asesinato.

La CNDH intervino luego de un recurso de impugnación presentada en Marzo de 2005, a la recomendación 13/2005 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los hallazgos han sido presentados en un documento en poder de la Comisión En Memoria.

Roberto Mora García fue asesinado el 19 de Marzo de 2004 y ante la presión y protestas de periodistas y organizaciones, la policía estatal detuvo a unos vecinos de la víctima al tiempo que filtró a los medios de que se trató de un crimen pasional, sin que mostrara pruebas de ello.

El crimen del periodista, quien gozaba de prestigio en medios del noreste del país y era un crítico feroz de la corrupción política y policiaca municipal y estatal y de su complicidad con el narcotráfico, fue el primero de una serie de asesinatos y agresiones perpetradas por la delincuencia organizada en Tamaulipas y otros estados del país, escalada que continúa hasta el día de hoy.

Mario Medina e Hiram Oliveros, una pareja sentimental y vecinos de la víctima, fueron detenidos ilegalmente, Medina fue golpeado según la evidencia encontrada por la CNDH. Ambos denunciaron las torturas en su momento y negaron conocer a la víctima, que había llegado a vivir al edificio apenas un mes antes. El presunto autor material, Mario Medina, fue asesinado al interior de la cárcel semanas después de su detención.


La Comisión En Memoria documentó que los detenidos habían permanecido desaparecidos por varias horas antes de ser presentados ante el Ministerio Público. También se encontraron irregularidades relevantes en la autopsia que indicaban que los detenidos podrían ser inocentes.

“Se considera que las omisiones y la deficiente actuación de los médicos legistas que practicaron la necropsia al cuerpo de quien en vida llevó el nombre de Roberto Javier Mora García generan dudas sobre el arma utilizada en la comisión del delito y, como consecuencia, sobre la probable responsabilidad de los indiciados y el móvil del mismo”, establece el documento de la CNDH.

La CNDH informó en su misiva, que se abrió una nueva investigación con el expediente 183/2007 de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, el 6 de Julio de 2007, con el número 18/2007, para determinar las responsabilidades de agentes ministeriales, y la contraloría de la Comisión de Debeos Humanos de Tamaulipas investiga las responsabilidades de su propio visitador, quien estuvo presente cuando Mario Medina confesó el crimen en el interrogatorio policiaco y estuvo al tanto de que había sido torturado.

Esta Comisión En Memoria considera que las revelaciones de la CNDH son una victoria moral para las organizaciones que defendemos la libertad de expresión y combatimos la impunidad de las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.

Sin embargo, lamentamos la tardanza para emitir sus observaciones y denunciamos que existen nuevas irregularidades de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, ya que omitió notificar a las partes interesadas sobre la apertura de una nueva investigación sobre las torturas y anomalías durante la investigación.

Sostenemos que, independientemente de los resultados, las investigaciones de las autoridades deben ser escrupulosas y profesionales y que cuando los ataques son en contra de periodistas, éstas deben indagar con seriedad la vinculación del trabajo periodístico de las víctimas.

Exhortamos al Gobierno de Tamaulipas, a la Procuraduría del Estado tanto como a la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas para que reabran la investigación del crimen de Roberto Mora García y se investiguen y sancionen las conductas de los servidores públicos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos de los involucrados.

Exhortamos también a las autoridades federales para que atraigan el caso, ya que la dependencia que investigará las anomalías, la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, es la misma bajo cuya autoridad fueron cometida la manipulación de pruebas y testimonios.

Las organizaciones reiteramos que mientras se produzcan agresiones en contra de periodistas que no son investigadas con seriedad y profundidad y no se lleve a la justicia a los autores materiales e intelectuales, México seguirá siendo un país donde se violan los derechos a la libertad de expresión.

También y de acuerdo con lo establecido por el Relator de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, reiteramos que las agresiones en contra de periodistas en el desarrollo de su trabajo representan ataques en contra de la sociedad misma porque lesionan su derecho a estar informada.

Una prueba de ello es que hoy en Tamaulipas, después del crimen en contra de Roberto Mora García y la violencia contra otros reporteros y medios de comunicación ha provocado una fuerte autocensura, adoptada como una forma de protección y con ello se ha arrebatado a la sociedad un espacio democrático.

Por la Comisión En Memoria:
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET-México)
Andrés Solís Tel. 54 83 20 20 ext. 2373 libex@cepet.org

Probidad-Periodistas Frente a la Corrupción (El Salvador)
Jaime López, secretaria@probidad.org

Reporteros sin Fronteras (RSF-París)
Balbina Flores, corresponsaliarsfmexico19@hotmail.com
Celular: 5511884344

Referencias:
Para ver el informe de la Comisión En Memoria:
http://www.cepet.org/rjcomisioninfo01.pdf

Caso Lydia Cacho

Versión estenográfica de la entrevista concedida por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, a W Radio.

México D.F., a 3 de junio de 2008.

CARLOS URDIALES.- Tenemos en la línea telefónica a Octavio Alberto Orellana, quien es fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas.
Y es que justamente ayer un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de torturarla, pero la periodista de alguna forma está responsabilizando a la Procuraduría General de la República.
Muy buenas tardes, ¿cómo está fiscal?

OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Buenas tardes.
CARLOS URDIALES.- El caso está cerrado, es responsabilidad de la PGR, qué es lo que ocurre?
OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Bueno, el caso no está cerrado porque la resolución del juez, es un juez penal del estado de Quintana Roo, con sede ahí en Cancún que fue el que negó las órdenes de aprehensión, que no solicitó directamente esta fiscalía, esta fiscalía integró la averiguación, y a esta averiguación se acumuló una que llevaba en su tiempo la FEVIM, o sea la Fiscalía para la Atención de Agresiones a Mujeres, y entonces se acumuló y las dos averiguaciones, la de FEVIM que tenía ocho tomos, más 13 que son de la fiscalía que hacen 21 tomos, que es el total y no hay más tomos, ignoro de dónde salió la noticia o de dónde salió la cantidad esa que hablan de 36 tomos, es absolutamente falsa esa versión.

Y los 21 tomos fueron puestos a disposición, primero de un juez de Distrito en Cancún, quien consideró que no era competente, nosotros consideramos por delito de tortura y hay un convenio internacional de México que habla y que tiene que ver con la tortura y este convenio internacional es de carácter federal y por eso acudimos a esa instancia del juez de distrito federal.
Y él consideró que no era él el competente, la mandó a un juez del fuero común allí en Cancún, del estado de Quintana Roo, él también manifestó que no era competente y se estableció lo que se llama un conflicto de competencias que fue resuelto por el tribunal colegiado que con residencia también en Cancún y el asunto se decidió por parte del tribunal colegiado en favor del juzgado segundo penal de Cancún.
Entonces pues ya en el terreno del fuero común, ya la fiscalía ya no lleva el asunto, sino que lo llevan las autoridades del estado de Quintana Roo.
CARLOS URDIALES.- ¿El caso sigue abierto, pues le agradecemos mucho que nos haya dado datos sobre esto que está ocurriendo con el caso de Lydia Cacho y estaremos muy pendiente de los trabajos que está haciendo la propia fiscalía.
OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Así es, y creo que la elección que tuvo esta fiscalía para que fuera a Cancún, era considerando que la tortura, el delito de tortura para en contra o en perjuicio de la periodista Lydia Cacho había empezado precisamente en Quintana Roo, en Cancún y se prolongó por el estado de Yucatán, el estado de Tabasco, Veracruz y Puebla, o sea que había cinco estados en los que esta fiscalía podía haber consignado y decidimos que era Cancún, porque era donde se iniciaba el delito, las agresiones que sufrió la periodista.
CARLOS URDIALES.- Muy bien
OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- ...y fue por esta razón.
CARLOS URDIALES.- Le agradecemos mucho fiscal y estaremos pendientes de este caso, gracias.
OCTAVIO ALBERTO ORELLANA.- Claro que sí, hasta luego y estoy a su servicio.

CARLOS URDIALES.- Muchas gracias, el fiscal Octavio Alberto Orellana, fiscal especial para delitos cometidos contra periodistas.
* * * * *

martes, junio 03, 2008

Revés en Caso Lydia Cacho, culpa de la PGR

Niegan orden de aprehensión contra judiciales que detuvieron a Cacho
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/06/03/puebla/pol506.php
Josué Mota Corro
Martes, 3 de junio de 2008.


El juez Benjamín Navarrete del estado de Quintana Roo se negó a girar órdenes de aprehensión en contra de los judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) que participaron en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.

El argumento del juez para tomar esa decisión, según se consignó en algunos medios de información a nivel nacional, es que de acuerdo con las leyes de este estado sólo tiene facultades para sancionar la tortura y los delitos que se deriven contra funcionarios de Quinta Roo.

Desde hace varias semanas se ha difundido la versión de que la Procuraduría General de la República (PGR) habría solicitado órdenes de aprehensión contra los judiciales poblanos que viajaron en diciembre de 2005 a Cancún para detener a la autora del libro Los Demonios del Edén, esto a raíz que Kamel Nacif Borge, denunció a la periodista por el delito de difamación.

El procurador de Justicia poblana declaró en reiteradas ocasiones que no tiene conocimiento del requerimiento hecho por la depdencia federal, pero aseguró que la dependencia que dirige se apegaría “al cumplimiento de la leyes”.

Hasta ayer, la Procuraduría General de la República no había realizado ningún pronunciamiento sobre la decisión del juez Benjamín Navarrete, ni mucho menos se informó si buscaría otro mecanismo legal para solicitar nuevamente la detención de los judiciales, por lo que se considera que el caso está cerrado.


Fd


Reporteros sin Fronteras: Lamenta la situación en México.
Boletín de Prensa
3 de junio de 2008

Caso Lydia Cacho: la justicia del Estado de Quintana Roo se niega a dictar las órdenes de detención de los principales sospechosos

Reporteros sin Fronteras está escandalizada por la decisión, anunciada el 2 de junio de 2008, de la justicia del Estado de Quintana Roo (Sudeste) de no dar curso a la demanda de la Procuraduría General de la República (PGR) de emitir órdenes de detención contra siete actuales y antiguos funcionarios del Estado de Puebla (Sur), sospechosos de implicación en la detención arbitraria de la periodista independiente Lydia Cacho, en diciembre de 2005. El magistrado Benjamín Navarrete ha explicado que los cargos en cuestión -entre ellos "tortura" y "falsificación de documentos" - debía notificarlos a los sospechosos la justicia de su Estado de origen, que en este caso es el de Puebla.

En el pasado mes de abril, el Ministro Federal de Justicia también solicitó que se dictara una orden de detención contra José Camel Nacif, un empresario del textil cuestionado por Lydia Cacho por su presunta pertenencia a un red de pederastia, y cuya denuncia de la periodista, por "difamación", fue la causa de que la detuvieran. La justicia de Quintana Roo no se ha pronunciado todavía sobre la suerte del empresario, que es una persona muy cercana a Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla, sospechoso también de haber encargado la detención y el traslado de Lydia Cacho desde el Estado de Quintana Roo, donde reside, hasta el de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta jurisdicción del país, exoneró el 29 de noviembre de 2007 de todas las acusaciones al gobernador de Puebla.

Revés en QR, culpa de PGR: Cacho

Un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho Ribeiro, al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla acusados de torturarla, pero la periodista responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR), por debilitar la indagatoria


María de la Luz González
El Universal
Martes 03 de junio de 2008

luz.gonzalez@eluniversal.com.mx

Un juez de Quintana Roo cerró el caso de Lydia Cacho Ribeiro, al negar las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla acusados de torturarla, pero la periodista responsabilizó a la Procuraduría General de la República (PGR), por debilitar la indagatoria.

“La PGR debilitó sistemáticamente el caso, rasuró y filtró expedientes a los responsables, en particular a la procuradora de Justicia de Puebla y al equipo legal de Mario Marín (el gobernador) y Kamel Nacif”, sostuvo.

Agentes judiciales de Puebla detuvieron en diciembre de 2005 a Cacho en Quintana Roo y la trasladaron en automóvil a la capital poblana —trayecto en el cual la torturaron, según su propia denuncia— para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, que interpuso el empresario Kamel Nacif, conocido como El Rey de la Mezclilla, quien fue señalado por la periodista y escritora como parte de una red de pornografía infantil.

El juez segundo de lo Penal, Benjamín Navarrete, negó las órdenes de aprehensión contra José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, los policías judiciales que detuvieron a la periodista en 2005, bajo el argumento de que los acusados son servidores públicos de Puebla, y están fuera de su jurisdicción.

Lydia Cacho aseguró que la PGR “envió el expediente rasurado de tal manera” que parece que solamente acusa a los judiciales, “como si hubiesen actuado por su cuenta”, y debido a que la tortura se cometió durante las 20 horas de traslado, y se agravó en Campeche, “el juez de Quintana Roo dice que no se cometió en esa entidad”.

Precisó que la consignación original fue elaborada por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) “por órdenes del procurador, en septiembre de 2007”, y en ella se solicitaba la aprehensión de diversos servidores públicos del estado de Puebla.

Entre ellos se encontraban la ex procuradora general de Justicia, un agente del Ministerio Público estatal, un comandante y cuatro agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación que llevó a la detención de la periodista.

Al ser liberada después de su detención en 2005, Cacho presentó una denuncia por tortura en contra de los policías y otros funcionarios de Puebla. Aportó como prueba el dictamen pericial de valoración médico-psicológica-victimal, según el cual durante su detención “experimentó desesperanza, confusión, dudas y estrés, lo cual en su conjunto llevó a provocarle un transtorno por estrés postraumático”.

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